La más reciente “batalla” en la “guerra” del arroz nacional culminó como casi siempre: la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) no obtuvo el precio que quería, el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) no logró la desregulación del precio y —quizás haciendo de tripas corazón— volvió a utilizar un mecanismo de fijación del precio del cereal que debería ser de uso extraordinario.
Las consecuencias las pagan, desde el 1 de julio, las personas consumidoras, pues el precio al detalle aumentó en ¢60,42 el kilo para la variedad 80-20; es decir, con un 20% de grano quebrado, según propuso el MEIC.
El aumento es de un 9,87%, pero el sector arrocero pedía un 10%, lo cual hubiera implicado ¢61,20 más por kilo al consumidor.
Al final, el Decreto Ejecutivo del MEIC estableció que el precio al consumo —o al detalle— de un paquete individual pasara de ¢612,30 a ¢672,72 por kilogramo, incluido el Impuesto al Valor Agregado (ver los cuadros).
Aunque no existen datos actualizados sobre la cantidad de personas que consumen arroz en Costa Rica, el estudio “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización”, realizado en el 2013 por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, determinó que una cantidad importante de la población es consumidora del grano.
Por el contrario, la regulación por decreto de los precios del arroz favorece a solo unos 1.355 productores directos, más los intermediarios.
El pasado 9 de junio, productores e industriales del grano exigieron la renuncia de la ministra del MEIC, Victoria Hernández, porque no resolvía, desde febrero, varias solicitudes de un incremento en el precio, el cual se fija por decreto. Alegaron que este atraso perjudicaba sus utilidades.
El MEIC, por su parte, adujo que para actuar en esa dirección primero debía elaborar los análisis y el informe correspondiente.
A su vez, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), adscrita al MEIC —cuya misión es promover la libre competencia buscando erradicar las prácticas que encarecen artificialmente los precios— acusó al Ministerio de querer volver permanente el mecanismo por el cual la ley permite fijar temporalmente el precio del arroz únicamente cuando existen condiciones atípicas de mercado.
La Coprocom también argumentó que, con cada fijación del precio del arroz por decreto, el ministerio actúa contra las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual recientemente ingresó el país.
Al final, pues, la “batalla” más reciente por el precio del arroz nacional la ganó, como siempre, el statu quo.
Para determinar el nuevo aumento en el precio, el MEIC se basó en el estudio “DAEM-INF-008-21. Departamento de Análisis Estratégico de Mercados de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados (DIEM) “Valuación del modelo de costos industrial del arroz, con fecha de corte al 17 de marzo del 2021”, de ese mismo ministerio.
Apoyándose en ese estudio, el MEIC consideró “oportuno mantener la regulación del precio del arroz y proceder a la actualización del precio del arroz pilado”.
Lo anterior, porque, según el DIEM, aún permanecen tres condiciones anormales que lo justifican.
Estas irregularidades son:
- La productividad por hectárea de arroz sembrado se mantiene por debajo de los niveles internacionales promedio, debido a insuficientes condiciones técnicas, de infraestructura, inadecuados seguros de cosecha, insuficientes recursos crediticios de la banca comercial para desarrollar la actividad, difícil acceso a tecnología, entre otros.
- La productividad por hectárea impacta directamente en el costo industrial de la materia prima nacional, la cual se mantiene por encima del precio promedio internacional.
- Los dos factores anteriores continúan generando una brecha entre el precio nacional del arroz en granza y el precio externo, que repercute en el deterioro de la producción nacional agrícola y la pérdida de competitividad del sector industrial.
Sin embargo, a pesar de que el statu quo ganó el más reciente episodio, el conflicto persiste, pues ese mismo estudio del MEIC recomienda continuar con el proceso para desregular definitivamente el precio de este alimento.
“Se le recomienda a la Administración Superior retomar el proceso de desregulación gradual contemplado en el artículo 9° del Decreto Ejecutivo No 38.884-MEIC”, dice una de sus siete recomendaciones.
“Es necesario dejar evidencia de que esta dependencia está consciente de la importancia de este cereal en la alimentación de la población costarricense, por las características nutricionales y culturales que posee, por ende, el fomento y sostenibilidad del sector arrocero no debe estar suscrito a políticas de regulación de precios (este es un medio pero nunca un fin en sí mismo). De esta manera, se recomienda que el sector arrocero, agentes económicos y su institucionalidad implementen acciones que contribuyan a la mejora continua del sector, tanto a nivel productivo como competitivo”, añade.
Esta recomendación coincide con lo expresado a UNIVERSIDAD por el investigador del IICE, Nelson Arroyo, quien afirmó que el statu quo beneficia más a los intermediarios que a los propios productores del grano, dentro de la complicada red de proveedores, productores, agroindustriales, empresas importadoras y comerciantes, asociaciones gremiales y la entidad rectora del sector, la Conarroz, que constituyen el sector.
“Al existir una producción local de arroz que no es eficiente —bajos rendimientos y altos costos de producción—, los costos por unidad de producción local automáticamente se incrementan y al ingresar el arroz nacional al mix de precios —precio nacional más precio importado— para determinar el precio local, terminan incrementándolo. Pues históricamente el arroz importado puesto en planta tiene costos inferiores al arroz nacional y mayores rendimientos de pilado; por lo tanto, es un atractivo para las agroindustrias importar arroz”, dijo Arroyo en una pasada edición.
Sin embargo, para el ingeniero Mainor Cruz, director Ejecutivo de Conarroz, quienes sacan el mayor beneficio de la regulación de precios no son los industriales que procesan el cereal para su venta, sino “los altos márgenes de intermediación, que solo favorecen a los comerciantes”.
Lo anterior ocurre porque, según Cruz, el mercado nacional del arroz presenta las características de un oligopsonio (del griego oligo: “pocos” y psonio “compra”).
Contrariamente al oligopolio, en este caso el poder de ponerse de acuerdo para fijar el precio reside en quienes lo compran, por eso también se se considera al oligopsonio como un “oligopolio de demanda”.
El funcionario de Conarroz también es concluyente en cuanto a que, si el arancel para la importación de arroz de los Estados Unidos llega a cero, como está programado por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y América del Norte (RD-CAFTA), “corremos el riesgo de que los grandes comercios traigan el arroz ya pilado de EE.UU. y esto desaparezca la producción y el industrial arrocero de Costa Rica”.
Por eso, esta es una “guerra” que el sector ha llevado hasta el despacho de la Vicepresidenta de ese país, Kamala Harris (ver la entrevista).
Mainor Cruz, director Ejecutivo de Conarroz
“Los altos márgenes de intermediación solo favorecen a los comerciantes”
El estudio del MEIC recomendó subir el precio del arroz en cerca de ¢60, debido a que aumentaron ciertos precios internacionales y nacionales que afectan los costos de la producción local. Sin embargo, también recomienda continuar con el proceso de desregulación del precio y fortalecer el aumento de la productividad. Sugieren, por ejemplo, que la producción nacional podría especializarse en arroz producido orgánicamente. ¿Qué opina de esta recomendación y cuál es el papel de la política pública, mediante el MAG y el MEIC, que podría mejorar la perspectiva para este sector?
—Las recomendaciones no nos parecen. Primero, porque lo recomendado por Conarroz es un aumento de ¢77 por kilogramo, lo justo es un incremento del 12,7% y no del 10,8%.
El MEIC viene haciendo variaciones en las estructuras oficiales de los modelos de costos y hemos solicitado que se respeten las estructuras oficiales. Y en este momento estamos en reuniones técnicas para hacer ver el punto de vista institucional como parte importante del proceso de consulta pública.
Lo otro es que las características del mercado arrocero son imperfectas, lo que sugiere la necesidad de regulación para que el productor pueda vender la cosecha al industrial, por ser un mercado de oligopsonio. En un entorno liberado el productor nacional desaparece.
Es factible efectuar diferenciaciones; sin embargo, lo que estamos defendiendo es la implementación de la ley 8285, que es una ley especial y que está por encima de una ley general. Mientras la ley de Conarroz exista hay obligatoriedad del MEIC de regular, como acción administrativa que no tiene carácter de temporalidad.
¿Qué debe ocurrir para que el precio del arroz en Costa Rica deje de estar regulado y quienes lo compran y consumen puedan pagar el precio real del mercado?
—Tendría que dejar de existir la ley 8285, ley de creación de Conarroz. Esta ley se encarga de resguardar y proteger la actividad arrocera, que es de interés público y un tema de seguridad alimentaria y nutricional.
El precio actual del arroz es de los más accesibles a nivel regional. Hemos hecho una comparación con el precio del frijol que ha estado a la libre y vemos que el kilogramo de frijol tiene un costo que duplica al del arroz, cuando el frijol debería ser más barato que el arroz. El problema que encontramos son los altos márgenes de intermediación, que solo favorecen a los comerciantes.
También hay que recordar que el arroz, en el contexto internacional, es un grano altamente protegido y subsidiado, lo cual provoca un precio ficticio; además, que es un mercado de excedentes. Solo se comercializa el 8%-9% de lo que se produce a nivel mundial. Esto presupone una competencia desleal a nivel internacional de este grano, que desfavorece al productor nacional.
¿De qué modo afectará al sector arrocero local la desgravación arancelaria contemplada en el RD-Cafta y qué está haciendo Conarroz para enfrentar ese momento?
—Al llegar el arancel a cero por ciento con el mercado de EE.UU. corremos el riesgo de que los grandes comercios traigan el arroz ya pilado de EE.UU. y esto desaparezca la producción y el industrial arrocero de Costa Rica.
Se está trabajando con los países de la región para que en conjunto se dé la aplicación del artículo 3.18 del DR-Cafta, que exige la conformación de una comisión de revisión agrícola para que analice los impactos e implicaciones de este tratado sobre los productos sensibles como el arroz.
También se le envió una carta, por parte de Fecarroz (Federación Centroamericana de Arroceros), a la señora Kamala Harris, vicepresidente de EE.UU., donde se le explicó que con la desgravación arancelaria se está desmantelando el sector agrícola de las zonas rurales de Centroamérica y esto está agravando el problema de migración hacia los EE.UU. Y que esto debe ser visto por el Senado de ese país para replantear el tema de la desgravación arancelaria del arroz en los países de la región. Se está haciendo una lucha fuerte para hacer entender el perjuicio que esto conlleva.
En el estudio también se indica que el 77% de las entregas de arroz de los productores reciben un precio inferior al fijado y que solamente el 23% de los productores recibe un precio superior al fijado por el MEIC. ¿Quiere esto decir que la fijación del precio no beneficia a la producción, sino a los intermediarios?
—El precio pagado al productor se determina mediante la aplicación de una metodología de pago por calidad. La metodología se basa en la aplicación de una serie de variables ligadas a bases que son características del saco de arroz en granza seco y limpio estándar.
Ese saco base está relacionado con el pago por calidad, de tal forma que, si se baja ese estándar de calidad, se están dejando de lado aspectos importantes de competitividad y mejora en la calidad que son de importancia para el consumidor y que son promovidos por el mismo MEIC.
El tema de los intermediarios lo expliqué anteriormente y no tienen nada que ver con el tema de la calidad.
Hay atributos de calidad de este grano que son un problema para el industrial y el consumidor final. Todos estos atributos se detallan en el reglamento técnico RTCR 406-2007, de tal forma que se le paga lo justo al productor nacional dependiendo del esfuerzo productivo que realice y la calidad que obtenga, aunque sabemos que muchas veces ese esfuerzo productivo se ve afectado por las situaciones y variabilidad climatológica, así como la siembra bajo secano, que depende del patrón de las precipitaciones.
