Los diputados, en votación unánime, dieron su aprobación final a un proyecto de ley que permitirá atenuar los castigos penales a mujeres en condición de vulnerabilidad social, siempre y cuando ese hecho haya mediado para la comisión del acto delictivo.
Específicamente, el texto modifica el artículo 71 del Código Penal, que establece parámetros para el establecimiento de penas, al que se ahora se agregará el hecho de que “la persona sentenciada sea una mujer que se encuentre en estado de vulnerabilidad”.
Esa vulnerabilidad, indica la nueva redacción, podrá responder a situaciones como pobreza, tener alguna discapacidad, ser responsable del cuido o la manutención de familiares dependientes o haber sido víctima de violencia de género, con la única restricción de que “ese estado haya influido en la comisión del hecho punible”.
Así mismo, la ley va más allá e incluso establece que cuando la mujer sentenciada no tenga antecedentes penales “el tribunal de juicio podrá disminuir la sanción, incluso por debajo del monto mínimo previsto en el tipo penal”.
La propuesta había sido impulsada por la anterior administración del Ministerio de Justicia y fue puesta en la corriente legislativa en marzo de 2017 con la firma de 20 diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA); sin embargo, se terminó de aprobar hasta la sesión de este jueves por la nueva conformación del Plenario legislativo, en una votación unánime.
Este jueves, el diputado oficialista y presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Enrique Sánchez, explicó que la nueva norma permitirá atacar una problemática social que agrava las condiciones de desigualdad, pues “muchas mujeres fueron arrastradas a la vida criminal por factores de violencia de género”, mientras que otras “en condición de pobreza, cometen delitos para sostener a sus hijos o familiares”.
“Todos esos son factores particulares que deben ser tomadas en cuenta a la hora de administrar justicia”, apuntó, como también lo hizo su compañera y subjefa de bancada, Nielsen Pérez, quien agregó que “la justicia debe tomar en cuenta la historia personal de cada mujer”.
Así mismo, el diputado José María Villalta, del frente Amplio, argumentó que el proyecto “reconoce las condiciones objetivas de exclusión y discriminación estructural (…) un paso para lograr verdadera igualdad y justicia social al reconocer en la ley penal del país”.
Ahora, la nueva ley empezará a regir hasta que el presidente Carlos Alvarado firme la redacción final proyecto, acto pendiente de anuncio.
Por parte del Ejecutivo, la actual ministra de Justicia, Marcia González, celebró la aprobación y agradeció a los diputados por ella, pues “históricamente la pobreza, en nuestro país, ha tenido rostro de mujer”. “Por ello buscamos crear plataformas de igualdad que les devuelvan el lugar que históricamente les corresponde en la justicia social”, concluyó.
También celebró en sus redes sociales el exviceministro de Justicia, Marco Feoli, quien destacó el proyecto que gestionó como jerarca, pues “humaniza nuestro sistema penal” y es producto de procesos de diálogo con fuerzas políticas que inició 18 meses atrás comandado por la entonces ministra Cecilia Sánchez.
