El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acudió este lunes al plenario de la Asamblea Legislativa para presentar un informe sobre la política fiscal en el que dejó claro que la prioridad del Gobierno es reducir la relación deuda / Producto Interno Bruto (PIB) y aspirar a superar en el 2025 las restricciones generadas por la Regla Fiscal. Y esto, aseguró, permitiría crear espacios para que el siguiente gobierno aumente la inversión social.
En la primera presentación de este tipo de informe según lo dispuesto por la ley 10.399, Acosta se mostró a la defensiva, particularmente en el tema de la inversión social, pues ante los reclamos de la mayoría de los diputados de oposición por privilegiar los resultados de macroeconomía, a costa de sacrificar la inversión social, Acosta aseguró que en el último año se presentó un crecimiento de ₡57 mil millones “poco, pero un crecimiento”.
De esta manera, intentó salir al paso a las críticas por la caída de la inversión social durante la presente administración al nivel más bajo de la deuda, así como los reclamos por los recortes en las becas estudiantiles de Avancemos, los bonos de vivienda, y en general los presupuestos para educación, salud y protección social.
Incluso Acosta recurrió a un contraataque, al indicar que “el Ministerio de Hacienda no tiene monopolio de la responsabilidad fiscal; quiero llamar la atención a los diputados de que decisiones que tomen en Plenario tienen fuertes implicaciones”.
En este punto, manifestó que entre mayo del 2022 y diciembre de 2023 se presentaron 37 proyectos de ley que buscan crear una exoneración o reducir la recaudación tributaria, solo dos leyes aprobadas (10.382 y 10.390) redujeron ingresos tributarios en ₡77 mil millones, y hay dos proyectos que nos preocupan (23.631 y 23.500) que podrían reducir la recaudación en más de ₡1,6 billones.
En su presentación, insistió en que el Gobierno ha mantenido una política fiscal responsable, al reducir el gasto público, y que logró contener la deuda (crecimiento de 1,9% en el 2023), frente a un crecimiento de la producción de un 5%. Pero llamó la atención de lo que llamó “el problema de todos los ministros de Hacienda”.
Acosta indicó que solo en junio deberá enfrentar el vencimiento de ₡700 mil millones, por lo que se requiere pensar en una gestión de caja efectiva. “El problema de todos los ministros de Hacienda es que el 60% de la deuda se vence en los siguientes seis años. Se va pasando así, cada cinco años para adelante, por eso venimos tratando de alargar los plazos, hacer colocaciones a 30, 20n años”, dijo.
Empero, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), le cuestionó que presentara cifras macroeconómicas extraordinarias para las agencias calificadoras internacionales, pero con poco impacto para sectores de la población del país. “¿De qué le sirve a la gente de Costa Rica la sanidad de las finanzas a nivel macro, cuando hay menos empleo, menos condiciones? Hay dos Costa Ricas, una de la macroeconomía, y otra de los que tratan de sobrevivir”, dijo.
Su compañero de bancada, el diputado Eliécer Feinzaig, a su vez cuestionó los cálculos oficialistas, según los cuales la deuda está decreciendo.
De hecho, Acosta aseguró que gracias a la actual administración, la relación deuda / PIB no llegó a un 68% en el 2023, sino que se quedó en un 61%. Empero, Feinzaig cuestionó que se utilizara una medición con colones, a pesar de que la mayoría de la deuda es en dólares, e incluso afirmó que esta aumentó un 7%. El diputado del PLP insistió en que no hubo una buena gestión, sino “suerte, o una gran manipulación con el tipo de cambio del dólar”.
Esta visión crítica también se presentó en las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio (FA) y Nueva República (NR).
La diputada Katia Rivera, del PLN, insistió en la crítica de que se quiere presentar “números bonitos”, a costa de aumentar la desigualdad que ya era un problema serio del país. “Estamos viviendo un ahorro muy caro, porque perpetúa la pobreza. El país experimenta un crecimiento, pero sin empleo, vemos que esta práctica económica ha destruido 125 mil empleos”, manifestó.
Su compañera de bancada Paulina Ramírez también rebatió que existiera un manejo responsable de la política fiscal, y ejemplificó que en la comisión de Hacendarios, de las cinco propuestas de ley presentadas por el Gobierno “todas presentaron deficiencias importantes, y el Gobierno ni siquiera se ha acercado” en procura de remediar esta situación.
Mientras Alejandro Pacheco, jefe de fracción del PUSC, retrató la situación en el sentido de que “la responsabilidad fiscal del Poder Ejecutivo, se ha convertido en irresponsabilidad social. Se anteponen las cifras fiscales sobre la calidad de vida de las personas, ¿Qué gana con recortar en el gasto social, por qué no recortar en otros rubros como publicidad o viajes?”, manifestó.
