Como un “contrato de adhesión” que “lesiona los intereses del Liceo” calificó Rodrigo Soto, integrante de la Junta Administradora del Liceo de Costa Rica el acuerdo a que esa instancia llegó con las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), respecto al futuro de una manzana de terreno propiedad del Liceo y que está incluida en el proyecto de Ciudad Gobierno impulsado por la administración Chaves.
Ello por cuanto, según dijo, si no se aceptaban los términos planteados por las autoridades del MEP, el Liceo perdería importantes recursos para seguir funcionando.
Se trata de una manzana ubicada entre calles 7 y 9 y avenidas 20 y 22, actualmente ocupada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y por la que paga un alquiler ¢161,3 millones al año, más unos ¢20 millones por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), según datos de ese Ministerio publicados por Diario Extra en agosto del año pasado.
Este martes el MEP mediante un comunicado anunció que se llegó a un acuerdo entre ambas partes mediante el cual ese Ministerio “asumirá los gastos que le corresponden por ley y que la junta cubría con el alquiler del terreno”.
Además se aseguró que “el acuerdo de proceder con el traspaso se adoptó a lo interno de la Junta sin presencia de autoridades ministeriales”, para negar que se hayan dado presiones indebidas.
El comunicado del MEP no asoma ninguna información respecto al origen presupuestario de donde se tomarían los fondos, lo que sí alega es que el Liceo debe trasladar el terreno al MEP según el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
Al respecto, el Lic. Francis Tejeda, abogado egresado del Liceo de Costa Rica, señaló que ese terreno fue adjudicado a la institución mediante la Ley Donación de lote a Liceo Costa Rica para ampliación (No. 5570 de 1974).
“Es muy simple, no se puede firmar ningún convenio y pasarle por encima a una ley, la única forma de derogar una ley, la 5570 de 1974, es con otra que diga que ya no corre. Así que como siempre don Rodrigo Chaves atropellando el ordenamiento jurídico de este país”, manifestó.
Imposición
Rodrigo Soto explicó que el monto percibido por el alquiler al MOPT se utiliza para cubrir gastos del Liceo, como “uno de los gimnasios más grandes del país, piscina, con ese dinero se paga conserjes, cocineras, altos gastos que con lo que aporta el MEP no alcanza”.
Añadió que la Junta Administradora coinciden en que el proyecto de Ciudad Gobierno es de interés nacional y “no lo vamos a obstaculizar, creemos que es necesario”, pero al mismo tiempo “tenemos que proteger la continuidad del Liceo de Costa Rica y se ocupa recursos”.
Uno de los principales problemas que Soto encuentra con el convenio propuesto por el MEP es que cierra la puerta a pagar una indemnización por tomar el terreno, sino que “proponen garantizar el flujo de caja del Liceo, se comprometen a pagar todos los gastos, es una obligación”.
Informó que la contadora de la junta pasó todos los gastos proyectados hasta diciembre, “prácticamente serán los mismos del año entrante, ellos se comprometen a pagar todos gastos del Liceo”.
Además dijo creer en la “buena fe” de la ministra de Educación Anna Katharina Müller quien se comprometió a que el gobierno seguirá pagando el alquiler del terreno hasta diciembre, “para cubrir compromisos que tiene la Junta Administrativa”.
Sin embargo, insistió en su convencimiento de que se debería recibir una indemnización que permita crear un fideicomiso, de manera que “se utilice los intereses para seguir obteniendo la renta que se recibe actualmente”.
Soto con franqueza calificó el “convenio” propuesto por el MEP como “de adhesión: nos adherimos o no nos pagan más el alquiler, sino nos dan esa plata nos asfixian”.
Insistió en que “lo siento como un contrato de adhesión: o se acepta o dejan de operar, porque no vamos a tener la liquidez necesaria”.
Así, subrayó que “lo aceptamos porque tenemos que velar por la supervivencia del Liceo”, empero reconoció que “considero que es un convenio que lesiona los intereses del Liceo, porque es el titular de esa manzana, a todos los demás que se expropian se les indemniza, ¿por qué a nosotros no?”.
Soto puntualizó que las autoridades del MEP presentaron dos escenarios, uno en que “ellos cubren elm flujo de caja, incluidos los gastos de electricidad, internet y demás” y el otro en que “si no lo aceptamos, no se paga alquiler, mantienen lo que están pagando, nos cortan la liquidez”.
Por ello, Soto se preguntó “si no se respeta el acuerdo con la Fundación Omar Dengo, Cinde o con la junta directiva de la CCSS, ahora ¿cómo puedo estar tranquilo?”.
Ante la pregunta de si se vieron obligados a aceptar el convenio, replicó que “no tenemos opción, tenemos que aceptar, sino no tenemos condiciones para operar”.
