Las escasas probabilidades de que un proyecto de ley frenara la entrada en vigencia para el próximo viernes de la Ley Marco de Empleo Público fueron trituradas por una mayoría de 35 diputados, que votaron en contra de dispensar de trámites el expediente 23.573, firmado por el diputado Gilberth Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN).
Únicamente apoyaron la iniciativa de Jiménez, que contaba con el apoyo de organizaciones sindicales y las cinco universidades públicas, los diputados del Frente Amplio (Jonathan Acuña, Rocío Alfaro, Sofía Guillén, Priscila Vindas, Ariel Robles, Antonio Ortega) y una tercera parte de la bancada del PLN (Dinorah Barquero, Francisco Nicolás, Katherine Moreira, Rosaura Méndez, Sonia Rojas y el propio Jiménez).
Cerraron la puerta a esta iniciativa el oficialista Partido Progreso Social Democrático (PSD), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP) y una mayoría del PLN.
El proyecto tenía que realizar una ajustada y empinada carrera contra el tiempo, ya que requería de que 38 diputados lo dispensaran de trámites, que se votara en primer debate el martes y en segundo debate el jueves, y fuera firmado por el presidente Rodrigo Chaves, quien aunque calificó la ley de empleo público como mamarracho, declaró que no lo detendría.
Sin embargo, el proyecto presentado por Jiménez no pudo siquiera intentar ese último esfuerzo, ya que el Plenario le cerró la puerta. Esto a pesar de los alegatos de los defensores del proyecto, en el sentido de que la ley no está preparada para ser implementada, y que puede afectar derechos laborales de amplios sectores de trabajadores y generar un caos en su entrada en vigencia.
“La Contraloría, la Procuraduría, y muchos expertos nos han ratificado que tenemos una ley que no se ha logrado instrumentalizar”, manifestó el diputado Jiménez, mientras Jonathan Acuña, del FA, destacó que su agrupación advirtió desde hace meses que la ley tiene problemas de diseño y grandes vacíos, algo que ratificó un informe de la Contraloría divulgado hoy.
El ente contralor emitió un informe en el que señala que a la echa no hay avances en el establecimiento de la escala salarial global que establece la ley, el cual es necesario para que los trabajadores públicos puedan trasladarse de un salario único a uno compuesto.
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro enfatizó en los elementos para solicitar que se postergue esta ley: que el reglamento hace inaplicable la ley, que no hay instrumentos definidos para aplicarla, y se carece de la definición de las escalas salariales o de una plataforma adecuada, y hay confusión sobre la forma en que se aplicará en las diferentes instituciones.
A pesar de esto, no lograron modificar la voluntad de la mayoría del Plenario, que se mantuvo hermética y casi silenciosa. Únicamente la diputada Vanessa Castro, del PUSC, habló para justificar su voto en contra del proyecto. “Creo que este tema debimos haberlo tenido sobre la mesa hace muchos meses. Creo que hay muchos temas que se deben revisar; sin embargo, voy a votar para que funcione, porque en este país siempre estamos postergando las cosas”, expresó.
La ley 10.159, “Ley Marco de Empleo Público”, fue aprobada el 7 de marzo del 2022, y se estableció que debía entrar en vigencia 12 meses después de su publicación, que se concretó el 9 de marzo en La Gaceta 46, en el alcance digital No. 50.
El objetivo de la iniciativa, gestada durante el gobierno de Carlos Alvarado, fue la eliminación de las desigualdades salariales en el sector público, fundamentalmente al pasar de un salario compuesto (salario base mas incentivos) a un salario global. Además, estableció una rectoría del Mideplan en la materia.
La aplicación de esta ley ha generado múltiples dudas y preocupaciones en diversos sectores, que van desde la aplicación del salario global, su funcionamiento en instituciones autónomas, las personas a las que aplica, y hasta la situación de derechos laborales que se pueden ver afectados, así como el congelamiento de salarios.
