La inhóspita jungla que conecta a Colombia con Panamá, El Darién, se ha convertido en caldo de cultivo para las peores violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, con un especial énfasis en niños, niñas y adolescentes, quienes se ven expuestos a través de toda la ruta migratoria al trabajo infantil, la necesidad de pedir en las calles y la vulneración de sus más consagrados derechos.
Según el informe La Infancia en Peligro, de UNICEF, al menos 29.000 niños, niñas y adolescentes cruzaron la peligrosa selva en 2021; se estima que 40.000 hicieron el cruce en 2022; y más de 60.000 niños han cruzado en los primeros ocho meses de 2023, la mitad de ellos menores de 5 años, lo que hace que sea el año con mayor registro.
La investigación reveló que cada vez son los más pequeños niños y niñas que realizan estos peligrosos viajes; los menores de 11 años representan hasta el 91% de los que se desplazan en algunos puntos de tránsito clave, una situación que plantea grandes retos en materia de políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino.
En una gira realizada por UNIVERSIDAD, en la frontera norte del país, fue posible conversar con personas migrantes que han seguido la ruta migratoria y contaron los enormes riesgos que enfrentan niños y niñas.
Yornay Bolívar, migrante venezolana, contó que en la selva es usual que las bandas de delincuentes secuestren a los menores, que abusen de ellos o que los asesinen como extorsión para que sus padres les entreguen el dinero y las posesiones que llevan.
“Es terrible, en el camino vimos cosas terribles. Muchos niños muertos, madres con sus bebés fallecidos en los brazos y otros que quedan ahogados. Escuchamos que a muchos niños se los roban, incluso a mí trataron de arrebatarme a mi niña menor”.
Previo al acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y Panamá de trasladar directamente a los migrantes en buses hasta el albergue del CATEM en Ciudad Neily, era normal ver a niños pequeños vendiendo cosas en la calle o pidiendo dinero en la calle.
Juan Manuel Valdares, director a.i. de UNICEF en Costa Rica, explicó que el flujo migratorio es una realidad que se ha transformado e incrementado en los últimos 10 años, pero hace dos años se ha recrudecido, pues al principio se veían hombres jóvenes que emprendían la ruta, hoy son muchas mujeres y niños, de hecho, una de cada tres son personas menores.
“Definitivamente hay una enorme vulneración de derechos de la niñez, al bienestar, a la salud, a estudiar, es un paquete entero de incumplimiento de derechos. Hay casos de malnutrición y, aunque no hemos identificado casos de trata o menores sin estar acompañados, existe una gran posibilidad de que se presenten. Es un paso sumamente inseguro para cualquier ser humano, pero sobre todo para niños y niñas”, comentó Valdares.
En cuanto al retroceso que se pueda estar viviendo en materia de trabajo infantil, Noortje Denkers, especialista en Migración Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la región centroamericana, indicó que no se cuenta con cifras sobre cuántos de los menores de edad que pasan por El Darién se encuentran en condición de trabajo infantil, ya sea durante su tránsito o cuando se quedan en Costa Rica.
“Pero sí sabemos que, en momentos de crisis, cuando las familias tienen que sobrevivir y necesitan ingresos y, si están viajando como núcleo, existe la probabilidad de que los niños y las niñas tengan que aportar. También sabemos que los menores migrantes (por estudios anteriores) están más expuestos a lo que se llaman las peores formas de trabajo infantil, por ejemplo, ser víctimas de explotación sexual comercial, trata de personas u otras formas de explotación que les somete, aunque no es un fenómeno solo de este flujo migratorio que estamos observando”, indicó Denkers.
