La mayor parte de los recursos de amparo que recibe la Sala Constitucional están relacionados con listas de espera; es decir, con consulta externa, procedimientos, cirugías o acceso a los medicamentos.
Así lo señaló este lunes el magistrado presidente de ese Tribunal, Fernando Castillo, durante el Cuarto Diálogo Nacional Sobre Judicialización de la Salud.
De acuerdo con el magistrado presidente de la Sala Constitucional, los recursos de amparo relacionados con la salud representan un 30% del total que ingresa a este Tribunal; es decir, cerca de 8.000. Esta situación podría hacer colapsar a la Sala, pues además de representar la mayor cantidad de amparos ingresados y votados por los magistrados, la cifra podría aumentar a más de 32.000 en los próximos cinco años de continuar con el ritmo actual.
“Si no paramos la judicialización en los servicios de salud, yo visualizo a mediano plazo un colapso. Hoy estamos en 8.100 asuntos, si esto sigue creciendo de aquí a unos cinco años, podríamos eventualmente andar manejando un circulante 32.000 asuntos y eso creo que la Sala Constitucional no va a poder gestionar adecuadamente”, destacó Castillo, haciendo referencia al aumento de estos recursos.
Resolver estos amparos, que tienen prioridad, también implica el atraso en la resolución de otros recursos relacionados con libre expresión u otros derechos. Además tiene un costo importante para la Sala.
Para Castillo las largas listas de espera que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son un síntoma de los problemas que tiene la institución en cuanto a la gestión de los servicios de salud. Una de las opciones para que no colapse el Tribunal, en su criterio, podría ser la creación de una superintendencia de salud que apoye en la fiscalización y defensa de los derechos de la población.
“Yo creo que eventualmente se podría crear una superintendencia de salud muy reducida, con personal muy calificado que resuelva los problemas de salud a la gente, cuando no se le escucha”, señaló el magistrado presidente.
Esto significa, de acuerdo con Castillo, que los recursos de amparo primero pasarían por esta superintendencia, y en caso de no resolver, serían declarados admisibles por la Sala Constitucional.
“Si algún día se llega a dar la superintendencia podríamos pasar a un modelo de tipo subsidiario en cuanto al conocimiento de los recursos de amparo. ¿Qué significa? Que antes de que se fuese a la Sala Constitucional tendrían que ir a la superintendencia, si esta no resuelve el problema, entonces sería admisible el recurso de amparo.
Según datos de la Sala Constitucional, los recursos de amparo y hábeas corpus relacionados con salud votados por los magistrados ascendieron a 5.075 para el año 2020, a 5.949 para 2021, y a 5.264 para setiembre del 2022.
De los recursos de amparo y hábeas corpus votados por la Sala en el último año, 511 se encuentran relacionados con atención médica, 2.522 con cirugías, 964 con citas, 146 con exámenes, 3 con FIV, 61 con insumos médicos, 125 con listas de espera, 416 con medicamentos, 13 con políticas públicas, y 502 con vacunas.
Las listas de espera se han convertido en un dolor de cabeza para los asegurados. En el año 2019, la Sala Constitucional emitió la sentencia estructural N° 2019005560, la cual ordena a la CCSS elaborar un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera que afrontan los asegurados; sin embargo, los largos tiempos de espera siguen latentes.
La actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, ha dicho que uno de sus mayores retos será bajar las listas de espera de la institución; por lo que trabajan en un plan para hacerlo.
“Si no hacemos algo extraordinario, esto nos va a colapsar como Estado”, externó Esquivel, quien con dos meses de estar en el cargo destaca que la institución que dirige tiene un serio problema de gestión.
“Siento que se perdió el norte de que la parte administrativa tiene que entender que está ahí para ayudar a la parte operativa, y no al revés”, añadió.
De acuerdo con Román Navarro, de la Comisión Derecho de la Salud, del Colegio de Abogados de Costa Rica, el Cuarto Diálogo busca que haya una comprensión mutua entre distintos actores, así como la generación de propuestas que puedan ayudar a “fortalecer los beneficios del proceso de judicialización, y reducir los riesgos que eso supone”.
