El Concejo Municipal de San José acordó este lunes, de manera unánime, excluir a su personal de la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica, tal y como lo establece la Ley Marco del Empleo Público.
Durante la sesión del Concejo, se presentó una moción -similar, pero no idéntica, a la que promueve la Unión Nacional de Gobiernos Locales- para establecer que los parámetros con los que se evaluará el trabajo de los funcionarios serán establecidos por la propia municipalidad y no por el Mideplan.
Antes de votar, los regidores recibieron en audiencia al secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Albino Vargas, quien se refirió a los conflictos que podría implicar la implementación de la mencionada ley y sus afrentas a la autonomía municipal.
“Estamos viviendo el momento más crítico, más agudo, más delicado de la autonomía constitucional de las municipalidades en Costa Rica”, dijo el sindicalista y agregó que estaba “sorprendido con el nivel de improvisación y aventurerismo político” con el que se formuló la Ley de Empleo Público y su reglamento, amenazando “la concepción de Estado Social de Derecho”.
Vargas señaló el peligro que representaba la mencionada normativa no solamente a la calidad de vida y los derechos de las personas trabajadoras, sino la forma en que consolidaba lo que considera es “un estado de corte autoritario”, centralizando la autoridad sobre todas las instituciones y entidades públicas en el ejecutivo.
El alcalde de San José, Johnny Araya, indicó que la moción corresponde a una preocupación que comparte la administración con los sindicatos, sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal y la aplicación de varios regímenes salariales y laborales a lo interno de la misma institución.
A solicitud de Araya, el director de talento humano de la municipalidad, Allan Vásquez, explicó el criterio técnico y jurídico que justifica el acuerdo y detalló que el mismo no implica que la entidad quede excluida de la ley, sino solamente, que el municipio capitalino ejercerá la rectoría sobre su personal, en acuerdo con la misma.
Las y los regidores presentes apoyaron con su voto la moción, reiterando que la misma se apoyaba en criterios técnicos y que no contradecía el ordenamiento jurídico.
