La Unidad Administradora del Proyecto (UAP) aceptó las obras en el corredor vial San José-San Ramón a pesar de que una evaluación estadística señaló que incumplía con lo acordado en términos de calidad. La obra estuvo a cargo del Consorcio OBIS Ruta 1 CPC , integrado por las empresas costarricenses Codocsa, Pedregal y Cacisa y de la firma IDOM, que se encargó de la supervisión del diseño y construcción.
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) identificó 132 incumplimientos en las cinco obras que contempla el corredor: 30 en los valores de resistencia de la base estabilizada y 102 en el diseño de la mezcla asfáltica en caliente. También alertó de un deterioro inadecuado en la carretera, a pesar de ser nuevas, que dan indicios de un posible ‘deterioro prematuro’ de las obras.
Aunque el resultado de las evaluaciones estadísticas realizadas por Lanamme indicaron que se incumplió con la calidad de material acordada, la UAP no solo no las rechazó sino que procedió con el pago respectivo, con excepción de una retención porcentual sin fundamento técnico, indicó la Contraloría General de la República (CGR) en el oficio DFOE-CIU-0461.
“Esta situación arroja indicios que apuntan a una débil gestión por parte de la UAP en materia del aseguramiento de la calidad de los proyectos a su cargo” dice el documento.
Las UAP es el órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento del contrato del Fideicomiso Ruta 1, en el que se contempla el diseño y construcción del conector Barreal-Castella y el paso inferior de la Firestone, así como la ampliación de los puentes sobre el Río Segundo, Río Alajuela y Río Ciruelas, entre otras obras.
El contrato, que fue firmado en febrero del 2020, asciende los ¢13 915 millones y establece que lotes de material que no cumpla con las especificaciones técnicas de calidad solicitadas debe ser rechazado y que todo material que se rechace debe removerse.
“Cualquier cantidad de material que se defina como defectuoso, puede ser rechazado con base en una inspección visual y/o en los resultados de los ensayos” indica el documento en la sección 107.01 denominada “Conformidad con los requisitos del Contrato”.
La Contraloría ordenó al Banco de Costa Rica, al Ministerio de Obras Públicas y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), instituciones encargadas de administrar el fideicomiso, exigir el cumplimiento de las obligaciones definidas en el contrato de las obras.
Medidas tomadas no fueron de recibo
La UAP indicó a la Contraloría que ante el incumplimiento de la resistencia de la base estabilizada se utilizó una técnica de “microfisurado”, sin embargo, solo en una de las cinco obras y no se aportaron pruebas de campo o resultados de pruebas de calidad.
“La técnica de “microfisurado” es un recurso empleado para disminuir el efecto del reflejo de agrietamiento por contracción en la carpeta asfáltica, sin embargo, esta medida correctiva no compensa o justifica el incumplimiento en la calidad del material, ni tampoco restringe la aplicación de los criterios (aceptación con pago total, factor de pago o rechazo) establecidos contractualmente” dijo la Contraloría, en base al criterio emitido por Lanamme.
Otra explicación dada por la UAP fue que las fisuras que se presenten previo o lo previsto serían asumidas por la empresa constructiva, sin embargo, tampoco fue de recibo por parte del ente contralor.
“Si bien es cierto el cartel de licitación establece que el Contratista es el responsable de que las obras no presenten defectos en términos de diseño, ingeniería, materiales y ejecución, es a su vez, responsabilidad de la UAP asegurar que las obras recibidas se encuentren apegadas a los términos de calidad pactados contractualmente” concluyó la Contraloría.
La institución dijo no es usual aplicar bacheos de mezcla asfáltica en secciones puntuales por incumplimientos de calidad, sino que debe aplicarse lo definido en el contrato: aplicar el factor de pago respectivo o rechazar los trabajos.
