Este 2019 ha sido reincidente en cuanto a las principales preocupaciones que tienen que ver con el medio ambiente: el inexorable avance del monocultivo industrial de piña, contaminación de fuentes de agua por agroquímicos y la amenaza de la pesca de arrastre.
En entrevista concedida a UNIVERSIDAD, Carlos Manuel Rodríguez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se refirió a la contradicción de que las soluciones a esos temas escapan legalmente a esa cartera y al impacto de la regla fiscal en la institución. También destacó la urgencia de resolver el problema de la renovación de los alcantarillados sanitarios en la Gran Área Metropolitana (GAM).
¿Qué le ha frustrado este año?
La frustración más grande que tengo es que los temas ambientales pendientes que tiene el país se le imputan al Minae, cuando no son responsabilidades legales directas: todo el tema de contaminación, temas agrícolas, químicos, pesca…
¿Choca con otros ministerios?
No es que chocan, es que el 50% de las disposiciones legales ambientales le corresponde al Minae, y el 50% a otras instituciones. El Minae no es la única institución que tiene responsabilidades ambientales, hay otras instituciones que las tienen, del gobierno central y de instancias del Estado como las Municipalidades con los temas de desechos sólidos.
El tema de pesca es competencia del Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Minae no tiene injerencia en eso, hasta la semana pasada que se cambió la ley que conforma la junta directiva y el Minae estará formalmente, es una buena noticia porque significa que el Minae tendrá influencia en la gobernanza del recurso pesquero y traer temas de sostenibilidad. No fue fácil porque el sector pesquero se oponía, ve el Minae como una amenaza, les digo que no, que si quieren pesca responsable es mejor tener al Minae para ayudar a movernos a una pesca más responsable y sostenible.
En los temas que le han correspondido históricamente al Minae, ha sacado la tarea. En el tema forestal, vida silvestre, biodiversidad, áreas protegidas, energía.
Entonces, mi frustración como Ministro de Ambiente es que se se nos critica… soy completamente transparente y claro, es una frustración que como Ministro tengo, pero a la vez tengo un sentido de responsabilidad de que el Gobierno es uno, todas las instituciones tienen que halar en la misma dirección, y el Minae tiene que hacer un esfuerzo para que aquellas instituciones públicas que tienen responsabilidades ambientales en donde no se ha cumplido, empiecen a cumplir.
¿Están todas las instituciones halando en la misma dirección?
Diría que en la parte programática y teórica sí, porque no veo al Ministro de Agricultura o al Ministro de Salud diciendo que a esos temas no hay que entrarles. Ellos dicen “hay que entrarles, necesitamos ayuda, necesitamos fortalecer, hacer cambios y ajustes”.
Pero entonces -le transmito mi frustración- aún cuando tenemos temas bien peliagudos aquí en Minae, bien que mal, la tarea se ha hecho.
Tenemos un problema de erosión genética de la biodiversidad, de tala ilegal, sí claro, pero los grandes temas gruesos los hemos venido resolviendo. En todo el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas es representativo de la diversidad biológica del país y un sistema de corredores y de conservación privada que ha nacido todo del Minae.
El mismo Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) atraviesa problemas presupuestarios.
Ah sí, claro. Vamos a ver, no tiene problemas presupuestarios, tiene problemas para acceder a los recursos, porque el Sinac tiene bastante plata pero tenemos dos problemas muy concretos. Uno es que al Minae se le aplican restricciones de uso de presupuesto basado en las políticas de contención de gasto, porque para efectos operativos del Ministerio de Hacienda, los recursos del Sinac son transferencias, eso significa que nos da sólo el 50% de los recursos del Sinac por transferencias, el otro 50% lo generamos nosotros. Al 100% del presupuesto del Sinac se le ponen topes de gasto y medidas de contención. En el primer presupuesto tuvimos un recorte del 5%, en este presupuesto otro de 5% y se nos ponen reglas como por ejemplo que no se puede contratar personal, se pensiona una persona y se cierra la plaza, cuando nosotros podríamos caminar fuertemente hacia la autosostenibilidad financiera del Sinac.
La norma (regla) fiscal es un tema que se nos ha aplicado muy fuertemente, nos dice en qué podemos y en qué no podemos usar los recursos del Sinac, cuando debería ser el Sinac el que determine cómo utilizar los recursos, ahí tenemos una limitación muy concreta, muy específica. Eso se resuelve con una ley y trabajamos en una para quitarle ataduras al Sinac, bajo el concepto de reforma del Estado, la versión moderna, donde las instituciones tienen que ser autosostenibles y el Sinac puede llegar a serlo en un corto plazo de cinco a diez años, aumentar sustancialmente sus ingresos y dejar de depender de la salud financiera del gobierno central para crecer.
Está claro que hay temas competencia de otros ministerios e instituciones, pero ¿cómo se contesta desde el gobierno la indignación de la gente, cuando se ve la imagen de Costa Rica que se vende en el extranjero, y por otro la viabilidad ambiental que se le dio a Pindeco en la zona Sur?
No ha habido viabilidad ambiental a ese proyecto.
Se le dio en 2016.
Pero no se le está dando de nuevo. Primero, nosotros no andamos vendiendo la imagen, promovemos la gestión ambiental que ha hecho este país, que no lo han hecho otros países. Segundo, qué dicha que en este país cualquiera puede discernir y criticar el gobierno, cuando en otros países ni siquiera eso se puede y eso es parte del sistema democrático que tenemos. No somos perfectos, ni mucho menos.
Hay cosas que hemos hecho que no ha hecho nadie y que incluso países desarrollados lo ven como una aspiración a largo plazo, un esfuerzo que esta sociedad ha hecho y que tiene que sentirse orgullosa. Pero nosotros no estamos usando eso para tapar que tenemos problemas serios que tenemos que resolver: el problema de los ríos y el valle Central, eso lo vamos a resolver, no tengo la menor duda, pero vamos a durar 20 años.
¿Tenemos 20 años?
Eso es lo que vamos a durar, le soy sincero, porque necesitamos invertir $250 millones al año en obras sanitarias para revertir eso y todo el proceso que este gobierno está haciendo de rescatar las áreas de protección, pasar los planes de ordenamiento por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), mejorar la matriz del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Toda esa parte es la base en la cual uno avanza en resolver los problemas. No es un tema de ingeniería, es un problema de uso de suelo, de planificación y diseño.
Pero no he terminado de contestarle la frustración. Es frustrante que a mí me caigan los rayos de temas que no me competen, pero no he bajado la responsabilidad, porque somos un gobierno, somos uno.
Entonces desde la administración anterior se ha venido haciendo un sistema de planificación sectorial, como rector del sector ambiente, reúno a los otros ministerios, partimos de una visión en conjunto de cómo entrarle a los temas y empezamos a determinar acciones que ya no son del Minae o de Salud, sino que son acciones sectoriales. Esa es la base fundamental, si no se empieza por eso, nunca se logra el impacto a la escala que se requiere.
Pero a la vez tenemos que tener un entendimiento político del reto y eso no lo hemos tenido. ¿Usted ha visto alguna vez un Ministro o Viceministro de Salud que sea ingeniero sanitario? Nunca lo ha habido. Entonces no podemos esperar que los problemas de sanidad ambiental que le corresponden a Salud se empiecen a resolver, si políticamente no entendemos el perfil de la gente que tenemos que nombrar ahí.
El tema sanitario queda relegado políticamente a un nivel que ha demostrado que no nos resuelve el problema en un contexto donde la sociedad pasó de ser de arraigo rural a urbana. En 20 años el 70% de la población estaremos viviendo en zonas urbanas.
No andamos vendiendo una imagen, tenemos todo un plan de gestión diplomática internacional con objetivos muy claros en donde todos estos temas los reconocemos, no somos un país perfecto, tenemos problemas ambientales muy serios, pero hemos resulto otros igualmente serios a nivel de planeta.
El tema de piña de fondo es un tema de ordenamiento territorial, pero un segundo tema, no menos importante, es la falla que tiene el Estado en hacer el seguimiento y monitoreo. Cualquier empresa piñera o de lo que usted quiera, va y cumple con todos los requisitos de Setena, que al momento en que se le da la viabilidad es donde tenemos los problemas, porque el Estado no tiene ninguna capacidad de hacer fiscalización y monitoreo.
En Setena tenemos que hacer cinco personas para hacer eso, en la Dirección de Geología y Minas, tenemos seis personas para hacer todo lo demás y aquí todo el mundo quiere hacer más pequeña la planilla del Estado.
En 2002, cuando yo era ministro, enfrenté lo mismo con el sector minero respecto al oro. Establecí una moratoria a la minería de oro, no porque yo no quería el oro o las empresas, sino porque era un mal negocio para el Estado. La moratoria se basó en tres elementos: uno, no puede ser que el Estado sólo gane el 2% del valor del recurso que se explota; dos, el Estado no tiene capacidad de hacer monitoreo y verificación de la operación de las empresas mineras y tres, esas empresas han demostrado que no tienen conocimiento ni tecnología para hacer minería de alto impacto en ecosistemas tropicales.
Hoy esos mismos elementos se pueden ver en temas que tienen que ver con la agricultura intensa en agroquímicos. Se da un permiso, una empresa opera, en el papel cumple con un montón de cosas y después vemos que terminan fumigando escuelas y contaminando las fuentes de agua. Tenemos un problema muy concreto ahí, en condiciones en que la Asamblea Legislativa nos recorta presupuesto, tenemos una situación financiera difícil. Hay que fortalecer las capacidades del Estado y esto es básicamente lo que hicimos en el pasado y nos funcionó.
No veo que haya una falta moral sobre este tema, reconozco que hay problemas muy serios y los estamos abordando.
El director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la UCR ha dicho que no sabemos qué tenemos en los mares, el director de la Fundación Marviva ha dicho que tampoco se conoce cuánta gente se dedica a la pesca.
Estoy muy preocupado, pero estamos ocupados también. Desde que entró esta administración, una de las primeras cosas que hicimos en el Minae… nosotros somos el rector del océano, no de la pesca. Esa es una de cinco actividades que se hace en los océanos al igual que seguridad, transporte y comercio, investigación científica y turismo, pero ninguna de esas actividades estaba enmarcada en la gobernanza.
Lo primero que hicimos fue oficializar el nuevo mapa de Costa Rica: 92% del territorio son océanos, y es diez veces más grande de lo que pensábamos. Lo más importante es el decreto de Gobernanza Marina de junio de este año, en el que creamos una instancia de gobernabilidad de los océanos. Así como creamos un sistema de organización territorial administrativa en la parte terrestre, en el océano tenemos que hacer lo mismo y tenemos que empezar por el tema de gobernanza. Tuvimos mucha resistencia del sector pesquero, decían que le íbamos a quitar al Ministerio de Agricultura (MAG) la competencia, nosotros estamos por encima del MAG, porque somos el rector de los océanos. La primera tarea en el decreto, es hacer exactamente lo mismo, la planificación espacial marina, como un plan regulador. Tenemos que hacer la investigación y tenemos un proyecto de $5 millones, hemos hablado con varios donantes y si todo sale bien el año entrante empezamos a hacer el estudio de planificación espacial marina, que nos va a dar información que no tenemos para saber qué es lo que tenemos en los mares, cuál es la capacidad de uso de los recursos de los mares y ordenar los sectores, porque andan por la libre, y así bajo una estructura de gobernanza empezar a establecer todas las regulaciones que requerimos.
¿Existe la pesca de arrastre sostenible?
No, no existe.
