Un balde de agua fría cayó sobre las espaldas del país desde la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, cuando se conoció que las modificaciones al proyecto de Presupuesto de la República para el 2017 incluyeron un recorte por más de ¢47 mil millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Esa cifra incluye el traslado de ¢25 mil millones de esa institución al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
La noticia ha generado amplia polémica, por tratarse de una institución que debe atender a la población infantil víctima de situaciones como abusos, pobreza o malnutrición.
A diferentes ministerios del Gobierno se les recortaron más de ¢11.900 millones, mientras que los recortes también afectaron a otras entidades como el Consejo Nacional de Producción (CNP).
En total, los recortes alcanzaron unos ¢60 mil millones. Ahora el proyecto de presupuesto deberá pasar al plenario legislativo, donde diputados y diputadas podrán mantener o echar marcha atrás con la rebaja presupuestaria.
CORTES
Entre lo cercenado al Gobierno central destacan más de ¢1.180 millones al Ministerio de Hacienda, lo cual incluye un recorte de más de ¢425 millones a la Dirección General de Aduanas. También se destaca una substracción de unos ¢40 millones a la Policía de Control Fiscal y que al Centro de Información y Formación Hacendaria se le recortan más de ¢48 millones.
Por otra parte, Rodrigo Marín, coordinador nacional del Control de Vectores del Ministerio de Salud, se refirió a los efectos que los recortes tendrán en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti y los virus que transmite: el dengue, la chikungunya y el zika.
Marín no comprendió la razón detrás de que se le recortaran ¢2 millones de los ¢400 millones que el país invierte en materia de fumigación, “es como que quitan de todas las partidas algo sin criterio alguno”.
Destacó el recorte de ¢29 millones en uniformes, lo cual según explicó complica su trabajo, pues “con el tema de inseguridad del país, la gente no nos deja entrar si no estamos bien identificados”.
Añadió que también los recortes afectan otros rubros que tienen que ver con el control vectorial, además de la fumigación, “nos disminuyeron las horas extras y el combustible”.
Otra área del Ministerio de Salud que se vería afectada es la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai).
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado 25 de octubre, el viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, José Francisco Pacheco, apuntó que los recortes impedirían movilizar personal para brindar servicios de atención integral a niños y niñas de 620 CEN-Cinai.
Al mismo tiempo, anunció que se limitaría la compra de uniformes y equipos de comunicación para la Policía de Tránsito y que se imposibilita la reparación de semáforos dañados.
En ese mismo espacio, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aseguró que lo votado en Hacendarios “afecta directamente la construcción de infraestructura, la competitividad y la atracción de inversiones, por lo que hago un llamado respetuoso para que se revierta la decisión sobre esos recortes”.
Alfaro también observó que trasladar recursos del PANI al MSP es “una medida temporal y no resuelve de forma definitiva el problema de financiamiento de los cuerpos de seguridad, como sí lo hace el Proyecto de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas”.
EL SILENCIO DEL PANI
UNIVERSIDAD buscó una posición al respecto desde el propio PANI, sin embargo se informó, en primera instancia, que la Presidenta Ejecutiva, Ana Teresa León, se encontraba fuera del país, y que por ello quienes atenderían las consultas de este medio serían las gerentas Técnica y de Administración.
A pesar de realizar múltiples llamadas a las oficinas de ambas, no fue posible contactar a ninguna de ellas al cierre de edición.
Sin embargo, la Unidad de Comunicación y Prensa del Patronato facilitó información que aclara que el recorte representa el 54% de su presupuesto, el cual para el 2017 iba a ser de ¢105.542 millones, pues se trataba de un plan de trabajo 2017-2020.
Ese plan incluía, entre otras cosas, la disposición de más de ¢850 millones para la contratación de tutores, maestros y recreacionistas en albergues para menores de edad; o la creación de 30 consultorios familiares, así como de igual número de oficinas locales en comunidades prioritarias según el Índice de Desarrollo Humano, que darían atención a 704.686 menores de edad y sus familias.
El economista Luis Paulino Vargas consideró, en primer lugar, que la magnitud del recorte en términos del Producto Interno Bruto (PIB) es demasiado pequeña como para que se pueda considerar la reducción del déficit como una justificación válida.
“Los ¢60 mil millones apenas reducirían el déficit en poco más del 0,2% del PIB (para este año, y al momento actual, se proyecta un déficit entre 4 y 4,5%)”, especificó.
Vargas, quien funge como director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), subrayó además que no se trata de un “recorte efectivo”, ante el hecho de que ¢25 mil millones quitados al PANI son trasladados al MSP, “sin más criterio que las ocurrencias de esos diputados”.
“Si no pretenden reducir el déficit fiscal, que parece que no, entonces lo que uno podría pensar es que hay otros dos posibles objetivos. Puede tratarse de politiquería, ganas de molestar al gobierno, que es algo que vienen haciendo sistemáticamente”, ponderó.
Vargas también se refirió al argumento de la subejecución de recursos en el PANI y cuestionó que en vista de “una enorme cantidad de necesidades desatendidas en materia de niñez”, el problema de la subejecución “¿se resuelve recortando ese dinero o creando condiciones para que desarrolle una mejor capacidad administrativa, humana y gerencial para usar el presupuesto?”.
Añadió que el otro posible objetivo es “que hay un sustrato ideológico, porque si curiosamente lo que tocan es el gasto en lo social, sería justificado especular en ese sentido”.
Sin embargo, calificó ese proceder como “un poco extraño”, pues desde la perspectiva electoral “no pareciera muy sensata la estrategia de tomar dinero que era para la niñez, teniendo en cuenta que eso es muy mal cartel ante el público, electoralmente no resulta conveniente”.
Ante la pregunta de si se trata de un “sustrato ideológico” de corte neoliberal, respondió que “es una de las posibles lecturas”.
¿NEOLIBERALISMO?
Crear un hueco en las finanzas de una institución de orientación social, para reforzar la seguridad, cae en la definición de las políticas neoliberales que dominaron la realidad latinoamericana desde finales de los años 80 y que han retumbado en la Europa de inicios del siglo XXI, sobre todo en la forma de los paquetes de “rescate”, impuestos por ejemplo a Grecia.
Esa doctrina fundamenta medidas de recorte de gasto del gobierno, lo cual incluye programas de asistencia y desarrollo social, en busca de una reducción del tamaño del Estado que se materializa en su última etapa en la privatización de instituciones públicas.
Al mismo tiempo, se permite un muy amplio grado de liberalismo económico, levantando toda barrera al comercio y la actividad financiera a través de la eliminación de impuestos y desregulación.
Un buen ejemplo de ello es el caso de los llamados “Chicago Boys”, un grupo de economistas chilenos que aplicaron esta teoría económica durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, a partir de 1973.
En la práctica en los últimos años, el neoliberalismo se ha traducido en políticas de “austeridad”, que abogan por una reducción fundamental en el papel del gobierno en la vida económica, en favor de un mayor libertinaje económico y de mercado.
Milton Brenes, coordinador del Programa de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia (Pridena) de la UCR, ponderó que para entender cómo un Estado da tratamiento a la cuestión social, “es importante pensar qué papel juega el neoliberalismo, porque parece ser quien marca ideológicamente la cancha a la hora de pensar el acercamiento estatal a lo social”.
Brenes llamó la atención a que si desde los años 80 el Estado “se repliega de lo social, lo que topamos es que las condiciones de vida de las personas van hacia abajo, alguien tiene que atender eso y ahí a mi parecer entra este tipo de políticas sociales de las cuales vimos una expresión”, en la Asamblea Legislativa.
“Es la dinámica que la Asamblea Legislativa le determina a la atención social, una dinámica determinada por la lógica neoliberal”.
El especialista dijo que precisa tener claras cuáles son las expresiones del neoliberalismo en la política social, pues “en un estado que se comprime de lo social, la política social tiene que ajustarse a esa ideología”.
Así, Brenes sentenció que se trata de una vinculación mínima con lo social, focalizada y condicionada.
“Nos enfrentamos a algo complejo porque reducimos la inversión en lo social, mandamos a la gente a que satisfaga sus necesidades en el mercado, que está condicionado por la lógica voraz de extracción de valor. La gente, al tener que satisfacer así sus necesidades se enfrenta a la flexibilización, al narcotráfico, a la informalidad y la precariedad”.
De esa manera, apuntó que “acciones como las que vemos en la Asamblea Legislativa” dan una señal de una política social selectiva, condicionada y reducida en la cual el PANI deja de invertir en promoción y construcción de condiciones que potencian mejoras en las condiciones de vida de la gente, para ajustarse en esta lógica.
José Ramírez, diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Hacendarios, criticó la aprobación de los recortes pues “no tienen criterio técnico ni argumentación de peso, sino que ha sido una cuestión más politiquera, pero no tiene ningún sentido lo que han hecho y como ya no tienen argumentos para sostener sus posiciones, simple y sencillamente a la brava se sostienen con el recorte al PANI”.
Ramírez recordó que “tuvieron que echar para atrás” con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), porque “querían hacer lo mismo, pero obviamente también era una violación constitucional, meterse con la autonomía universitaria y no lo pudieron hacer”.
El legislador izquierdista añadió que la medida de los recortes es “absolutamente neoliberal”. “Es una corriente que hemos visto a nivel mundial, atacar lo público, lo que tiene carácter social para ir en la línea de la privatización o en otras líneas que no van en dirección a las necesidades del pueblo, efectivamente no tiene ninguna justificación este tipo de recortes”.
Desde las filas del Partido Liberación Nacional, Rolando González -quien también integra esa Comisión-, en primer lugar dividió la representación del Gobierno entre “los jerarcas que se arrollaron la manga por su presupuesto, como la ministra de Cultura o el ministro de Comercio Exterior, y otros que se dedicaron a esperar los resultados después de sus comparecencias”.
Criticó al Gobierno por esperarse hasta “el último día, cuando ya no se puede más que votar, para hacer un ajuste por ¢20 mil millones para tapar lo que ellos llaman los huecos que paralizarían instituciones”.
Sobre el recorte al PANI, González apuntó que “voté con la voluntad inequívoca de que el proyecto de impuesto a las sociedades se apruebe para que se le dé sostenibilidad al Ministerio de Seguridad y lo del PANI sea eminentemente transitorio”, apuntó.
Ante la pregunta de si teme que dentro de la alianza haya quienes buscan recortar en programas sociales para procurar fondos en seguridad siguiendo una ideología neoliberal, González contestó que “no lo descarto, yo tengo una ideología, soy socialdemócrata, he visto la asignación de estos fondos como una fórmula transitoria para resolver un problema que también es de carácter social, como es la seguridad”.
Al cierre de edición trascendió que el plenario legislativo aprobó darle trámite de vía rápida al proyecto de impuesto a personas jurídicas, cuya aprobación podría incidir en que no se recorten los recursos del PANI.
Rosibel Ramos, diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios
“No estamos de acuerdo con que crezca más el sector público”
Ha sido muy notorio el tema del PANI, el Gobierno ha anunciado que el recorte va a afectar temas como la lucha contra el virus del zika o a la Policía de Aduanas. Se ha dicho que desde el punto de vista del déficit, el recorte es ínfimo porque representa un porcentaje muy pequeño del PIB. ¿Cómo defiende los recortes que introdujeron?
– Los casi ¢12 mil millones que se recortan en el presupuesto son en gastos superfluos, viajes al exterior, alimentos y bebidas, publicidad y propaganda, viáticos, horas extras. Como usted verá, no se afecta ningún programa social.
El gobierno dice que se va a afectar el trabajo de los CEN-Cinai…
-Es lo que ellos dicen, están mintiendo. No están diciendo la verdad. Igual que están diciendo que se está dejando sin plata al PANI, lo cual es una mentira. El primer año, el 2014, creció un 14% ese presupuesto, en el segundo año creció un 6%, este año le damos el mismo monto de todo ese crecimiento más un 3,5% de crecimiento, hoy están ejecutando ¢22 mil millones de más de ¢60 mil millones de presupuesto y transferencias. Es más llega a ¢110 mil millones, hoy el gobierno no le ha transferido los recursos que se presupuestaron para el 2016, ni siquiera los han transferido, no ha ejecutado el PANI ¢22 mil millones, es lo mismo.
Primero, se tocan cambios superfluos, el gobierno le está mintiendo al pueblo de Costa Rica. Dos, igual que con el PANI y aún así si a los seis meses de ejecución de presupuesto el PANI nos demuestra que le faltan recursos en algún programa, con mucho gusto hemos aceptado girárselos, inclusive el mismo Gobierno dijo que tenía de dónde sacar ¢20 mil millones para el PANI, de los mismos sueldos, por los benditos colchones que el gobierno hace… el año pasado un colchón del gobierno estuvo en remuneraciones, este año también está en remuneraciones. ¿Qué le puedo decir? Que no es cierto, que el Ministro de la Presidencia es un mentiroso, que en ningún momento se están viendo afectados programas.
¿Cómo responde el argumento de que trasladarle fondos del PANI al Ministerio de Seguridad Pública es un paliativo a los problemas de ese Ministerio y que más bien se trata de ver cómo no se aprueba el impuesto a las sociedades anónimas?
– No tiene absolutamente nada que ver. El Ministro de Seguridad Pública pidió recursos ya, dijo que era urgente, que estaba en grandes problemas. Si el Presidente de la República y el Ministro de Hacienda fueron tan irresponsables en que fue el único ministerio que no creció, más bien decreció y no le dio recursos, pues nosotros tomamos la decisión de dárselos.
Si el impuesto de personas jurídicas se aprobara hoy o mañana los recursos de ese impuesto se van a ver dentro de un año, no hoy y el Ministro de Seguridad pidió los recursos ya.
Al ver que se le quitan recursos del área social para pasarlos a seguridad ha surgido la crítica de que hay una perspectiva ideológica neoliberal detrás de esa decisión…
– Creo que la perspectiva ideológica cualquiera que sea en este momento son justificaciones tontas, porque en este momento el PANI está quedando con todos los recursos que necesita, incluso el presupuesto le creció en un 3,5%, siempre han llegado a una ejecución del 70% al 72%. ¿Entonces? Tiene los recursos, la plata que necesita, incluso la Presidenta Ejecutiva fue muy clara en decir que para lo que necesitaba plata era para nombrar 800 plazas, nosotros no estamos de acuerdo con que crezca más el sector público, es una irresponsabilidad. Tiene los recursos que necesita para sus programas sociales, ningún chiquito se está quedado sin comer, es una mentira, aquí no es un tema ideológico, es un tema de responsabilidad de que en este momento hay una emergencia en el tema de seguridad y el Presidente de la República no le dio los recursos necesarios al Ministerio de Seguridad , entonces nosotros tuvimos que hacerlo.
