La normativa que regula el Régimen de Zonas Francas, especial y contradictoriamente tras las modificaciones realizadas en el contexto de la incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), abrió portillos para que más empresas ingresen al régimen o se beneficien de él, evitando el pago de impuestos.
Por ejemplo, algunas empresas han usado la separación de una corporación en varias razones sociales que se venden servicios entre ellas, para no reportar utilidades y así no pagar impuestos; mientras que otras han logrado colarse, gracias a que la decisión de cuáles empresas se incorporan a este régimen de exención de impuestos recae en una comisión en la que participan los mismos representantes empresariales.
Así lo evidencia un estudio del tema realizado por el economista, investigador y asesor parlamentario Luis Carlos Olivares, quien identificó debilidades en el régimen que representan mayores espacios para que empresas multinacionales y otras no necesariamente exportadoras se beneficien de un sistema que fue creado con otros fines.
“Mientras el pulpero y el carnicero pagan por todo, las grandes transnacionales no contribuyen” – Luis Olivares, economista.
Los regímenes excepcionales, como el de Zonas Francas, de acuerdo con informaciones previamente publicadas por este Semanario, han contribuido al crecimiento de la desigualdad, pues en tiempos de crisis se han aumentado las cargas impositivas para la ciudadanía pero las exenciones a las grandes empresas se han mantenido incólumes o incluso, se han ampliado (ver nota Costa Rica avanza sin freno hacia una sociedad cada vez más desigual del 23 febrero del 2022).
Cabe, además, recordar que de acuerdo con datos de la misma OCDE, la desigualdad en nuestro país es mayor que la del promedio de los países que integran ese grupo y solo va en aumento.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Olivares explicó que desde su entrada en vigencia en 1999 la ley 7210 que regula el mencionado régimen ha sufrido seis modificaciones, tres de las cuales estuvieron directamente relacionadas con la incorporación de Costa Rica a la OCDE.
Esa organización recomienda a sus países miembros un “Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés) que contiene 15 acciones tendientes a mejorar la situación fiscal y evitar las “prácticas perniciosas” que implementan muchas empresas para minimizar sus aportes tributarios.
La última reforma, aplicada en ese contexto, fue en el 2019. En esa ocasión, se incluyeron en el régimen “las empresas de servicios que cumplan con el Índice de Elegibilidad Estratégica para Empresas de Servicios” que se planteó, según el experto, como un índice “que pretendía ser objetivo, pero que no resultó así”.
Según la ley, el IEEES se determina por la “naturaleza estratégica” de lo que hace una empresa, sus encadenamientos con otras empresas de sectores estratégicos, el valor total que paga en salarios y el monto que invierta en activos fijos.
El problema, dice, es que quien toma la decisión de si una empresa califica o no para ingresar al régimen excepcional es una comisión ad hoc, que por ley es integrada por el ministro de Comercio Exterior, el jerarca de Hacienda y la de Planificación (o sus representantes designados), una persona representante del Centro de Alta Tecnología y otra del sector productivo. “Es decir, deciden los mismos interesados”, dice Olivares.
Esta comisión es así la encargada de determinar qué empresas recibirán beneficios fiscales, lo cual es una potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa, explica. “Se está delegando en una comisión creada por decreto y que integran miembros privados con intereses directos, una tarea que, primero, tiene reserva de ley y, segundo, es de interés público que no puede quedar supeditado al interés particular”, indicó.
Desde esa modificación, han ingresado al régimen al menos 85 nuevas empresas, de las cuales el 59% son de servicios (59%) o administradoras de los parques empresariales (21%); aunque “por naturaleza el régimen es para exportadores”, dijo, por lo que a su criterio, empresas como Walmart, BAC Credomatic o Sardimar, no deberían tener cabida ahí, pero han logrado ingresar.
“Optimización fiscal”
Otras corporaciones, dijo, además, han echado mano de trucos legales para beneficiarse del régimen, aún sin ingresar. Por ejemplo, algunas han fraccionado su personería jurídica en varias por departamentos y se venden servicios entre sí, finalmente, vendiéndole a una inscrita en régimen. Así, aumentan la cantidad de gastos y reportan menos renta, pero no tienen que acatar las pocas limitaciones del régimen.
“Los que quedan fuera del régimen no reportan ganancias y, por ende, no pagan, mientras que los que están adentro no pagan nada porque disfrutan del régimen”, comentó. A este tipo de estrategias, indicó, se le llama, “con toda la ‘carebarrada’ del mundo, optimización fiscal, en teoría del derecho”.
Por estos mecanismos, considera Olivares, “es que salen las listas de grandes empresas que reportan cero ganancias y cero renta, porque usan estos esquemas para abusar de un régimen que fue previsto con otros fines. Cualquier persona que compró un par de tenis en Navidad pagó más impuestos que estas empresas en los últimos diez años”:
Este tipo de esquema, sin embargo, ya estaban identificados en investigaciones como la publicada por UNIVERSIDAD en relación con los Papeles de Panamá, dice el experto, pero en su análisis se evidencia “que es una estrategia premeditada, que llega a lo normativo, para generar esquemas que favorezcan a cierto tipo de empresas”.
Para el especialista, cerrar los portillos del régimen que permiten que las grandes empresas eludan, no es antagonizar el régimen como tal, sino hacer justicia fiscal, pues en el contexto actual “mientras el pulpero y el carnicero pagan por todo, las grandes transnacionales no contribuyen”.
Cabe recordar que durante el 2019, por ejemplo, las empresas en dicho régimen recibieron privilegios por ₡375.784 millones en exoneraciones, es decir un 1,04% del Producto Interno Bruto (PIB). Estas empresas están exoneradas de pagar impuestos sobre la renta, impuestos de bienes inmuebles, impuestos asociados con la exportación o reexportación de producto, impuestos sobre las remesas al extranjero y todo tipo de patentes municipales.
Según indicó Olivares, usualmente, se destaca la cantidad de empleos que se generan en este régimen, pero en realidad, este solo representa el 4.16% de la población económicamente activa.
También, suele decirse que ese régimen “sostuvo el desarrollo durante la pandemia” pero “es que crecieron solos, porque ¿quién no crece si no paga un solo impuesto? Mientras tanto, el resto del régimen definitivo no creció porque tenía que soportar toda la carga tributaria y nadie le estaba haciendo favores. No se pueden comparar manzanas con chayotes, más bien deberían haber crecido más y generar más empleo”, concluyó.
