De acuerdo con datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, entre el 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2023, un total de 885 personas trabajadoras han renunciado a la institución.
Así se especifica en un oficio que dio respuesta sobre el tema tras una solicitud planteada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), con fecha del 25 de enero.
De todas esas renuncias, 287 corresponden a personal de investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un 32,43%. Cabe recordar que en dos propuestas de presupuesto consecutivas la administración Chaves ha planteado serios recortes presupuestarios al Poder Judicial y al OIJ en particular. Recién en diciembre el director del OIJ, Rándall Zúñiga, reaccionó con evidente disgusto cuando se conoció la decisión del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de recortar ₡2.000 millones al presupuesto de ese organismo para este año.
El sector que ocupa el segundo lugar ha sido el de personal administrativo, de donde se han marchado 138 personas trabajadoras. A ello se suman jueces y juezas, personal del Ministerio Público y de la Defensa Pública, de Medicina Legal y de Ciencias Forenses.
Jorge Cartín, secretario general del Sitrajud, apuntó que algunos de los factores de peso detrás de esta realidad son el congelamiento salarial, la falta de acciones que mejoren el ambiente laboral tanto en infraestructura como en relaciones humanas, las desmejoras en las futuras jubilaciones y “ahora que es un riesgo a la seguridad ser funcionario judicial por miedo a ser víctimas del hampa”.
Al mismo tiempo consideró que las altas cifras se deben a que “el personal judicial, tanto profesional como no profesional de todas las áreas Fiscalía, Defensa Pública, Policía OIJ, Personal de Cárceles, Ciencias Forenses y Medicina Legal y Jurisdicción, se están viendo obligados a tomar medidas en pro de mejorar sus condiciones económicas para afrontar los requerimientos de sus familias”.
Un hecho notable es que ya en enero UNIVERSIDAD publicó datos oficiales según los cuales desde 2018 hasta 2023 se habían presentado 834 renuncias. Es decir, en 2017 se dio la renuncia de 51 personas. Si se parte de la nueva información que data del 1 de enero de 2017, entonces en promedio por año entre 2017 y 2023 renunciaron unas 126 personas.
Si la cantidad de personas que renunciaron en 2017 está por debajo de la mitad de ese promedio, ello da una idea de cómo se disparó el fenómeno a partir de 2018, como lo ha publicado este Semanario desde hace un año.
Cartín informó que el Sitrajud ha buscado luchar contra esa situación y ha acudido a tribunales contenciosos “contra la Reforma Fiscal”, así llamada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y en materia constitucional contra la Ley Marco de Empleo Público, dos marcos legales que han generado un boom de renuncias a partir de 2018; sin embargo, reconoció que se trata de “procesos que no caminan y siguen afectando a las personas funcionarias”.
Añadió que también se solicitó a Corte Plena actualizar los indicadores de competitividad salarial para equiparar con el mercado privado todos los puestos, pero esa gestión “no camina”.
También se han apoyado gestiones de otras organizaciones, “como una deuda por costo de vida del 2020 donde bajó la relación PIB-deuda a menos del 60% (cuando se reduce ese porcentaje se pueden hacer aumentos) que reconoció el mismo presidente siendo ministro de Hacienda del gobierno anterior”.
Cartín añadió que se mantiene “una serie de demandas que están generando efervescencia en las personas trabajadoras que deben ser atendidas de inmediato porque la inacción y el plegamiento de Corte Plena a la línea del Gobierno o en materia fiscal es inaudita hasta el punto de desconocer que ellos pueden separarse de las políticas del gobierno por ser un Poder de la república independiente”.
“Desafío” para la Corte
Se buscó una posición al respecto de Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien por medio del departamento de prensa remitió a una respuesta que ya había ofrecido por escrito a mediados de enero.
En esa oportunidad, reconoció que “las remuneraciones y las expectativas de jubilación del funcionariado se han visto directamente afectadas” por las mencionadas leyes aprobadas a partir de 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, “lo que ha desembocado en más de 800 renuncias en los últimos cinco años”.
Aguirre reconoció que “la experiencia y conocimiento de estas personas son elementos clave”, por lo que para la institución representa “un desafío”, el hecho de que “quienes las sustituyan deberán atravesar una curva de aprendizaje y recibir capacitación, lo que significa, para la institución, inversión en tiempo y recurso económico”.
En ese momento, como muestra de la “prioridad” que se da al tema, Aguirre informó que se encargó a la Comisión para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público un informe sobre “la política salarial de la institución y la situación de las personas funcionarias en ese campo”.
Esa comisión contó “inicialmente” con un plazo de un mes para presentar el documento, aunque se augura que podría tardar más. “A partir de ese diagnóstico podremos conocer cuál es nuestro margen de acción y las posibilidades reales que tenemos”, dijo Aguirre.
Se consultó si el documento ya está listo y si era posible conocerlo, pero al cierre de edición no se ha tenido respuesta sobre el particular.
Aguirre también mencionó la puesta en marcha de una Política Integral de Bienestar y Salud Laboral del Poder Judicial, con el objetivo de “implementar beneficios para las personas trabajadoras y optimizar el ambiente laboral”, como una estrategia dirigida a retener el personal.
El magistrado recalcó “la importancia para Costa Rica, para la democracia, la institucionalidad y la seguridad nacional, de un Poder Judicial fuerte y sólido, con los recursos económicos necesarios y el mejor personal profesional y técnico en sus filas”.
El 24 hay marcha
El miércoles 24 de abril a las 9 a.m. se realizará una marcha convocada por el Frente Nacional de Lucha, que agrupa a unas 90 organizaciones sindicales y sociales del país.
Jorge Cartín, secretario general del Sitrajud, que forma parte de ese Frente, recordó que esa instancia se conformó en un principio para defender a la CCSS, pero “ha ido escalando a la defensa de la institucionalidad costarricense que este gobierno pisotea día con día”.
Por ello, este miércoles se marchará “en defensa de la separación de poderes e independencia judicial, por el fortalecimiento de nuestras policías tanto judicial, como Fuerza Pública, Control de Drogas, Fiscal, Tránsito y Migración, etc., por la defensa del recurso hídrico, la soberanía alimentaria y rescatar al productor nacional, por la educación pública, mejores condiciones salariales”.
Ante esa amplia agenda de preocupaciones, se espera que la iniciativa del 24 “haga salir a todos los sectores sociales a exigirle primero respeto y sobretodo acciones para rescatar a nuestro país, basta de irrespetuosos mensajes de parte del Gobierno y alto a la violencia social, que por ese discurso de odio se descarga en las personas trabajadoras públicas de todos los poderes y los liderazgos de grupos organizados”.
