La empresa Constructora MECO en asocio con la supervisora Cacisa y la verificadora de calidad ITP, manipularon datos y muestras de asfalto para crear un informe que contradijera los serios señalamientos de calidad que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) hizo sobre el asfalto colocado en el tramo de Garantías Sociales entre 2019 y 2020.
Según consta en el expediente del llamado Caso Cochinilla, este conjunto de empresas sabiendo que la calidad del asfalto colocado no era de la calidad requerida en el contrato con el Consejo Nacional de Vialidad, corrieron a ofrecer dádivas a técnicos de laboratorio de las empresas mencionadas y crear un informe que salvara a MECO y a ITP de recibir sanciones contractuales.
El informe del Lanamme que puso a correr a las empresas que el expediente judicial identifica como “grupo delictivo” es el LM-INF-IC-D-0010-2020, donde se señala que el asfalto colocado no cumple con los parámetros requeridos.
“Específicamente, en cuanto a la regularidad superficial del proyecto, se observó la aprobación de singularidades posteriormente a la identificación incumplimientos en los requerimientos establecidos en el cartel de licitación en relación con el parámetro de IRI (de regularidad en la superficie). Se determinaron incumplimiento del valor máximo de media fija de IRI en los cuatro carriles del Eje1 del proyecto, así como la identificación del incumplimiento de dos valores individuales en dos de los cuatros carriles evaluados”, dice el informe del Lanamme.
De acuerdo con el expediente judicial Marco Salamanca FIores (Ingeniero de MECO a cargo del proyecto) y Saúl Zamora Zamora (Gerente de calidad de MECO), colocaron la mezcla asfáltica enviada por Luis Fernando Gutiérrez Vargas (Gerente Industrial de la planta de Asfalto de MECO), a sabiendas de que no cumplía con la calidad requerida.
El expediente narra que el encargado del laboratorio de calidad de ITP, Óscar Martínez Martínez, junto a Salamanca y Zamora, “entregarán dádivas y realizaron promesas de retribución en favor de los técnicos del laboratorio de calidad de CACISA (aún no identificados), a cambio de que éstos manipularan las muestras y ensayos e insertaran información falsa y favorable para MECO en los informes de supervisión, que además coincidieran con los resultados de verificación de calidad de lTP”.
Aquí es donde los técnicos de Cacisa, que por su rol de supervisión asumen la calidad de “funcionarios públicos de hecho” habrían manipulado las muestras e insertado datos falsos en los informes, a cambio de dádivas.
Los investigados además le cobraron al Conavi un monto de 4.700 dólares por el costo de la medición que hicieron para sus nuevos informes, por medio de una empresa llamada GYPSA, que luego sería cobrada por MECO.
El informe añade que para “desvirtuar de forma contundente el informe del LANAMME” contrataron al entonces funcionario suspendido de esa entidad, Luis Guillermo Loria Salazar, por un monto de $2.500.
“De esta manera, la organización criminal logró el objetivo de inducir a error a la Administración, obteniendo-o con ello un pago inicial en favor de MECO e ITP de $17.6 millones de dólares, sin tomar en cuenta los incrementos derivados de los reajustes de precio y modificaciones contractuales. En consecuencia, un perjuicio para la Hacienda Pública y el interés público, éste último producto la recepción de una obra defectuosa con repercusiones en la seguridad y confiabilidad de tránsito por la vía y durabilidad del proyecto”, concluye el informe policial.
