País

Ministerio de Agricultura, obligado a estudiar impacto de insecticida en abejas

Resolución de la Sala Constitucional que obliga a hacer el análisis "procura proteger salud pública y seguridad alimentaria", comunicó ese Tribunal

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Agricultura realizar un estudio científico sobre los efectos de los agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel (por ser estas una especie clave para la biodiversidad).

La sentencia  del pasado viernes 6 de diciembre resolvió  un recurso de amparo presentado por el diputado José María Villalta, luego de que el Ministerio de Agricultura rechazó sus gestiones sobre contra el uso de ese insecticida.

Según informó la Sala, la resolución se tomó en garantía de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y en procura de resguardar la seguridad alimentaria de la población.

“El estudio científico deberá hacerse en el plazo de un año –a partir de la notificación de la sentencia– y en coordinación con el Servicio Fitosanitario del Estado, el Laboratorio de Fitopatología y Biocontroladores de la Escuela de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica”, determinó el alto tribunal.

En caso de encontrarse que existen riesgos o daños graves para la salud, la biodiversidad o el ambiente, incluidas las abejas melíferas, el Ministerio de Agricultura deberá tomar “las medidas correspondientes para resguardar esos bienes constitucionales”.

Los magistrados advirtieron que con respecto a la protección de los recursos naturales debe existir una “actitud preventiva y precautoria para minimizar la degradación y el deterioro”.

“Este Tribunal ha reconocido el riesgo que puede entrañar el uso de los plaguicidas y la trascendencia de adoptar medidas idóneas para regular su empleo. En el ordenamiento jurídico costarricense existe diversa normativa legal y reglamentaria de la que se deriva que la actividad de importación, fabricación, comercialización y empleo de los plaguicidas está fuertemente sometida a la potestad de policía del Estado, en aras de garantizar el derecho a la salud y al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dice la resolución.

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