Al principio de las investigaciones sobre el Aldesa Corporación de Inversiones S. A. y el Proyecto Turístico Inmobiliario Monte del Barco, ambos administrados por el Grupo Aldesa, representantes del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial sostuvieron una reunión privada con Javier Chaves, presidente del grupo bursátil y su representante legal, Francisco Campos.
Según un documento emitido por el Poder Judicial al que UNIVERSIDAD tuvo acceso, el 27 de julio del 2013, el entonces fiscal adjunto Warner Molina Ruiz (hoy fiscal general a.i.), el fiscal coordinador Ólger Calvo, la fiscala auxiliar Karen Guzmán junto con las auditoras del OIJ, Elizabet Chacón y Diana Molina se encontraron en la Sala de Juicio N°6, en el edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José en el contexto de la denuncia penal interpuesta por los manejos del fondo Monte del Barco.
La reunión, indica el expediente, se dio a solicitud de Francisco Campos y Javier Chaves, y tuvo por objetivo “exponer los hechos sobre el desarrollo del proyecto de desarrollo turístico e inmobiliario […] a los representantes fiscales y a los auditores forenses del Organismo de Investigación Judicial, así como de someterse a cualquier tipo de preguntas que las partes consideren pertinentes”.
De acuerdo con el documento, el Ministerio Público advirtió tanto a Chaves como a Campos que “la investigación se encuentra en etapa de análisis, de modo tal, que no existe un hecho delictivo plenamente identificado y tampoco se han individualizado imputados” pero que “no se descarta que conforme avance la misma y eventualmente surjan hechos y medios de prueba que le puedan endilgar responsabilidad de índole penal”.
El encuentro fue mencionado en el programa Sin Rodeos, de Extra TV 42, a finales de la semana pasada, mientras dos representantes de los inversionistas de Aldesa y Monte del Barco, Ronny García y Flora Fernández, señalaban lo que consideran una serie de irregularidades que se han dado en el proceso y que les han hecho “perder la confianza en el Poder Judicial”.
Una vez constatado el encuentro en el expediente, UNIVERSIDAD consultó a García, abogado y vocero de los inversionistas de Monte del Barco, su criterio sobre el mismo. “Es un trato totalmente desigual porque ahí empieza lo irregular, porque no hay ninguna constancia de que fue lo que se trató en esa reunión que fue a puerta cerrada en una sala de juicios”, dijo.
“Javier, me imagino yo que les hizo una presentación de esas de las de ventas, él es una persona muy persuasiva. Entonces probablemente presentó lo que era el proyecto Monte del Banco para él y sin que ninguna de las víctimas tuviera oportunidad de escuchar esa presentación o su argumentación para poderla rebatir. Hay un agujero negro que no se sabe qué fue lo que se dijo. Lo que sí se sabe fue la repercusión que eso tuvo en el informe contable, que fue totalmente favorable para la empresa”, indicó el abogado.
García además indicó que es muy “sospechoso” que en varias ocasiones se ha hecho evidente que el Ministerio Público ha investigado el caso Monte del Barco de forma independiente y no en conexión con los otros casos de Aldesa, lo que sin duda ha favorecido a la empresa bursátil y señala que la responsabilidad de ese hecho es, justamente, del Ministerio Público.
“El Ministerio Público es el que le da lo que llamamos una dirección funcional, es el que le dice al OIJ que es lo que tiene que investigar, entonces aunque los investigadores quieran, si les indican que es de cierto momento en adelante que pueden analizar, así tienen que hacerlo y entonces esa es la dirección que ha dado el ministerio”, afirmó.
Se buscó la reacción del fiscal interino y aspirante a quedarse en el puesto de fiscal general, Warner Molina, sobre la realización del encuentro y si considera que el mismo constituye una irregularidad, desde el viernes 1 de julio, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta.
