Entrevista

“En Nicaragua el Estado de Derecho está colapsado”

El periodista Carlos Fernando Chamorro denuncia intimidación e intento de espionaje del Ejército y el FSLN contra el equipo de su semanario Confidencial.

Ese día el periodista Carlos Fernando Chamorro estaba al tanto del diálogo que el gobierno de Daniel Ortega supuestamente aceptó abrir con la Organización de Estados Americanos (OEA), a 20 días de unas elecciones que tendrán vencedor seguro y que solo mantiene la pregunta de cuánta gente irá a votar. Es decir, cuántos votos legitimarán la perpetuación cuestionable de la pareja de poder que forman el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su esposa, Rosario Murillo.

Ese día el equipo periodístico de Chamorro acababa de publicar un reportaje sobre la nebulosa en torno al padrón electoral de los comicios del 6 de noviembre, la “farsa” que él y otros grupos críticos atribuyen al régimen de Ortega, quien en 2017 cumplirá diez años en el poder por segunda ocasión.

Ese día apretaba fuerte. No debe de ser fácil ser una de las principales voces críticas en un país que, parece, ahora sí cobra interés internacional después de varios años en que Ortega ha ido rehaciendo el Estado a la medida de sus intereses políticos y de los actores económicos que también sacan provecho.

Grupos opositores en Nicaragua cuestionan la legitimidad de los comicios del 6 de noviembre y llaman a abstenerse.
Grupos opositores en Nicaragua cuestionan la legitimidad de los comicios del 6 de noviembre y llaman a abstenerse.

Lo dice el propio Carlos Fernando Chamorro, que en mitad de su día movido saca 30 minutos para atender a UNIVERSIDAD y detallar la denuncia que hizo este mes por la supuesta intimidación e intento de espionaje del Ejército de Nicaragua contra el semanario Confidencial que dirige desde hace 20 años.

Se trata la acusación planteada ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) por dos acercamientos intimidatorios contra miembros del semanario por parte de un oficial del Ejército y un dirigente del FSLN a finales de setiembre.

La denuncia no está presentada ante las autoridades estatales nicaragüenses adrede, como protesta contra la impunidad que rige a favor del oficialismo.

¿Qué ha pasado después de la denuncia?

– Ha habido una sola reacción oficial, de un miembro del Ejército que dijo que esto “no tiene pies ni cabeza”. Aparte de eso, la opinión pública en Nicaragua ha reaccionado mediante periodistas independientes, organizaciones de derechos humanos y algunos dirigentes del sector empresarial, a veces con una condena abierta y otras con señales de de preocupación.

Parece tenue la reacción de los empresarios, acorde con la pasividad conveniente que han mostrado en la última década con Ortega.

– Bueno, ha sido una reacción cautelosa, pero en el fondo es de preocupación. Cuando el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y AmCham hablan de estas cosas lo ponen en un contexto. Ellos en el pasado se han manifestado por libertad de expresión de manera inequívoca, ellos tienen su lenguaje pero lo recibimos como una preocupación y un respaldo para nuestra posición.

¿Y otros medios de comunicación?

– Son muy pocos los medios independientes. Diario La Prensa, Trinchera, Radio Universidad, Radio Darío de León. La mayoría de los medios los controlan el duopolio de la familia presidencial y Ángel González (el magnate mexicano de los medios de comunicación en la región).

¿Hay interés internacional?

– Tuvimos el apoyo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que ya se han pronunciado de manera clara. La relatoría de la OEA ha calificado a Nicaragua como una zona gris, sin violencia física extrema donde no se están matando periodistas pero con una política sistemática de intimidación, concentración; y ahora estos actos de espionaje. Aquí está en juego la libertad de expresión.

¿Cómo pueden trabajar en el día a día?

– Se hace periodismo independiente sabiendo que las publicaciones pueden generar reacciones y represalias. Es difícil porque no hay acceso a información pública como ocurre en otros países. Hay una obstrucción sistemática hacia los medios independientes en el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, el Ejército, El Consejo Electoral, la Policía… Hay que hacer un esfuerzo triple, porque partimos de que hay un bloqueo desde el sector público. La batalla diaria es mantener la credibilidad de un medio en un ambiente de polarización.

Su denuncia se hizo a un mes de las elecciones del 6 de noviembre. ¿Es consciente del contexto electoral?

– Aquí no hay ambiente electoral, no hay campaña ni competencia porque ya se sabe que va a ganar el FSLN. La denuncia se hizo al calor de los hechos y para proteger a las personas que rechazaron la intimidación y el intento de reclutamiento oficialista. Es para protegerlos y para alertar, independientemente de coyuntura electoral. Una de estas personas que intentó espionaje dijo que este medio hacía daño al FSLN de cara a las elecciones, pero no puedo establecer los motivos verdaderos de ese intento de espionaje e intimidación.

¿Por qué no denunciarlo en las instituciones estatales para ello?

– No se presentó porque existe un acumulado de precedentes en Nicaragua de que cuando el denunciado es el FSLN simplemente no se actúa; entonces solo se genera desgaste e impunidad. Hemos tenido casos en el pasado. En el 2013, en el Ejército, denunciamos acoso contra Ismael López y nos respondieron que el Ejército no investiga porque eso no se hace. Hemos querido remarcar al no recurrir a estas autoridades que el Estado de Derecho está colapsado. Igual ellos deberían iniciar una investigación, porque tanto en la Policía como en el Ejército hay oficiales capacitados que podrían investigarlo en solo horas, pero no pueden por mandato superior.

Parece un caso representativo de otras aparentes violaciones a derechos humanos en Nicaragua.

– Por eso el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) se ha convertido en el verdadero ombudsman de esta sociedad. La Procuraduría no atiende estas situaciones ni el Ministerio Público. Se han producido denuncias contra la Policía Nacional por abusos y violaciones y no pasa nada, como que es parte de la rutina cotidiana de Nicaragua.

¿Cree que la comunidad internacional ha atendido de manera suficiente la situación de Nicaragua?

– No se conoce suficiente, aunque en últimos meses sí por los actos extremos: la prohibición de la observación electoral, la exclusión de la oposición y la destitución de diputados electos en 2011. Esos tres eventos han sido como un campanazo de alerta, pero lo que pasa en Nicaragua no comenzó en junio; viene quizás de años y se aceleró desde 2008 con el fraude en las elecciones municipales.

¿Por qué cree que se ha disimulado hacia afuera?

– Quizás por dos situaciones: la represión ha sido selectiva y permite que el orden autoritario transmita señales de estabilidad. Hay una alianza del régimen autoritario con el gran capital para mantener atracción de inversiones. Esas contradicciones posiblemente hacen que afuera se perciba con menos claridad.

¿Qué pasará después del 6 de noviembre?

– Ya sabemos que Daniel Ortega se va a reelegir. No sabemos cuánta gente va a votar porque no se conoce el padrón electoral. Hoy anunciaron lo que llaman el “padrón activo”, que es casi igual al del 2011. Lo que el CSE (Consejo Supremo Electoral) quiere es tener las cartas guardadas para darnos un dato de altísimo nivel de participación electoral por el FSLN. Lo que está en juego es la legitimidad o no de la elección de Ortega, pero no hay mecanismos para una verdadera auditoría. De ahí en adelante hay mucha incertidumbre; hay nubarrones en el horizonte con el deterioro del Gobierno en últimos meses que puede afectar el clima de negocios, como podría ocurrir con la Nica Act (Ley impulsada por congresistas de Estados Unidos para limitar ayudas internacionales a Nicaragua) y bueno, ayer sorpresivamente se anunció el diálogo con la OEA.

¿Muy sorpresivo ese diálogo, no?

– A estas alturas no conocemos qué tipo de diálogo, para qué ni con qué agenda. Evidentemente es parte de la incertidumbre con este gobierno que todavía tiene diferentes bases de apoyo. Todavía falta mucho camino por recorrer para una verdadera alternativa de cambio democrático. El régimen luce fuerte y bastante estable pero tiene pies de barro: la concentración del poder excesivamente en una familia, eso genera corrupción, y creo que a mediano plazo no es sostenible mantener la estabilidad.

¿Será necesario tocar fondo?

-Para algunos, sobre todo para el gran capital, el país no ha tocado fondo. Creo que el futuro va a depender de cómo evoluciona la economía del país. Habrá que ver en los próximos años, pero no se ve a corto plazo.

Han dicho que la situación es similar a la dictadura de Somoza, que solo tuvo salida por la vía armada. ¿Hay indicios?

– Existen algunos grupos armados en zonas rurales y algunos han levantado banderas políticas, aunque el Gobierno dice que son solo delincuentes. Bueno, en algunos casos sí están mezclados con delincuentes, pero no percibo que en Nicaragua se genere un movimiento armado para enfrentar la violencia política. La mayoría de la sociedad nicaragüense está convencida de que el cambio tiene que ser cívico.

La particularidad que tiene Nicaragua es la aparente comodidad del sector empresarial privado. ¿Cómo se explica ello?

– Las cámaras empresariales son un actor político, pero la pregunta es si son democráticas. Eso requeriría otro tipo de acciones de no solo invocar principios sino que las exijan de parte del Estado. No apoyar el corporativismo tan cómodo para aprobar leyes tan convenientes. El liderazgo actual de esas cámaras se inclina más por una visión pragmática y mientras los negocios estén bien no pareciera urgir una iniciativa de cambio democrático.

¿Qué papel juega Costa Rica en la situación interna de Nicaragua?

– Honestamente creo que el problema político solo está en manos de Nicaragua. La comunidad internacional juega un papel importante y sobre todo Costa Rica, pero no creo que el gobierno tico en particular pueda tener una incidencia importante; este es un problema interno. Lo importante es mantener espacios de diálogo en beneficio de la población migrante.

 

 

 

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