La nueva defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, informó a la Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración que a institución que ella dirige se opone a la aprobación del expediente 23.217 que pretende reformar la Ley la Defensoría de los Habitantes de la República.
Según la jerarca de la entidad, que asumió el cargo el pasado 1 de marzo, el proyecto limitaría el accionar de la Defensoría, concentraría indebidamente el poder en la persona que ostente el cargo de defensora, debilitaría la defensa de los derechos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y violentaría principios básicos del estado de derecho.
Por eso, solicitó a las y los legisladores de la mencionada comisión el archivo del proyecto al tiempo que se comprometió a construir “nuevas iniciativas para el fortalecimiento institucional a partir de estudios serios, técnicos”, que asegura, hicieron falta en este proyecto.
Cruickshank se presentó ante la comisión acompañada de la Defensora Adjunta, Tatiana Mora y la Directora Jurídica, Catalina Delgado; demostrando el sensible cambio que ha sucedido desde la salida de la última jerarca (Catalina Crespo) quien nunca se hizo acompañar del funcionariado sino de sus asesores personales.
La defensora explicó que para emitir criterio se realizó un “proceso participativo” que no se había dado previamente y explicó que el proyecto representaba un retroceso en materia de autonomía, además que carecía de sustento técnicos y objetivo, sino que se incorporaban una serie de “enunciados génericos que se basan en presunciones sin fundamento”.
Primeramente indicó que la propuesta equipararía la Defensoría a la Contraloría, lo que consideró, no es conveniente pues son entidades con naturalezas y rangos distintos.
Por otra parte, dijo, es “inaceptable” que se plantee eliminar la cesación de la persona defensora por negligencia o violaciones al ordenamiento y reiteró que la potestad de remover a un o una jerarca debe ser de la Asamblea Legislativa, como es ahora.
Además, indicó, “no es aceptable la concentración indebida de poder del Defensor” y criticó que la propuesta plantea cambiar, haciendo aún menos transparente, la elección de la persona defensora adjunta.
La jerarca también detalló que la propuesta convertiría a la defensoría en una estructura rígida y con dificultades de adaptación al eliminar las direcciones actuales y que adicionalmente, se invisibilizaría la defensa de los derechos de poblaciones específicas, como mujeres, niñez y personas con discapacidad. Además, esa medida pondría en riesgo la valoración de la experiencia del personal para favorecer “puestos de confianza o políticos”.
Cruickshank terminó diciendo que considera que es oportuno revisar la ley pero que eso debe hacerse mediante un proceso participativo de muchos sectores -en comparación a la propuesta plateada, que fue diseñada de forma unilateral por la anterior jerarca.
Consultada por Katherine Moreira, la defensora explicó que cuando asumió el cargo se topó con “una institución que se tiene que honrar en tener un funcionariado con un nivel de expertise técnico invaluable” al que la propuesta le restaría preponderancia.
El oficialista Daniel Vargas preguntó a la jerarca si estaba “satisfecha” con tener el “10% del personal como directores”, aunque no fundamentó esa afirmación y aseveró que la anterior administración “logró resolver más casos con 40 plazas menos”.
La defensora explicó que esas afirmaciones no tenían fundamento, más bien pidiendo al diputado que le compartiera el estudio -si existía- que indicara eso y que más bien, dijo, la entidad necesitaba más recursos y personal para funcionar debidamente.
Finalmente, por consulta del diputado Fabricio Alvarado – que inició su intervención defendiendo a la anterior jerarca – Cruickshank dijo que tras haber revisado el proyecto completo “no recuerdo un solo punto rescatable”.
