Luego de que en agosto la Sala Constitucional se trajera abajo la moratoria a la expansión piñera del cantón norteño Los Chiles, el debate sobre una moratoria nacional cobra fuerza por tratarse de una promesa de campaña del presidente Luis Guillermo Solís.
Jeffery López, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y de la campaña Piña Sin Derechos, fue enfático al expresar que ante la decisión de la Sala IV “el escenario que vemos es el de movilización”.
Según detalló, ese movimiento se dirigirá en primer lugar a la Municipalidad de Los Chiles para que busque respuestas y abra procesos de diálogo con los sectores afectados.
En segunda instancia, se refirió a la movilización ante el Poder Ejecutivo, “fundamentalmente por la promesa de campaña y responsabilidad del Presidente y de sus ministros de parar la fiesta” que, según dijo, se mantiene en el cantón, el cual no cuenta ni si quiera con un plan regulador que proteja áreas sensibles de recarga acuífera.
SENTENCIA POLÉMICA
El fallo de la Sala Constitucional fue dado a conocer desde el 12 de agosto, sin embargo, al cierre de edición solo se encontraba disponible el “Por tanto” y no la sentencia completa.
El Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), con lo cual anuló un acuerdo del Consejo Municipal de Los Chiles de julio de este año.
Ese acuerdo había establecido una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos y autorizaciones municipales, así como certificados de uso para la construcción e instalación de fincas piñeras.
La sentencia de la Sala IV fue redactada por el magistrado Fernando Castillo y fue aprobada por voto de la mayoría. Sin embargo, el magistrado Fernando Cruz declaró sin lugar el recurso y salvó el voto.
UNIVERSIDAD consultó al magistrado Castillo si la sentencia implica que los gobiernos locales no pueden adoptar medidas para proteger el ambiente y la salud de los ciudadanos. La respuesta del jurista fue que “evidentemente sí”, pues siempre tienen la potestad de acudir al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) o al Ministerio de Salud.
En declaraciones a Radio Universidad, Castillo había explicado que la consideración de la Sala fue que la moratoria imponía un límite al ejercicio de un derecho fundamental, lo cual solo se debe hacer mediante una ley.
Según dijo, “para la mayoría (de magistrados de la Sala) una prohibición de una actividad económica es una limitación a un derecho fundamental y por reserva de ley lo debe hacer el parlamento”.
Lo justificó en que en el Poder Legislativo, “todos los actores pueden hacerse oír y después del análisis en comisiones se puede llegar a una conclusión cierta y adoptar una decisión política. Eso no se tiene en un ámbito de Concejo Municipal a pesar de que es representativo”.
El magistrado Castillo aseveró además que “la Sala IV no se opone a la protección de la salud” y como ejemplo de ello recordó que ese tribunal validó la prohibición que se estableció en una ley contra el fumado en recintos privados y contra la publicidad de cigarrillos.
Añadió que el artículo 28 de la Constitución Política establece la posibilidad de prohibir acciones privadas que dañen el orden público, “lo que conlleva la protección de la salud y el medio ambiente de todos los costarricenses”.
Al respecto, el activista López expresó que “las comunidades lamentamos la decisión de la Sala de poner por encima del derecho a un ambiente sano -por mencionar solo uno-, el derecho de las empresas de seguir haciendo negocios, a pesar de que la Municipalidad de Los Chiles no tiene instrumentos técnicos que logren determinar si las piñeras afectan o no la salud”.
Insistió en la falta de un plan regulador que resguarde las áreas de recarga acuífera, de fuentes de agua para consumo humano y afectación a personas, “es una fiesta lo que se tienen”, enfatizó.
Recordó que las comunidades afectadas por el cultivo de la piña acudieron al gobierno local porque justamente fue uno de los temas de campaña común a todos los partidos en las últimas elecciones municipales.
Ante lo explicado por el magistrado Castillo, que una moratoria deberá ser establecida por medio de una ley, López apuntó que el escenario de la Asamblea Legislativa es “muy complicado para llevar adelante una moratoria, no hay una correlación de fuerzas en favor de las comunidades”.
En sitios como Talamanca y la zona Norte ha sido notoria la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos utilizados en el cultivo de la piña. Es notorio el caso de las comunidades de El Cairo, Francia, Luisiana y Milano, de Siquirres, que desde el 2007 reciben el agua a través de camiones cisterna, pues los mantos acuíferos de los que tomaban el recurso fueron contaminados con agroquímicos por la misma actividad.
Según denunció UNIVERSIDAD en su edición del 17 de febrero, hay más de 40 expedientes de denuncias por daños ambientales contra empresas piñeras que hacen fila en el TAA.
“LA MORATORIA NO RESUELVE NADA”
En el llamado “Pacto Ambiental” -concertado por el entonces candidato a la presidencia Luis Guillermo Solís y el sector ambientalista, concretamente en el punto 8 del capítulo “Posición del Partido Acción Ciudadana y su candidato Luis Guillermo Solís sobre los aspectos relativos a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”, se apunta la necesidad de establecer una moratoria a la expansión piñera.
“Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo con el principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia, para prevenir la contaminación del ambiente y de las fuentes de agua de las cuales se abastecen las comunidades vecinas”, indica ese texto.
Sin embargo, el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, dijo no coincidir con el criterio de que el país requiere una moratoria a la expansión piñera, pues se trata de una actividad que “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de empleos de calidad”.
Explicó que el mencionado pacto “fue una propuesta desarrollada exclusivamente por el sector ambientalista del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Frente Amplio” y añadió que “lo oficial” es el plan de gobierno que fue presentado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denominado “Plan Rescate” y en el cual “no existe mención alguna a una moratoria del cultivo de piña”.
Arauz consideró necesario “superar esa visión dicotómica y conflictiva en la relación producción ambiente, en la que sectores productivos y sectores ambientalista se miran con desconfianza”. Acotó que debe reemplazarse por una visión en la que la relación entre ambas corrientes sea “sinérgica”.
Asimismo, informó que el MAG, junto al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el sector privado puso en marcha un plan para “reducir el impacto negativo de la actividad”, entre otras cosas “reduciendo el uso de plaguicidas”.
El jerarca añadió que los problemas ambientales que causa esa actividad “no se resuelven con moratorias, sino con trabajo concertado con los sectores”, junto a estímulos de mercado “ligados en muchos casos a certificaciones como Fair Trade y otras”.
Tras confirmar que no promoverá un decreto en este sentido, insistió en que “la moratoria no resuelve nada”, aunque reconoció que el tema de la contaminación con el agroquímico bromacil preocupa, y que se trabaja en “una producción más responsable y sostenible”.
