El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) reaccionó ante la medida cautelar que suspendió elementos sensibles del decreto para regular los contratos y servicios de tecnologías móviles de quinta generación (5G) lamentando no haber sido consultado antes de que se dictara ese medida provisional.
El pasado 7 de febrero, el Tribunal Contencioso Administrativo del segundo circuito judicial de San José dictó una “medida provisionalísima”, en la cual suspendió las disposiciones que el Gobierno tomó para regular los aspectos de ciberseguridad en el decreto 44.169-MSP-MICITT, publicado en La Gaceta el 31 de agosto del año pasado.
El juez Johel Beausejour admitió la solicitud de medida cautelar en el recurso interpuesto por Carlos Stradi, presidente del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT), contra el Estado, aunque indicó que se tomaba en condición de medida cautelar provisionalísima, hasta tener mayores elementos para decidir si esta medida cautelar se mantenía.
Huber Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, indicó que el MICITT “tomó nota” de estas medidas cautelares, y lamentó que no se hubiera dado al Poder Ejecutivo “la oportunidad de defender el reglamento y su interés público”.
El juez concedió tres días al Estado para responder por escrito la solicitud de información y justificar el sustento técnico del reglamento, en el que se establece el requisito de que los proveedores de tecnología para servicios de 5G y superiores deben provenir de países que se hayan obligado a respetar el convenio de Budapest. Esto deja fuera a países como China y Corea del Sur, de donde provienen los líderes en la tecnología de 5G.
“Confiamos en que durante el proceso judicial se considerarán todos los aspectos relevantes, para lograr un resultado justo y equitativo, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional, la protección de los derechos del usuario final, y la promoción de un ambiente propicio para la inversión en el sector de telecomunicaciones”, manifestó Vargas.
En caso de que se mantenga la medida cautelar, se deberá esperar la resolución en tribunales, lo que genera presión para la tecnología 5G en el país, que el presidente Rodrigo Chaves había prometido para fines del 2023.
Sin embargo, la licitación para las frecuencias necesarias para que operadores privados puedan brindar estos servicios está detenida, ya que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) no dispone de quórum en su Consejo, a su vez afectado por la falta del quórum en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP).
Por su parte, el ICE lanzó en noviembre del año pasado el proceso para adquirir bienes y servicios para brindar servicios de 5G, pero el 15 de noviembre se presentaron objeciones, entre ellas de la empresa Huawei de China y Samsung de Corea, precisamente cuestionando el tema del Convenio de Budapest, ya que alegaron que este acuerdo “no es un estándar técnico de ciberseguridad”. Estos procesos ahora deben esperar también la resolución del tribunal contencioso administrativo antes de poder continuar .
A pesar de las presiones del tiempo, el MICITT indicó “que reitera su compromiso y respeto al Estado de Derecho costarricense, el debido proceso judicial y los principios fundamentales de la administración de justicia, incluyendo el derecho a ser escuchado, a presentar una adecuada defensa y los elementos probatorios pertinentes” en un comunicado.
