Una mujer de 27 años, vecina de Cartago, asegura que el Patronato Nacional de la Infancia y su propia familia la separaron por la fuerza de sus tres hijos a causa de su orientación sexual.
La joven denunció a UNIVERSIDAD que valiéndose de artilugios legales y mentiras, una trabajadora social de la entidad ordenó que los niños se mantuvieran bajo la custodia de la abuela (su madre) pues no consideraba idóneo que ella los tuviera a cargo, pues tiene una pareja del mismo sexo. “Es hasta que usted se cure”, afirma que le dijo la funcionaria, cuando dictó la medida cuatelar de cuido a cargo de la abuela.
El PANI, por su parte, asegura que “no hace distinción o discriminación de ningún tipo para atender los casos que conoce derivados de situaciones violatorias de derechos hacia los niños y niñas” y explicó que el caso se encuentra en proceso de alzada (es decir, de revisión por parte de los órganos superiores de los que intervinieron previmente). Además, hay un recurso de amparo, que fue interpuesto por la mujer y que ya fue contestado por la entidad, que está pendiente de resolución.
“María” (a quien hemos cambiado el nombre para proteger su identidad, así como la de sus hijos) tiene tres niños: el mayor tiene once, le sigue una niña de ocho y un bebé que está por cumplir dos años. Hasta julio, vivían en un apartamento con su madre. Ahora, viven con su abuela, una mujer muy católica que a su vez, es madre de cuatro hijas. María es la menor y estudia odontología en la Universidad de Costa Rica.
Según cuenta la mujer, tiempo antes de que todo esto sucediera, ella se dio cuenta que su exesposo había cometido actos de abuso contra su hija, por lo que presentó una denuncia (que aún está en trámite en la vía penal), se separó de él e inició el proceso de divorcio, que culminó a principios de este año.
Unos meses después, comenzó una relación con otra mujer. Según cuenta, esto generó comportamientos hostigadores y violencia psicológica por parte de su madre contra ella, pues rechaza su orientación sexual y constantemente le decía que “siendo así” ella no podía estar a cargo de los niños pues no les estaba enseñando “valores cristianos”.
Tanto fue el rechazo, dice, que incluso “se hizo pasar por una vecina” e interpuso una denuncia anónima en su contra, alegando que los niños no comían bien, no iban a la escuela, que las condiciones de limpieza no eran óptimas y cosas por el estilo. No obstante, cuenta que la trabajadora social del PANI, Tatiana Quesada, verificó con vecinos y familiares así como con una visita a la casa y le dijo que la denuncia se archivaría “porque no tenía sustento”, aunque esto no ocurrió.
En esos meses, a raíz del proceso penal por los abusos contra su hija y del rechazo de su familia, María comenzó a sufrir episodios de depresión y en julio pasado, tuvo que acudir al hospital para ser tratada. Con ese fin, dice, le pidió a su mamá que le cuidara los niños. A la salida de la cita con el psiquiatra, este le sugirió que descansara unos días, por lo que nuevamente pidió apoyo de la mujer, quien accedió. “A pesar de los problemas, mi mamá siempre había sido buena con ellos, yo jamás pensé que me hiciera esto”, dice.
El problema, cuenta María, es que pasados un par de días, cuando había acordado recoger a los pequeños, su madre no se los quiso devolver, por lo que llamó al 911 para pedir la intervención de las autoridades. Su sorpresa fue que la trabajadora social del PANI, siempre Tatiana Quesada, dictó como medida cautelar que los niños permanecieran con la abuela “mientras se aclaraba la situación”.
En el expediente del caso, efectivamente, el PANI afirma que aunque la madre denunció que los niños estaban retenidos contra su voluntad y considerando que la madre los había dejado allí de manera acordada días antes, la funcionaria procedió a “mantener las condiciones fácticas imperantes, ya que apenas está tratando de vislumbrar los factores de riesgo”.
Desde entonces, los niños han permanecido con la abuela materna y según María, ha tenido muy poco acceso a ellos; todo por causa de su orientación sexual. “Un día ella (la trabajadora social) me habló de mi relación de pareja, que eso no era bueno para los niños y que la medida era hasta que yo me curara, refiriéndose a mi relación”, narra María.
En estos cuatro meses, dice la joven, tanto el Pani como su familia se han valido de excusas, como que pidiera apoyo para atender su salud mental e incluso, la misma crisis de salud mental que sufrió (y atendió), para mantenerla alejada de sus hijos e incluso, para impedir que su hijo menor tenga acceso a la lactancia materna. Además, asegura que los niños le cuentan que la psicóloga y la trabajadora han tratado de ponerlos en su contra, al igual que su propia madre.
“Al final es eso, que mi mamá y la trabajadora social no quieren que yo los tenga porque no creen que yo les esté inculcando los valores que ellas consideran correctos, o sea, valores cristianos”, dice María.
UNIVERSIDAD preguntó al PANI si era una politica institucional sostener la condición en que se encuentra un niño o niña, independientemente de la voluntad de sus encargados, como en este caso. Además, preguntamos qué políticas existen en la institución para la atención de familias monoparentales a cargo de una persona LGBTIQ o bien, de familias homoparentales.
También, reconociendo la posibilidad de que los prejuicios propios de una persona funcionaria sean obstáculo para el cumplimiento de derechos, consultamos las formas en que la entidad garantiza que se respeten los derechos de todas las poblaciones, qué mecanismos de revisión existen para casos -como este- en que la versión de la persona funcionaria y la de la persona progenitora de los menores se contradicen; y qué acciones correctivas y restaurativas se toman si se determina un error. Finalmente, pedimos que nos indicaran qué tanto se toman en cuenta los valores religiosos en el proceso de determinación del interés superior de los menores y cómo se verifican los casos en que puedan mediar sesgos personales del funcionariado.
En respuesta a las consultas, el PANI indicó que no hace discriminación alguna y que en cada caso “priva el interés superior del niño, lo que significa que se resuelve con base en la situación fáctica garantizando que las medidas que se adopten protejan y le garanticen al niño un ejercicio pleno de sus derechos”.
Agregaron que en su accionar, la institución “toma como fundamento de su acciones la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de Niñez y Adolescencia y el Modelo de Gestión de los Procesos Institucionales, entre otra normativa donde se reconoce el derecho del niño y niña a crecer y desarrollarse en familia”. Así, dicen, las medidas tomadas tienen el único fin de garantizar el “mejor interés y la restitución de los derechos de la persona menor de edad y el debido proceso a los padres y madres de familia sin distinción alguna”.
La entidad también brincó un resumen del caso en que indicó que en mayo del 2021 ingresó una denuncia “por supuesta negligencia” contra los tres menores, que luego la madre “entregó” a sus hijos a la abuela y que “ha presentado crisis psiquátricas”.
Además, detallaron que el 30 de julio se dictaron medidas cuatelares de cuido provisional con la abuela materna pues existen “medidas de protección por violencia doméstica contra la progenitora” y una denuncia penal contra el progenitor de uno de los niños, por supuesto abuso sexual. Cabe destacar que esa denuncia, consta en la documentación fue interpuesta por la misma madre, quien se encuentra separada y divorciada de su expareja.
Finalmente, indicaron que no se ha negado el derecho a la lactancia materna pues según palabra de la abuela, María dijo “no tener interés en continuar proporcionándosela a su hijo” y señalaron que “la señora presentó un recurso de amparo, ya fue contestado a la Sala Constitucional y se está a la espera de la resolución”.
