Oportuno, necesario y legal. Estos son tres de los adjetivos que se extraen de la defensa que hace la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, en favor del proyecto que desarrolla el Gobierno junto a la asociación empresarial Horizonte Positivo, con el planteamiento de reducir trámites públicos en beneficio de los negocios.
A casi 100 días de la presentación oficial con el presidente Carlos Alvarado y su ministro de coordinación con el sector empresarial, André Garnier (expresidente de Horizonte Positivo), el proyecto llamado “Costa Rica fluye” culminó su primera etapa y ya tiene listos los criterios con los cuales se escogerán las instituciones donde intervendrá, un total de 24 de manera paulatina.
Hernández, rectora de este proyecto, dijo en entrevista con este Semanario que la etapa diagnóstica se ha desarrollado de manera coordinada con el MEIC, pues al final será aquí donde se den los avales para actuar en el análisis de los trámites en las otras instituciones.
“El trabajo no lo están haciendo solos. Es algo coordinado, una construcción conjunta. Ellos son operativizadores de las acciones que nosotros definimos. No es algo unilateral ni nada así”, contestó Hernández cuando se le consultó sobre un posible conflicto de interés por tratarse de un equipo de trabajo provisto por una asociación de empresarios.
La ministra incluso asegura tener certeza de la legalidad del proyecto, ante dudas sobre el poder que tendrá el equipo de profesionales privados. “Se pasó por todos los tamices con los filtros jurídicos. No vamos a exponer el trabajo ni la iniciativa ni a nosotros pensando que puede haber algo que no esté ceñido a la legalidad. Si hubiéramos percibido que no tenemos control del proyecto, ser nosotros los dueños de la pelota, no estaría progresando en el estado que está”, contestó Hernández.
La jerarca reconoció que hay también un “comité de gobernanza” entre autoridades del MEIC, Ministerio de Planificación y la Presidencia de la República. Descartó que el ministro Garnier tenga función alguna, aunque en mayo él había dicho que daría un seguimiento feroz al programa.
Para Hernández, Horizonte Positivo mediante la alianza lo que aporta es personal para desempeñar funciones que resultan imposibles con los recursos actuales del MEIC. “Estamos recibiendo gente para tareas en las que no tenemos personal”, dijo.
El 28 de mayo, cuando se presentó el proyecto en la Casa Presidencial bajo el lema “menos trámites, más empleo”, se informó de que 15 profesionales trabajarían con en el programa por dos años con un presupuesto cercano a ¢1.400 millones, provistos por organismos internacionales y la Fundación Crusa.
Consultado, Allan Saborío, coordinador del programa y director de Horizonte Positivo, sostiene que el proceso va como se había programado: paso a paso. “Estamos en la etapa de conceptualización. Esto se está haciendo con seriedad. Sobre la base de criterios se corre la selección de las instituciones. No hay aún instituciones escogidas, no hay visitas de campo, no están integrados los equipos, salvo Guillermo Matamoros (consultor a cargo) y un buen practicante, más algunos que se están reclutando”, afirmó antes de repetir que el grupo se somete a la secretaría técnica del MEIC.
Saborío y Hernández coincidieron en que el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional hace aún más urgente el trabajo de reducir la tramitología en el funcionamiento de los negocios, ahora que muchos de ellos desaparecieron de la formalidad y tendrán dificultades para volver a ella.
Pese a esto, el promedio semanal de inscripción de pequeñas y medianas empresas (pymes) es de 360, para un total de 22.402 hasta el 18 de agosto, según cifras oficiales del MEIC. Esto representa casi el 97% del total de unidades empresariales, y generan cerca de un tercio de los empleos y del PIB hasta antes de la pandemia.
Por eso, el impacto que sobre la empleabilidad pueda tener una regulación o un trámite es una de las consideraciones que se toman en cuenta, dijo Guillermo Matamoros, además de la cantidad de normas que se alojan en una institución y cuán masiva sea su aplicación o su demanda ante los usuarios.
Matamoros agregó que es probable que cinco de las 25 instituciones con las que se trabaje sean municipalidades, aunque también de manera articulada en la misma medida en que suelen estar relacionadas las regulaciones entre entidades.
Más de 18.000 leyes, otros miles de reglamentos, acuerdos, más de 350 reglamentos técnicos y una cantidad superior a los 4.000 trámites, además de notas diversas que no llegan a publicarse en el Diario Oficial forman la “maraña regulatoria” de la que se quejó el ministro Garnier el 28 de mayo al presentar el proyecto.
