Más allá de la huelga: el terreno está para conflicto

La huelga de setiembre y el trámite del plan fiscal son solo el primer pulso. Los problemas por las finanzas públicas y la repartición de cargas se instalan durante este gobierno.

Ha habido pérdidas millonarias, intervenciones policiales y sabotaje a la distribución de combustible. Ha habido duras acusaciones desde el Gobierno y contra él, discusiones internas en Zapote o en la Unión Sindical y un recrudecimiento de la discusión pública, pero solo un asomo de diálogo para resolver lo más urgente.

La huelga de trabajadores estatales cumplió 10 días activa sin evidencias de crecer en apoyo, con acciones de presión que molestan a otros grupos ciudadanos y con dudas sobre su desenlace; pero sobre todo con la certeza de que cuando esto acabe nada habrá acabado realmente.

Más allá de la huelga y del plan fiscal que solo aportaría un tercio del dinero que necesita el país para estabilizar sus finanzas deficitarias, el pulso por las reformas estructurales en el gasto público y las fuentes de ingresos apenas empieza. El país necesita una cantidad de dinero equivalente a 4,5% del PIB y el proyecto fiscal que hoy se debate en el Congreso significa menos de un tercio de ello, lo que obliga a las autoridades a pensar en el paso posterior sin haber apagado todavía la fogata del momento.

Al cierre de esta edición, martes 18, el Gobierno y los líderes sindicales apenas se habían reunido por aparte con los obispos católicos, aceptados como intermediarios para un eventual diálogo que dé salida a la huelga; aunque los huelguistas insistían en su propósito ambicioso de ver retirado el plan y el Gobierno, en la necesidad de aprobarlo pronto. Esto es quizá algo igual de ambicioso, a juzgar por los movimientos legislativos.

De momento, mientras se anunciaba un primer encuentro justo en el día 10, el “parte de huelga” informaba sobre 14 policías heridos, 40 personas detenidas de distintas circunstancias, los trastornos en la venta de combustible y la caída de hasta 50% en las reservas turísticas en plena temporada baja.

Se agregan miles de horas lectivas perdidas, más de 40.000 citas de salud canceladas y más de 1.200 cirugías que estaban programadas desde mucho antes de la llegada del gobierno en mayo, su apuesta por el plan fiscal y el rechazo de los principales sindicatos del país.

El discurso de ambas partes se repetía en torno a una supuesta disposición al diálogo, aunque la Unión Sindical se aferraba a negociar mientras en las calles sus grupos mantienen bloqueos intermitentes en carreteras importantes y en varios hospitales se limitaba el lavado de la ropa sucia.

Incluso en el fin de semana hubo despliegue en las calles. Demostraron compromiso y buena organización con los grupos en el terreno, con acciones en distintos puntos del país. En la capital su acción más notable fue la marcha multitudinaria del miércoles 12, tras la cual hubo un conato de enfrentamiento entre manifestantes y policías.

Los oficiales antimotines acabaron rodeando la Asamblea Legislativa, donde una mayoría de diputados tramita mediante un procedimiento rápido el expediente 20.580 (llamado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o “combo fiscal”, en palabras de los sindicatos).

Al cumplirse la primera semana de huelga, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN, fracción que apoya el plan fiscal) plantearon la posibilidad de poner una pausa en la discusión del proyecto, mientras los de Restauración Nacional hicieron un guiño a los huelguistas, al pedir devolver el expediente a una instancia previa.

Con los manifestantes en la calle y los movimientos políticos en Cuesta de Moras, el Gobierno ofreció vías de encuentro y esta llegó al final de la primera semana con la intercesión de actores que hasta hace poco eran noticia por otros motivos: los obispos de la Iglesia Católica.

Con recelo mutuo, ambos bandos se reunieron antes cada uno por su lado con los obispos católicos. No fue posible antes del día 10 de huelga la cita “preliminar” para ver las condiciones de un eventual diálogo, pero al final aceptaron hacerlo en la Casa Arzobispal. Saben que las demostraciones en esta fase y la manera como se resuelva la huelga pueden ser decisivas para lo que viene, aunque parece poco probable que se mantenga la “paz social” de la que se ufanaba el presidente Luis Guillermo Solís en su período 2014-2018.

Tareas inmediatas

El Gobierno reitera que este plan fiscal es urgente, pero insuficiente. Que quedan por discutir asuntos del impuesto al valor agregado (IVA), más reformas a renta, la posibilidad de gravar a más sectores o aplicar normas que limitan trucos empresariales para reportar menos ganancias. También reformas al sistema de empleo público, más allá de algunas normas contenidas en el proyecto 20.580.

De los tres intentos de reforma fiscal impulsados en este siglo, este es el único que incluye medidas de recorte del gasto y es el único que ha provocado una huelga de trabajadores públicos, apuntaba el director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell.

El problema, decía Vargas, es que los sindicatos convocaron la huelga con una demanda máxima, la liquidación del proyecto fiscal, a lo cual el Gobierno no puede ceder porque los números no dan. El balance de ingresos frente al de gastos y el de deudas hacen innegociable este salvavidas fiscal, ha dicho la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

Es eso o deja de pagar lo más básico, o aumentar el endeudamiento en condiciones cada vez peores, insisten en Zapote.

Por eso este plan fiscal es un plan que apenas sirve para sacar de la emergencia al paciente. De inmediato vendrán las medicinas para intentar curarlo, coinciden fuentes de Gobierno y analistas. Y algunas de esas curas son amargas o dolorosas para un sector u otro. Grupos de trabajadores del sector público lo ven venir.

“Estamos atendiendo el momento, pero sabemos que hay que prepararse para el plazo más largo. Aunque en este proceso sale muy deslegitimado el presidente Carlos Alvarado, sabemos que vendrán después otras negociaciones y otras medidas de presión. Quizá el siguiente paso vaya por el lado de nuestras pensiones”, dijo este martes a UNIVERSIDAD Gilberto Cascante, secretario de la Asociación Nacional de Educadores (Ande).

Cascante hablaba hacia la 1 pm del martes en mitad de una reunión con otros dirigentes sindicales. Recién se enteraban, dijo, de que el Gobierno pidió no conversar de manera directa de una vez, sino hacerlo primero a solas con los obispos.

Quince horas antes, en la noche del lunes, ellos se reunieron con Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y abanderada de posiciones más cercanas a los sindicatos, a pesar de que en el equipo de Gobierno otras posturas promueven más la respuesta dura y aboguen por no transigir, también pensando en las señales hacia adelante.

“Quizá se puede ganar un pulso como este, pero, ¿qué país te queda después? Esto es más complejo que el combo del ICE (año 2000) porque aquí estamos ante una catástrofe inminente, por la situación fiscal. (…) Hay que prepararse para algunos años de conflicto y, por tanto, de diálogo inevitable”, comentó Patricia Mora, a quien los sindicatos rechazaron como intercesora por ser parte del Ejecutivo.

“La ciudadanía se va enardeciendo y hay que entender que esto va más allá del plan fiscal (…) Hay que cuidar que esto no se vaya de las manos. Creo que ha faltado cordura. Se debe actuar con inteligencia y generosidad, lo cual implica la disposición a ceder. Pero manteniendo bloqueos y antimotines es muy difícil”, añadía minutos antes de entrar a una sesión crítica del Consejo de Gobierno, este mismo martes.

Para Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda en el gobierno de Luis Guillermo Solís, es claro que la discusión fiscal está apenas empezando en esta administración, pues este plan aportaría solo un tercio de lo necesario para revertir el ciclo deficitario.

“He dicho que esta es solo la primera parte y faltan quizá dos más, pero lo digo en términos numéricos. En la medida en que quitemos peso a este proyecto estamos dejando tarea pendiente para el futuro inmediato, casi que de una vez”, dijo.

Lo amplía Rodríguez: “El expediente 20.580 se terminará pronto de una manera u otra, e inmediatamente hay que seguir la discusión sobre qué pasará con la tarifa del IVA y renta, entre otras decisiones. Esto sería como una máscara de oxígeno para seguir sumergido en el mar de deudas en que estamos. No es difícil adivinar que vendrán más conflictos que se van manifestar de distintas maneras, salvo que todos los actores económicos cedan en algo. Si alguien queda exento de sacrificio será el principio de nuevos conflictos”.

Sectores como las cooperativas grandes están en la mira para aplicar el impuesto de renta. Se agrega la “norma de subcapitalización”, que consiste en evitar que las empresas deduzcan de las ganancias gravables los gastos de créditos ficticios con sus mismos propietarios o empresas hermanas. Ambos temas se han planteado en la discusión, pero la presión de los afectados ha tenido éxito en los diputados, como reconocía la ministra de Hacienda.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, ha sido uno de los principales rostros de Gobierno durante la huelga. Aquí con el presbítero Luis Alejandro Rojas, miembro del comité mediador de la Conferencia Episcopal tras la reunión en víspera del encuentro con líderes sindicales.

¿Resistencia?

Los sindicatos, en cambio, no habían logrado incidir en los legisladores, al menos hasta esta semana. Su cambio de acción fue entonces la calle, con la huelga por tiempo indefinido, con resultados discutibles, al menos hasta el cierre de esta edición. Con el anuncio programado de una reunión entre las partes a mitad de semana no se restituía aún la normalidad en servicios públicos ni en las carreteras.

“Si no fuera por los bloqueos, el país podría seguir más o menos su curso a pesar de la huelga, pero el movimiento en una semana no logró sumar nuevos aliados y optó por medidas más fuertes, con el problema de que la radicalización de acciones pone distancia con otros sectores y se dificulta crear un frente común”, analizaba Vargas Cullell. Por eso, decía, a la Unión Sindical también le convenía buscar salida a esta huelga, por la imposibilidad de sostenerla mucho tiempo más sin más apoyo popular.

Igual, los sindicatos habían obtenido ya algún fruto, el de hacerse escuchar al menos para el proceso posterior a este plan fiscal.

“La experiencia nos dice que los ciclos de protesta generan nuevos ciclos colectivos”, advierte Ilka Treminio, politóloga y directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Costa Rica. “Tal vez no ha sido un movimiento total, por el desgaste que tienen los sindicatos y algunas manifestaciones que resultan violentas para el resto de la población, pero no se debe despreciar el hecho de que en esta ocasión lograron unirse las agrupaciones más importantes”, agregó.

Las universidades estatales también se mantienen vigilantes, a pesar de que ha sido marginal su participación en esta huelga. La intervención policial en la Universidad de Costa Rica, el miércoles 12 por la noche, pareció encender la molestia de los universitarios, pero al día siguiente el presidente Alvarado atendió en su despacho a los rectores y acordaron crear una comisión para investigar si hubo abusos policiales, y la huelga siguió por su lado.

También se mantenía la política fiscal del Gobierno, a cargo en buena medida de las autoridades del sector económico ajenas al Partido Acción Ciudadana (PAC), pero atraídas bajo el concepto de “gobierno de unidad nacional” que promovió el mandatario desde que era candidato presidencial de cara a la segunda ronda. “El ala neoliberal”, como le llaman voceros sindicales y, en voz baja, algunos partidarios del PAC, en alusión al grupo encabezado por el ministro de Presidencia, Rodolfo Piza.

Es lo que ve Vargas Cullell: “Los dirigentes podrían también pensar en golpear al Gobierno para derrotar la orientación ‘neoliberal’ y articular una orientación más progresista, más estatista o similar al pacto tácito o explícito que tuvo Luis Guillermo Solís con algunas fuerzas sindicales. Es decir, aprovechar algunas contradicciones, y puede ser también un objetivo estratégico”.

Sin embargo, el gabinete/experimento de Alvarado se mantiene invariable de momento, chismes aparte. Las contradicciones han quedado para las reuniones de comité o incluso para las sesiones de Consejo de Gobierno, como la de este martes, como confirmaron varios ministros bajo el anonimato.

Patricia Mora, que hizo pública su divergencia sobre el abordaje gubernamental de la huelga, ve señales de intentos por desestabilizar al Gobierno e insinúa algunas acciones del Restauración Nacional, el partido que con 14 diputados administra una importante cuota de poder en la Asamblea Legislativa hasta el 2018.

“Aquí hay que ser muy astuto y saber de dónde vienen los impulsos. Aquí ha faltado la cordura y una mirada más allá del momento. Si perdemos la estabilidad ya no importará mucho si el IVA es 13% o no, o si la canasta básica o no”, reflexionaba Mora en la antesala del Consejo de Gobierno, mientras que dentro, sus compañeros de gabinete ya debatían los acontecimientos. “Vamos a ver. Estoy a punto de entrar al Consejo de Gobierno y la verdad no sé cuántas veces más entraré”, dijo entre broma y seria, antes de advertir que su voluntad es continuar allí.


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