Autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) dijeron este martes ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa que los 122 mil estudiantes que se quedaron sin becas de Avancemos no cumplían con los requisitos.
De acuerdo con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y el viceministro de Planificación del MEP, Leonardo Sánchez, a estas personas el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) les suspendió la transferencia monetaria pues no cumplían con el criterio de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, ya se habían graduado, habían fallecido, o incluso se encontraban fuera del sistema educativo.
“El IMAS no le quitó ninguna beca a nadie que reúna requisitos. Al revés, se estaba dando beneficios de manera inadecuada históricamente. En 2023 cuando se hizo revisión se rebajan 122 mil beneficios a personas que no debían de tenerlos, porque no cumplían con criterios de pobreza, ya se habían graduado del sistema educativo, etc.”, indicó Sánchez.
“(…) Aquí la pregunta es ¿la cantidad de beneficiarios reportada en 2022 era real? La respuesta es no, porque estaba inflada por estudiantes que no cumplían requisitos y le estaban quitando el campo a otros beneficiarios”, agregó el viceministro, quien justificó la caída en la cantidad de beneficiarios del 2022 al 2023 por la “limpieza” en la base de datos.
Asimismo, Sánchez destacó que tras esta acción, para este año se dio un aumento de 13.000 personas más beneficiadas.
Para el 2024, el presupuesto de Avancemos tendrá una reducción de 3.600 millones de colones en comparación con el de este año, señaló el viceministro, quien acotó que a partir del 2024 se dará una revisión de los beneficiarios mes a mes.
“Se ha aprobado un acuerdo en el Consejo Social en el cual mes a mes el Ministerio de Educación Pública va a remitir una lista al IMAS de que el estudiante que está recibiendo el beneficio esté en el sistema educativo”, señaló Sánchez, quien hizo hincapié en que este presupuesto es dinámico.
Sobre esto, enfatizó que esta asignación recaerá sobre el director o directora del centro educativo, quienes deberán poner en la plataforma SABER si el estudiante se mantiene estudiando.
Los diputados de diferentes bancadas cuestionaron a los jerarcas del MEP debido a esta falla histórica.
En esa línea, la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johanna Obando, preguntó por qué se otorgaron becas a personas que no cumplían requisitos.
Sobre esto, Sánchez respondió que cuando al estudiante se le dio el beneficio cumplía los requisitos; sin embargo, a lo largo que fue avanzando en el sistema educativo, los fue perdiendo, pues se graduaron, murieron, o fueron excluidos, etc. Además, recalcó que el análisis de algunos parámetros no se hacía constantemente.
A las críticas se sumó el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, quien recriminó a los jerarcas quitar esas becas, pero en su lugar darlas a los estudiantes que las necesitan en este momento.
“Las recortaron de un tajo, a pesar de que la población meta que requiere es de 600 mil y solo 278 mil tienen. ¿Cómo van a afirmar que le estaban quitando el campo a los estudiantes? Eso sería cierto si estas 122 mil (becas) las quitan y se las dan a quienes las requieren o si la población meta estaría cubierta al 100%, pero ninguna de estas dos cosas son ciertas”, enfatizó Acuña.
Disminución Avancemos
La semana anterior, la presidenta ejecutiva de la institución, Yorleny León, indicó a los legisladores que más de 122.000 personas se quedaron sin las becas de Avancemos para este 2023.
“Nos basamos en la clasificación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y se excluyeron personas que no estaban en condición de pobreza, egresados de colegios, estudiantes del Fondo Nacional de Becas que no actualizaron sus datos y población que no terminaron el año educativo en 2022”, detalló León, quien agregó que la institución sufrió este año una reducción de ₡28.000 millones.
La jerarca destacó también que actualmente hay un total de 620.000 estudiantes que eventualmente podrían tener una transferencia monetaria, tanto porque se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema o vulnerabilidad, pero en la práctica no es posible dar el beneficio a todos.
“Atender a esta población es realmente importante y quisiéramos hacerlo, pero ocuparíamos sumarle unos ₡107.000 millones extra al presupuesto de ₡85.000 millones que tenemos”, acotó.
