Alajuela es uno de los cantones de dominio del Partido Liberación Nacional (PLN) y es también un ejemplo de los territorios de pugnas de la agrupación verdiblanca en su proceso por mantenerse como fuerza de peso en la política nacional, ahora que se avecinan las elecciones municipales en las que varios de sus alcaldes veteranos deben dejar los cargos que han ocupado por décadas.
El alcalde Humberto Soto logró hacerse con la candidatura para intentar reelegirse en el puesto en los comicios de febrero, a pesar de los cuestionamientos por posibles actos de corrupción ligados al caso conocido como “Diamante” que salpicó a varios gobiernos locales y dirigentes liberacionistas. De poco sirvió el llamado del secretario general, Miguel Guillén, para evitar esa ratificación o la competencia del exalcalde y exdiputado Roberto Thompson, adversario interno de la actual diputada alajuelense Dinorah Barquero y su esposo Rolando González, padres de Sofía González Barquero, actual vicealcalde y compañera de fórmula de Soto.
A fin de cuentas, el alcalde actual llegará a febrero ante los alajuelenses como la cara del histórico PLN, aunque un grupo interno se siente avergonzado de él y los cuestionamientos conocidos desde 2021, por una supuesta negociación para que la empresa constructora MECO le financiara un proceso partidario a cambio de asignación de obras. La investigación judicial sigue activa, pero para Guillén ese procedimiento es independiente de lo ético y lo político, aspectos que deberían bastar para que Soto hubiera desistido de ir a una nueva campaña electoral a pedir el voto a la gente.
Los diputados de Chaves intentan una maniobra inédita: dos partidos a la vez
Pilar Cisneros encabeza al grupo de nueve diputados oficialistas que ondean la nueva bandera “rodriguista”, presidida por el asesor presidencial Federico Choreco Cruz, sin renunciar a los beneficios de representar en lo formal al PPSD con que ganaron la presidencial de 2022.
Pero el caso de Alajuela es solo una expresión de esas pugnas internas que han sido usuales en el PLN, pero que en esta ocasión se tensan más por el temor de una corriente de derrumbarse como partido si no se depuran sus estructuras.
“Hay que reconocer que hay resistencia a la renovación moral y al refrescamiento de la mano de los valores. Hay cierto olvido a esos principios éticos y eso es un obstáculo, aunque ya comienza a calar la idea de que esto es un reto nuestro al margen de las elecciones municipales. Se va entendiendo que Liberación Nacional debe dar ese giro si quiere sobrevivir como opción política relevante, pero no ha sido fácil”, admite Guillén.
Por eso, el secretario general, acuerpado por algunos grupos revisionistas, insiste en el discurso de inflexibilidad ética y la necesidad de sacar a personas con cuestionamientos. En la reunión del Directorio político de este miércoles, ese es uno de los puntos de la agenda: la aplicación de los criterios éticos ya aprobados por la Asamblea Nacional a nivel de declaración, señala Guillén, a quien no le faltan críticos internos. En la estructura nacional y también en los territorios hay posiciones distintas, intereses particulares y temor a posibles consecuencias no deseadas, como la salida de partidarios de manera individual o grupal para montar sus aspiraciones en otros partidos.
Es el dilema actual del partido más histórico y poderoso en cargos municipales, pero también el que arrastra cuestionamientos que ya han propiciado fuertes derrotas electorales en los últimos 15 años y que con frecuencia saca a relucir el presidente Rodrigo Chaves, abanderado de un discurso de rechazo a la política tradicional.
El recuento de las asambleas cantonales de las últimas semanas deja ver los resultados hasta ahora. El rostro de Johnny Arara, el veterano alcalde del cantón capitalino, es un símbolo de esa imagen cuestionada y, al mismo tiempo, ejemplo de los líderes vigentes en el plano local. La ley le prohíbe postularse de nuevo, pero la estructura josefina aún responde a su liderazgo y sin dudas ratificó el fin de semana como candidato a alcalde a Mario Vargas, actual vicealcalde y hombre de confianza de Araya, como lo es también el hermano Danny Vargas, actual diputado.
Similar es el caso de Heredia, donde el ahora exalcalde José Manuel Ulate fue condenado por tráfico de influencias y acusado por un caso de abuso sexual contra menor de edad. Su grupo, sin embargo, no halló obstáculos para confirmar la aspiración de reelección de la actual alcaldesa, Ángela Aguilar, quien acompañó a Ulate como vicealcaldesa en la fórmula en los comicios pasados, de 2020.
En Cartago, el exalcalde Rolando Rodríguez logró ganar la candidatura a pesar del movimiento contrario liderado por Luis Gerardo Villanueva, dirigente histórico del liberacionismo cartaginés al que se atribuía también haber apoyado en 2020 a Mario Redondo, a pesar de no ser este liberacionista. Con el aparente apoyo de Ricardo Sancho, presidente del PLN y oriundo de ese cantón, Rodríguez intentará hacer que la bandera verdiblanca retorne al cantón central de una provincia que históricamente ha favorecido a la agrupación.
Los cantones centrales de las provincias costeras, zonas donde el actual oficialismo muestra un mayor poder, también alojan sus propias fricciones, aunque en Limón lograron ratificar a la exdiputada Yalile Esna, en medio de un contexto complicado más allá de lo meramente político. En Puntarenas se registra la renuncia de la exdiputada Karla Prendas, con la posibilidad de que se postule por otro partido, y en Liberia surge un aparente acuerdo entre los grupos tradicionales de las familias Román-Ocampo, Larios (al que pertenece la actual diputada, Alejandra Larios) y Montiel, como forma de intentar el retorno del PLN a la alcaldía liberiana.
Otros cantones de habitual dominio verdiblanco parecen ahora propensos a cambiar el rumbo, como el caso de San Carlos, donde el veterano alcalde Alfredo Córdoba salió en 2022 condenado de nombramientos ilegales y dejó el espacio para el ascenso de su vicealcaldesa Karol Salas. Ella procede del Partido Restauración Nacional y se había aliado con Córdoba en 2020, pero ahora podría representar a otras banderas en el 2024, sin descartar incluso el Partido Aquí Costa Rica Manda (PACRM), según dos dirigentes consultados en la zona. Distinto ocurre en San Ramón, donde el alcalde actual Nixon Ureña debe dejar el puesto y su grupo afín logró que se postulara a su vicealcaldesa, Oria Ruiz, como rostro para competir contras agrupaciones que han cobrado fuerza en últimos tiempos.
De lo que ocurra en este proceso electoral, pero sobre todo de la manera en que el partido actúe al margen de la pelea por puestos municipales, depende que la agrupación se constituya como “única opción con posibilidad de contrarrestar el autoritarismo actual”, según Guillén, quien subraya que las nuevas circunstancias obligan a lograr lo que en el pasado reciente no fue posible: “se trata de mostrar si estamos a la altura de los tiempos y eso pasa por recobrar credibilidad”.
