¿La política criminal de Costa Rica está enfocada en perseguir a los eslabones débiles en lugar de a los dueños del negocio?
-El problema del narcotráfico empezó a estar en la primera línea de interés en los países del norte, Europa y Estados Unidos, dado que empezó un alto consumo de ciertas drogas como la marihuana y la cocaína y otras más fuertes, en los años 80. Entonces Costa Rica fue optando las recomendaciones internacionales en esta materia, no solo en el marco de convenios internacionales sino también modelos de leyes que sobre todo se dirigían a frenar o paliar el gran narcotráfico. Estas leyes venían con respuestas un tanto uniformes, dirigidas a los grandes carteles y con respuestas punitivas muy altas. Es así como en Costa Rica empezaron a emitirse leyes con mínimos de ocho años que no permitían más que el encarcelamiento de las personas involucradas en cualquier tipo de tráfico. Yo diría que esas leyes no solo previeron montos mínimos muy altos sino que también tipos de pena y tipos penales abiertos, entonces usted ve, sobre todo en la ley de sustancias psicotrópicas, tipos penales que prácticamente sancionan todo contacto: transporte, posesión para siembra, etc. Lo que quiero decirle es que ese diseño original de la respuesta criminal en materia de tráfico resultó absolutamente desmedida y desproporcional, sobre todo en el tema de las respuestas a ciertas formas de tráfico de drogas.
¿Su posición es que se debe despenalizar en esos casos?
-Esa no es mi posición. Lo que se debería hacer es ver cuán complejo es el fenómeno y cómo podemos dosificar las respuestas en los distintos tipos de fenómenos, porque estamos mandando ocho o cinco años a la cárcel al indigente que un par de policías sorprenden pasándole una piedra de crack a otro, o dos o tres cigarrillos de marihuana a otro indigente, a otro cliente, o lo que sea. Entonces, pensar en responder a este fenómeno con ocho años de prisión como si fuera un miembro del cartel de Cali o de Medellín, es una locura en la que hemos estado involucrados por años de años.
Es cierto también que la gran mayoría de la gente que estamos encarcelando pertenece al último eslabón de la cadena, que obviamente es el más fácil de detectar, más fácil de encerrar y de procesar, yo no digo que todos sean indigentes, pero sí hay gente joven desempleada, hay mujeres jefas de familia, etc.
Obviamente yo no ignoro que esto es una cadena, que este negocio está estructurado en una cadena que hacia arriba puede llegar a las grandes organizaciones que controlan la distribución, pero una cosa es atender con respuestas adecuadas a quien distribuye unas cantidades mínimas y otra cosa atender y castigar a las grandes organizaciones. Usted ve que los detenidos son los de la barca, son los del furgón, los que van en contacto directo con la droga, pero las organizaciones quedan intactas, los capos, la gente de más alto nivel, sigue sin tener que ensuciarse con este tipo de investigaciones y cuesta muchísimo llegar a ellos porque los mismos capitanes y marineros ni siquiera saben quienes son los grandes traficantes.
La política criminal tiene que dar respuestas distintas según la gravedad de las acciones concretas en que la gente esté involucrada.
Si no se trata de despenalizar, ¿cuáles serían para usted esas respuestas adecuadas?
-Estamos hablando de respuestas adecuadas siempre dentro del ámbito de lo penal, es decir, insisto en que no se trata de despenalizar, sino de encontrar alternativas a la prisión, sobre todo en gente joven que por primera vez está en contacto con este ilícito y en contacto con un sistema penal. A esas personas deberíamos darles la oportunidad de una alternativa que puede ser trabajo social o internamiento para desintoxicación. A las mujeres hay que darles otra respuesta porque sino terminamos castigando a los hijos y trasladando la pena y convirtiendo el fenómeno en algo muchísimo más grave para la sociedad. Y tenemos que volcar nuestros escasos recursos de ayuda exterior a la investigación y detección de esos grandes traficantes y grandes organizaciones.
Usted señala que muchos de los detenidos también son adictos, mientras no haya cambios legales, ¿qué atención se le podría dar a estas personas?
-Otro fenómeno totalmente absurdo en esta historia es que en el momento en que se empiezan a invertir muchos recursos en el combate contra las drogas, prácticamente se desmanteló el IAFA, nos quedamos con un apoyo mínimo a las instancias de prevención y de tratamiento. El IAFA es una institución que debe fortalecerse en la atención a las adicciones, no sé si tienen 10 o 20 camas que es ridículo para las necesidades que el país tiene. A esas personas hay que darles una oportunidad pero coordinada con el Ministerio de Educación Pública para que no se expulsen, tiene que coordinarse con la CCSS y con el Poder Judicial con medidas alternas, como justicia restaurativa.
¿En el Poder Judicial se ha discutido el tema?
-No, es que yo no sé si corresponde solo al Poder Judicial porque hay iniciativas muy importantes desde las alternativas que da el Código Procesal Penal y que se usan muy poco precisamente por los montos de penas previstos, si se le diera a los jueces y juezas la posibilidad de una gradación mayor, eso ayudaría a que se den respuestas razonables según la gravedad de cada caso, eso hay que trabajarlo en una reforma para que los mínimos no sean de ocho años, sino que haya la posibilidad de suspender la ejecución de la prisión y dar responsabilidades que deba cumplir la persona involucrada en el pequeño comercio, en el famoso narcomenudeo. Yo sí lamento que la alarma y los réditos políticos que dan convertirse en un campeón antidrogas a veces impiden un diálogo sincero, desprejuiciado y honesto.
¿Pero se ha procurado ese diálogo?
-No, porque el Poder Judicial está muy dividido, yo le diría que, en este, como en muchos casos, mi opinión es minoritaria. Mi apuesta es que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Yo he dicho, vea la prohibición de licor en los años 20 en Estados Unidos, la persecución del guaro de contrabando en los 50 y 60 en Costa Rica, solo el tiempo puede llegar a la conclusión de que eran estrategias equivocadas y que había que encontrarles otras soluciones. Claro ahora las drogas son más fuertes.
¿Cree que se debería legalizar la marihuana?
-Sí, yo pienso que el experimento de Uruguay hasta hoy ha sido provechoso, siempre que se trate de personas mayores de edad, la restricción y el control sobre niños y adolescentes debe ser absolutamente rígido, como se está haciendo con el cigarro. La experiencia del cigarro es muy importante porque apunta de exhibir los prejuicios de la salud, las graves consecuencias que tiene para la persona, y con la ley de prohibición en espacios públicos. Las personas se han hecho conscientes de que eso no se debe permitir y entonces culturalmente hay un cambio.
Yo soy un escéptico de la capacidad que tiene el derecho penal para resolver problemas sociales, no creo que muchos problemas sociales se resuelvan con derecho penal y con cárcel, por eso mi posición es minoritaria.
Con la marihuana y con la cocaína se podría controlar en ciertos supuestos, mediando declaraciones de adicción. Si una persona mayor de edad quiere meterse en ese laberinto, que Dios la acompañe porque son sustancias dañinas, como dañinos son algunos medicamentos lícitos.
