Decenas de personas dueñas de vehículos hacen inusitadas filas día tras día en las oficinas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para recuperar las placas de sus máquinas con el fin de volver a transitar hacia sus centros de trabajo o de estudio.
La “Reforma Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial” ha entrado en vigencia y, si antes era ‘parte del folclor’ que quien conducía un vehículo lo dejara estacionado incluso en espacios prohibidos, su aplicación busca causar un cambio cultural para el cual nadie está preparado.
“Nadie” incluye al propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), pues la abundancia de infracciones sobrepasa su capacidad de procesarlas y la consecuencia son las largas filas de frustración.
En el caso de esta reforma legal, solo se incluyó un Transitorio por el cual se establece que, en el caso de las pruebas de sangre, el Cosevi debe asumir su prepago en centros de salud públicos o privados y su costo definitivo cuando los resultados favorezcan a la persona examinada por conducir presuntamente intoxicada.
Pero un efecto colateral de la aplicación de la reforma, como ese incremento de trabajo en las oficinas del Cosevi para atender a las personas multadas y devolverles las placas, no estuvo considerado en la ley, y por eso no se asignó una nueva fuente de ingreso que permitiera agilizar los trámites.
En contraste con lo anterior, la Reforma Procesal Laboral, que recientemente entró en efecto, sí previó una fuente de ingreso propia.
El abogado Mauricio Castro explicó que, para costear su aplicación, en ella se estableció “una fuente de financiamiento institucional nueva: el 100% de las costas de los juicios ganados por medio de la defensa pública laboral. La mitad de esas costas financia el sistema de resolución alternativa de conflictos del Ministerio de Trabajo y la otra mitad a la propia defensa pública”.
Agregó que esta solución “tiene la virtud de que es una fuente de financiamiento que no carga el erario público, sino que depende del mismo desempeño del sistema”.
La viceministra de Egresos y tesorera nacional, Martha Cubillo, afirmó que, especialmente ahora, toda nueva ley debe ‘traer su pan bajo el brazo’, pues lejos de contar con nuevas fuentes de ingresos para asumir las responsabilidades creadas o ampliadas, debido al problema del creciente déficit fiscal que encara el país, el sector público ha sido conminado por el Ministerio de Hacienda a no incrementar sus presupuestos en el 2018 e incluso a reducir sus gastos programados para el 2017.
“Todo destino específico o nuevas leyes que impliquen gasto y no cuenten con fuente de ingreso, necesariamente deberán financiarse con deuda”, dijo a UNIVERSIDAD.
Ella también criticó que los intereses electorales de los partidos políticos se atraviesen en el camino de la solicitud gubernamental de derogar la ley que le impide financiarse en el exterior.
“Como ciudadana y costarricense esperaría que la posición que pudiera tener cualquier agrupación política respecto a soluciones del déficit fiscal y de las necesidades de liquidez de Hacienda, se asuma con una visión país”, dijo (ver: “Nuestro mercado ya no soporta la presión del déficit fiscal”).
El Banco Central de Costa Rica ha proyectado un faltante de ingresos del 6,8% del Producto Interno Bruto (suma de toda la riqueza anual creada en el país) para el 2018.
Al tener que pedir prestado ese dinero en el mercado local, el costo del dinero, esto es, las tasas de interés, suben y el desempeño general de la economía se hace más costoso y difícil para las empresas y personas.
Sin embargo, el Gobierno y los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo sobre la forma de atender el problema.
Martha Cubillo, viceministra de Egresos y tesorera nacional
“Nuestro mercado ya no soporta la presión del déficit fiscal”
Enfatizó la importancia de que se levante la prohibición existente para que este o el siguiente gobierno pueda acudir a capitales externos para cubrir el déficit fiscal.
María Flórez-Estrada Pimentel
Entran en efecto nuevas normas, como la Reforma a la Ley de Tránsito, cuya puesta en efecto presiona las capacidades de las instituciones involucradas. ¿Dada la situación fiscal, cómo se costearán?
-Todo destino específico o nuevas leyes que impliquen gasto y no cuenten con fuente de ingreso, necesariamente deberán financiarse con deuda. Cuando una ley no especifica cuáles son los ingresos que van a cubrir ese nuevo gasto, eso se traduce en incremento en el déficit fiscal.
Como se ha dicho reiteradamente, el 95% del presupuesto ya tiene un destino y, por tanto, todo nuevo movimiento, todo nuevo gasto, necesariamente, será cubierto con deuda.
El PLN ha afirmado que no votará a favor de derogar la “Ley para desincentivar el ingreso de Capitales Externos”, No. 9227, del 2014, que es uno de los recursos solicitados por Hacienda para poder obtener capitales del exterior. ¿Considera usted que en esta posición está influyendo la campaña electoral? Pareciera contraproducente, a menos que ese partido calculase que no será quien gobierne a partir de mayo del 2018. ¿No le parece?
-Como ciudadana y costarricense esperaría que la posición que pudiera tener cualquier agrupación política respecto a soluciones del déficit fiscal y de las necesidades de liquidez de Hacienda, se asuma con una visión país. En esta perspectiva, el análisis económico que pueden aportar los especialistas de los diferentes partidos políticos debería, en última instancia, concluir que hay una gran necesidad de este país de ir a financiarse a los mercados financieros internacionales, porque ya nuestro mercado no puede soportar la presión que genera el déficit fiscal.
¿Hacienda y el Presidente pueden recurrir al Título XIII de la Constitución Política y reducir aun más los egresos programados del Poder Judicial o los de los otros poderes?
-Cualquier modificación que deba realizarse al presupuesto de los poderes de la República, necesariamente deberá estar orientada a la constitucionalidad. Dentro del marco del respeto entre los poderes de la República, al igual que en años anteriores, el Ministerio de Hacienda ha solicitado al Poder Judicial y al Legislativo un ajuste a su presupuesto.
