¿Sabía usted que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene sus propias plantas de producción de mezcla asfáltica, las cuales ofrecían la tonelada a un precio inferior del que se podía conseguir en el mercado? Con un aprovechamiento idóneo del 75% de su capacidad el costo era de ¢33.550; no obstante, en el año 2018, el jerarca Rodolfo Méndez Mata cerró la operación de dichas instalaciones.
Precisamente, un estudio desarrollado ese mismo año, por el departamento de Producción del MOPT sobre los costos de producción de la mezcla asfáltica de la planta ubicada en Santo Domingo, Colima, para los años 2015, 2016 y 2017, evidenció que el valor por tonelada de mezcla asfáltica en dicha planta rondó entre los ¢30.769 y ¢29.108, para los dos primeros años, pese a que en esos períodos la producción apenas fue del 39% y 20%, respectivamente.
Para el año 2017 el costo por tonelada era de ¢55.734, pero en ese tiempo se desinfló la producción al mínimo nivel y solamente se aprovechó su capacidad de producción en un 4%.
“Mientras que las plantas de asfalto del MOPT se mantienen cerradas, la investigación por el caso “cochinilla” evidencia la deficiente calidad de la mezcla que usaban las constructoras, además de los posibles sobreprecios”.
Aclaró el informe entonces que “la diferencia entre una estimación y un cálculo unitario es que la primera no refleja el efecto de la cantidad de producto, pero que es evidente que entre mayor sea la cantidad de mezcla que se produzca el valor de los costos se van a distribuir en una mayor cantidad, reduciendo el costo unitario”.
Desde la perspectiva de quienes realizaron el informe en el año 2018, los precios unitarios del 2015 y 2016 son bastante competitivos, incluso menores que los que ofrecía el mercado, pese al bajo aprovechamiento de la capacidad instalada que se dio en ese período.
Haciendo una valoración de esos niveles de producción (39% y 20%), los investigadores del MOPT señalaron que, si se aprovechara toda la capacidad instalada de las plantas (al 100%) el precio unitario rondaría los ¢33.233, incluso si se bajara a niveles de productividad cercanos al 75% (que sería un monto óptimo) costaría los ¢33.550 por tonelada.
Solamente esta planta de asfalto del MOPT ubicada en Colima de Santo Domingo de Heredia tenía una capacidad instalada de 90 toneladas por hora; es decir, unas 116.740 toneladas por año. Y el ministerio contaba con otras tres plantas, en Cañas (Guanacaste), Siquirres (Limón) y Buenos Aires (Puntarenas).
Precisamente, en el año 2018 el tema generó controversia porque el ministro Méndez Mata aseguró que era más costoso producir el asfalto en el MOPT de lo que valía en el mercado privado —incluso que era ¢12.000 más alto—, además de una serie de cuestionamientos de índole ambiental.
Así lo aseguró el jerarca en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Ante el cuestionamiento de diputados sobre su responsabilidad en el cierre de las plantas, este indicó que el gobierno anterior (de Luis Guillermo Solís) había girado la orden.
No obstante, en comparecencia de la misma comisión, los exministros del MOPT, Carlos Villalta, y Germán Valverde, contradijeron a Méndez Mata sobre la existencia previa de una orden de cierre de las cuatro plantas asfálticas, que tuvieron un costo de ¢3.250 millones al país; así como del costo de producción.
En ese momento, el exviceministro Germán Valverde indicó que una tonelada de asfalto en el mercado rondaba entre ¢55.000 y ¢75.000, y respaldado por el estudio del MOPT se demostraba que en realidad el costo de producirlo en las plantas de la institución era mucho menor.
Dijo Valverde que los centros de producción de mezcla asfáltica podían ser funcionales y que lo que se requería era alcanzar un acuerdo con las municipalidades para vendérsela.
“Nunca se dio ninguna orden ni instrucción, escrita o verbal, de que las plantas de mezcla asfáltica fuesen cerradas en mi gestión. Tuvimos un apoyo absoluto siempre para que el trabajo siguiera adelante”, recordó Valverde.
Por su parte, Carlos Villalta fue enfático en señalar que durante su gestión nunca ordenó el cierre de las plantas, pues para él los cuatro centros de producción de mezcla asfáltica podían funcionar y dentro de sus planes estuvo siempre su uso.
Sin plantas estatales, ¿el negocio era de otros?
Mientras tanto cerraron las plantas estatales, las empresas vinculadas con el caso “cochinilla” mantenían sus proyectos con mezcla asfáltica que producían en sus propias plantas, la cual se evidenció en el expediente de investigación que tenía serios problemas de calidad, los cuales eran supuestamente minimizados por las verificadoras, tanto por dádivas, como por nexos empresariales.
Un ejemplo de esto es la transcripción de una llamada telefónica entre Óscar Martínez Martínez de la empresa supervisora de carreteras ITP y Alberto Jara Murillo, gerente general regional de ITP, en la cual conversaban sobre los problemas que tenían con la constructora Meco, específicamente con sus plantas de asfalto.
El expediente, también explica que para Meco producir y colocar la mayor cantidad de mezcla asfáltica posible en las carreteras del país era uno de sus principales intereses, pues este negocio representa alrededor del 60% de sus ingresos de la empresa.
En la construcción del Paso a Desnivel en la Intersección de las Garantías Sociales, proyecto estimado en unos $17,6 millones y que fue adjudicado a Meco, el expediente del OIJ muestra que la composición de la mezcla asfáltica usada era deficiente y defectuosa, al tiempo que se pretendía abaratar costos y mantener las ganancias corporativas.
Según el expediente, la mezcla asfáltica utilizada en Garantías Sociales que se colocó correspondía a cemento asfáltico y agregado pétreo removido en las calles; es decir, se reutilizaba y cobraba en obra nueva bajo la mampara de que se cumplía con la calidad y exigencias del proyecto.
Además, se le agregó el aditivo “Elbaloy” para que tuviera un aspecto visual favorable y obtener informes de supervisión de calidad “que se ajustaran a la verificación de calidad de ITP”; y se encontró que carecía de polímeros (sustancias que se añaden al asfalto para mejorar la calidad y la durabilidad).
En otra parte del expediente, el informe policial indica que la colocación de mezcla asfáltica es “indudablemente uno de los objetivos principales de la organización (grupo delictivo como clasifica a los imputados), debido a que esta labor es el trabajo más rentable y cuantioso para la economía de la empresa (Meco). Todos los intervinientes tienen conocimiento e injerencia en la producción de la mezcla que se coloca en nuestras calles”.
De hecho, retoma el informe que la deficiencia en la mezcla asfáltica, en términos de calidad y durabilidad demostrada en diversos proyectos, trató de ser solapada con el supuesto pago de dádivas o promesas de retribución para los administradores viales como Cacisa o los laboratorios de calidad, para que generaran resultados positivos para la empresa, evitando la ejecución de garantía y castigos económicos.
