El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó la tarde de este martes en Casa Presidencial que la reducción en la cantidad de armas de fuego permitidas por persona, era una medida planteada a futuro y no significaba desarmar a la población que tiene más de un arma registrada a su nombre.
“Nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento de tres armas. El año anterior logramos reducir la tasa de homicidios y una de las estrategias fue decomisar 2.318 en las calles ”, afirmó el jerarca.
La propuesta es parte de un proyecto de ley que buscaba regular la Ley de Armas, al reducir la cantidad máxima de armas que puede portar una persona de manera lícita, de 3 a 1. Sin embargo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó, la noche del lunes 15 de enero, una moción que mantiene en tres la cantidad máxima por individuo.
Los legisladores Roberto Thompson, David Gourzong y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN); María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), votaron a favor de la eliminación del tope. A ellos, Soto les pidió reconsiderar su posición.
Sólo apoyaron el cambio los diputados del bloque independiente Nueva República, Carmen Chan y Harllan Hoepelman, así como los oficialistas Víctor Morales Mora y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Uno de los objetivos del proyecto de ley era cerrar los portillos mediante los cuales el mercado lícito está abasteciendo al mercado ilícito de armas”, afirmó Eduardo Solano, viceministro de Seguridad Pública, quien acompañó esta tarde al ministro Soto.
El Gobierno asegura que no pretende castigar a los portadores legales, sino reducir el porcentaje de homicidios por arma de fuego (un 70% en 2017 y un 68% en el 2018). Además, el mercado negro se alimenta de armas inscritas de manera lícita, según Soto.
Hay más de 5.000 armas que estaban en manos de empresas de seguridad que desaparecieron y quedaron en manos del crimen organizado, según datos del Ministerio de Seguridad.
Otro de los cambios que buscaban con la reforma de ley es promover que las personas a las que se les pierde o sustrae el arma, presenten la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Asimismo, “negar o cancelar permisos de portación cuando la persona tenga antecedentes judiciales o policiales”, mencionó Solano.
