Nuevos fantasmas están apareciendo en el debate sobre los fondos para atender las emergencias, y están recorriendo el Plenario durante la discusión del segundo presupuesto extraordinario para el 2024, con el cual se pretende dar contenido al crédito de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el “Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura (PROERI).
La necesidad de ajustar los controles de los fondos de emergencia no es una inquietud nueva: un informe de la Contraloría en el 2019 concluyó que del 2013 al 2018 se podía haber presentado una gestión deficiente de ₡78 mil millones, por obras de reconstrucción que se realizaron sin contar con mecanismos que aseguraran el control de los proyectos.
Esa inquietud se presentó durante la discusión del crédito por $700 millones del BCIE para las obras de emergencia, ya que los diputados de oposición solicitaron reformas para aumentar los controles. Incluso exigieron que se incluyera un listado de las obras que se pretendía financiar con los recursos, algo que fue rechazado por autoridades del Gobierno y diputados oficialistas.
“Tengo aprehensión sobre precisar las obras en la ley”, dijo la ministra de Planificación Laura Fernández ante la comisión de Hacendarios el pasado 21 de noviembre, tras asegurar que aunque se tiene una lista de proyectos que requieren atención, especificarlas en la normativa podría ser una “camisa de fuerza” para el Gobierno.
Esta actitud inquietó a diputados como Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien cuestionó el recelo por especificar los proyectos, alegando que no hacerlo implicaba “dar un cheque en blanco” al Gobierno. También Acuña recalcó que, dadas experiencias con anteriores créditos, el control mínimo que se puede realizar a un préstamo de estas dimensiones es asegurar los fines que tendrá. “No veo por qué no hacer vinculante en el texto de la ley que debemos aprobar”, dijo.
Empero, ahora hay nuevos elementos que incrementan la preocupación sobre el tema de los controles requeridos para los fondos de emergencia, y que aparecen en el contexto del debate de este crédito del BCIE -que ya fue aprobado, lo que está pendiente es la autorización presupuestaria-.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), resaltó que del crédito del BCIE, un tercio de los recursos se utilizarían para obras de emergencia, las que no siguen la licitación ordinaria, mientras que dos tercios de los fondos se destinarían para obras con riesgo inminente, las que tampoco siguen la contratación ordinaria, sino el proceso de contratación del BCIE.
En el primer caso, la licitación por ₡21 mil millones para ampliar la pista del aeropuerto Daniel Oduber evidenció debilidades, ya que el mismo presidente Rodrigo Chaves aseguró que se incluyeron requisitos que eran como “un traje a la medida” para una sola empresa, por lo que destituyó a Luis Amador como ministro de Transportes y a Fernando Naranjo como director de Aviación Civil.
En el segundo caso, hay otro escándalo reciente: la polémica por la licitación del BCIE para comunicación por $405 mil, que se adjudicó a la empresa Nocaut del productor audiovisual Christian Bulgarelli, quien participó en la redacción de los términos de referencia de la licitación internacional que se le aprobó.
Ambos procesos están bajo la lupa de la Fiscalía, y ambos evidencian que estos trámites están lejos de estar blindados ante prácticas irregulares, y que mediante requisitos que se hacen pasar como técnicos, sin tener ese respaldo, se puede amañar el proceso.
En palabras de Ariel Robles, diputado del FA, existe la preocupación de que “la procesión de contratos amañados” revela una práctica del Gobierno. Pero el tema está escalando, ya no solo al debate del segundo presupuesto, sino a la necesidad de replantear los controles técnicos y su solidez.
En el caso de la CNE, tiene en la puerta la ejecución del crédito del BCIE por $700 millones, así como el crédito del Banco Mundial por $350 millones, aprobado el pasado 8 de marzo, con el que se mejorar la infraestructura y los servicios resilientes al cambio climático, y atender obras dañadas por los desastres climáticos desde el 2020.
Es decir, más de ₡500.000 millones deberían ser gestionados por la CNE, al tiempo que atiende esta infraestructura y disipa los fantasmas de problemas en los controles. Todo mientras, paralelamente, una investigación de la Fiscalía está en marcha.
El tema también volverá al Plenario, en el que todavía está pendiente la aprobación del segundo presupuesto extraordinario y posibles investigaciones legislativas sobre los escándalos de la licitación del BCIE y de la pista del aeropuerto de Liberia.
Empero, el oficialismo insiste en que mientras se realizan debates, investigaciones y posibles reformas, se deben aprobar los recursos: la diputada Pilar Cisneros ha sido la escudera de que las obras urgen y no se pueden retrasar. Pareciera que se trata de un pulso entre los fantasmas por los controles frágiles, o el temor por los desastres potenciales.
