Un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos originarios fueron registrados durante 2020, en cuenta el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre.
Esa cifra se desprende del detallado Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios en la Zona Sur de Costa Rica, recién divulgado por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Se trata de actos de violencia de diversos tipos, desde agresiones personales hasta quema de cultivos o ranchos, que se han dado como respuesta a los movimientos de recuperación de tierra en los territorios indígenas en manos de personas no indígenas.
El documento sistematiza las acciones violentas que ocurrieron durante el año pasado 2020 contra los pueblos bribri del territorio de Salitre e Iríria Bribri Sá Ká (comocido como Cabagra), Brörán de Térraba y Cabécar de China Kichá.
La CLSS elaboró el informe pues de manera permanente monitorea y emite comunicados para denunciar cuando se dan las agresiones. Así, el documento detalla -además de los mencionados casos de Jehry Rivera y Minor Ortiz- dos casos de agresión con arma de fuego, cinco incidentes de agresión por parte de turbas, 25 casos de amenazas de muerte, siete de detonaciones de armas de fuego y 17 incendios provocados, entre otros tipos de agresiones.
La elaboración del informe correspondió a Nery García, de la Asociación Voces Nuestras y de la CLSS, quien dijo que se trata de “un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS”, y que lo detallado en el documento “fue verificado, respaldado por diversas fuentes -incluidas fuentes oficiales como el Ministerio de Seguridad Pública, la Defensoría de los Habitantes- y testimonios en las comunidades y organizaciones que se encuentran recuperando tierras-territorios que han sido usurpadas ilegalmente por personas no indígenas”
Dijo además que “pretende ser un grito de justicia” ya que “a través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”.
Un comunicado de la CLSS apunta que “la Fuerza Pública está involucrada en al menos 24 incidentes de seguridad contra los Pueblos Originarios, donde el principal escenario corresponde al Territorio Cabécar de China Kichá”. De la misma forma, señala a terratenientes no indígenas de apellidos Figueroa Uva, Vargas Mata y Fernández como “tres de los actores identificados con mayor incidencia en la agresión” contra personas indígenas.
El informe destaca el contexto complejo del año pasado, marcado por el aniversario del asesinato de Sergio Rojas, el asesinato de Jehry Rivera, después del cual “se llevó a cabo una escalada de violencia sistemática y casi simultánea en los Territorios Bribris de Salitre e Iríria Bribri Sá Ká (Cabagra), Bröran de Térraba y Cabécar de China Kichá”.
A todo ello llegó a sumarse la pandemia, que incidió en un bajonazo transitorio de la violencia.
“La justicia está en nuestra contra”
El documento también reconoce que tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada inició un “supuesto proceso de diálogo” y retomó el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI), pero “ni los diálogos ni el Plan RTI cambiaron significativamente la vida cotidiana” de las comunidades indígenas.
Se critica además esas iniciativas pues “arrastran una serie de acciones y actores que corresponden al carácter colonial del Estado. Ni el Plan RTI ni los diálogos reconocen a las organizaciones propias de los Pueblos Originarios y las confronta con las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) de los Territorios”.
Además, señala que “los pocos desalojos administrativos realizados han sido a terrenos ya recuperados y entregados a las ADI. Además, se ha irrespetado la priorización de desalojos determinados por las organizaciones propias, entre otras acciones”.
Es notorio el caso de Minor Ortiz, del Clan Tubolwak y del Territorio Bribri de Salitre, quien el 9 de febrero recibió fue herido de un disparo por el mencionado Figueroa Uva, ya que el agresor quedó en libertad tras pocos días y “actualmente es uno de los sujetos que acosa, hostiga y violenta a la comunidad de Di Sié (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre. Las vidas de Minor, su madre Mariana Delgado y el resto de su familia se encuentran en riesgo”.
Desde la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö -que junto a voces Nuestras apoyó la producción del Informe-, Gustavo Oreamuno Vignet subrayó que todos y cada uno de los hechos relatados en el informe fueron en su momento denunciados pública y penalmente, “sin embargo, hasta el momento no se han establecido sanciones judiciales o administrativas correspondientes. Todos los crímenes hechos por particulares y las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado están al día de hoy impunes”.
Sobre ello, Efraín Fernández, indígena cabécar recuperador del territorio de China Kichá aseveró que “como recuperadores, como Pueblos Originarios, sabemos que la justicia está en nuestra contra, que la Fuerza Pública juega a favor de los intereses de los usurpadores y frente a esto, no nos queda más que seguir luchando y organizándonos”.
