Únicamente ocho de las más de 300 empresas autobuseras del país han implementado el pago electrónico de los pasajes de bus, a pesar de que desde 2018 se firmaron convenios entre las instituciones pertinentes y las cámaras empresariales del sector para avanzar al respecto y de que se dijo que la implementación sería requisito para renovar las concesiones de esas empresas.
La implementación del Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público (Sinpe-TP) es necesaria pues permitirá a las personas usuarias pagar con tarjeta de débito o crédito su pase de bus o de tren, con lo cual se gana en seguridad y tiempo, pero además facultará a las entidades reguladoras para contar con información muy actualizada a partir de las bases de datos generadas sobre aspectos como la cantidad real de personas que utilizan el servicio, aspecto medular a la hora de calcular tarifas.
El cronograma originalmente establecido por el Banco Central (BCCR) para iniciar con la implementación del proyecto del Sinpe-TP se atrasó a causa de la pandemia.
Por ejemplo, el primer paso de establecerlo en las rutas del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) se panificó para el primer trimestre del año pasado e inició hasta setiembre, pero actualmente la institución cumple a cabalidad, según informó el propio BCCR.
Pero en el caso de los buses, se suponía que iniciaría en setiembre del año pasado, se atrasó hasta abril y de las 338 empresas que según datos de la Autoridad Reguladora de Servicios Púbicos (Aresep) cuentan con autorización del Consejo de Transporte Público (CTP) para prestar el servicio, únicamente ocho lo han implementado, es decir, el 2,36%.
Datos del BCCR divulgados a propósito de que este lunes se inauguró el sistema en una ruta de Coronado, muestran que esas ocho empresas lo han establecido ya en 200 buses y que en total, tomando en cuenta al Incofer, se han realizado un millón de transacciones bajo esta modalidad.
Carlos Melegatti, director de la División Sistemas de Pago del BCCR, aseguró que “con el pago electrónico se cumple el objetivo de las entidades públicas que regulan el transporte público, del Banco Central y de los propios operadores, de dotar a la sociedad costarricense de opciones de pago inclusivas, ágiles, seguras, de amplio alcance y disponibilidad”.
