Cinco meses tardarían el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda en realizar los estudios de pre-inversión para determinar las obras necesarias y buscar el financiamiento que permitan completar la ampliación de la Ruta 32.
Esto es lo que ofrecieron los ministros respectivos, Luis Amador y Nogui Acosta, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, este martes por la tarde, en la cual también recomendaron desechar el “Expediente 23037. Ley para Completar el Financiamiento de la Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 32 Sección: Intersección con la Ruta Nacional 4-Limón”.
Previamente, el funcionario de Hacienda, Melvin Quirós, presentó un resumen de la situación actual de las obras en esa carretera, que comunica al país con la provincia de Limón.
Quirós recordó que el proyecto de ampliación se origina en contratos de 2016 y lleva en ejecución cinco años y 10 meses, pero “podría extenderse hasta abril 2024, para un poco más de siete años de ejecución”.
Si bien el monto total de la obra es de US $485 millones, que son financiados por sendos créditos, la obra “ya va por los US $530 millones” y requiere de una contrapartida nacional de US $134 millones, dijo el funcionario.
El avance físico del proyecto es de un 73% y se ha ejecutado el 64% del financiamiento, relató.
Sin embargo, entre los “principales retos, se encuentran pendientes de realizar 265 expropiaciones del total de las 567 necesarias”, explicó.
Además, dijo que existen dificultades en cuanto a ponerse de acuerdo con los diseños de las obras entre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como “algunos vacíos del contrato”.
El funcionario también resaltó que el expediente en discusión por la Comisión de Hacendarios solicita US $150 millones adicionales “para hacer ciclovías, calles marginales, pasos peatonales y otras obras”, pero también hace falta costear la supervisión, fiscalización y las nuevas expropiaciones.
Además, Quirós criticó que el proyecto plantea que los US $150 millones adicionales solicitados en el proyecto sean excluidos de la regla fiscal como tope al gasto del MOPT, pues “no identifica de dónde sacar esos recursos adicionales”.
Por su parte, el ministro Amador recordó que la Contraloría General de la República desde hace dos meses exige que se realice un estudio de preinversión que justifique las obras necesarias y su fuente de financiamiento.
“El proyecto por US $150 millones adicionales no tengo la más mínima idea de dónde lo sacaron”, comentó y especuló que se habrían tomado como referente las demandas de las comunidades, que “costarían unos US $180 millones”.
Sin embargo, dijo que la actual preocupación del MOPT es que, para “abrir la carretera como está ahorita aún faltan unos US $5 millones” y agregó que “estamos empezando ese análisis para justificar qué se necesita”.
Más adelante, el ministro sumó a las dificultades financieras el hecho de que “hay reclamos de la empresa por US $65 millones, sin haber considerado las obras complementarias”, aunque después aseguró que han logrado justificar una rebaja de US $15 millones de ese total exigido.
A su turno, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, identificó dos problemas como los principales del proyecto dejado por la administración pasada.
“Primero, no hay definición de cuánto va a costar y, segundo, que la exclusión de la regla fiscal no implica que no se afecte el déficit fiscal, que sí se verá afectado, sí habrá un impacto fiscal”, afirmó.
“Nos parece que debería quedar circunscrito a tener certeza del monto y hacerlo con los recursos presupuestarios que tenemos”, enfatizó.
Sin embargo, fue la presión de quienes integran la Comisión, en particular de la diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana, quien es limonense, la que llevó a que los ministros trazaran algo un poco más parecido a una ruta para solucionar el problema de la Ruta 32.
“Si bien este proyecto fue presentado por el gobierno anterior, parece que las exigencias financieras y técnicas solo aplican cuando es la provincia de Limón, porque sí se presupuesta para cunetas en San José sin tener el dinero”, dijo la diputada.
Y agregó que “es una barbaridad no saber cómo se va a terminar una ruta tan importante no solo para Limón, sino para el país. No quiero que se busquen pretextos para no avanzar y terminar una ruta que es tan importante. Por favor, tomemos el tema de la ruta 32 como una prioridad”, exigió a los ministros.
Finalmente, Amador sacó sus cuentas y aseguró que en un máximo de cinco meses tendría listos los estudios de preinversión, mientras que Acosta afirmó que “en ese momento podríamos tener una valoración de cómo financiarlo, con préstamos o con recursos nacionales del MOPT. Tendríamos un monto claro”.
Además, Amador se defendió afirmando que la terminación de la Ruta 32 “es una prioridad en mi agenda. Son US $5 millones para que pueda abrirse con medidas de seguridad y de ahí en adelante veremos qué hacemos con el resto”.
Fue entonces cuando la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión, pidió a los ministros opinar sobre si el proyecto en estudio debía mantenerse para incorporarle lo que determinen los estudios de preinversión o si era mejor desecharlo.
“Si bien no hay estudios, hay una urgencia y me preocupa no tener hasta el momento claridad.
Quiero saber si este proyecto puede ayudar en algo, que nos lo digan”, solicitó a los funcionarios.
El primero en responder fue el ministro Acosta, quien recomendó desechar el proyecto actual y que sea la administración Chaves la que presente aquél que le daría al país la solución.
“Lo mejor es desechar este proyecto y presentar uno que ya tenga claridad sobre lo que se necesita y su financiamiento. Realmente este proyecto no tiene una lógica legislativa”, opinó.
Esta vez, también flexibilizó lo que había solicitado al comienzo de su presentación, esto es, que las nuevas obras solo se financiaran con el presupuesto nacional y aseguró que se podría considerar un nuevo endeudamiento del país.
“No necesariamente el financiamiento puede ser por presupuesto, sino que por empréstito”, aclaró.
