La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa investiga la denuncia de un presunto fraude con exportación de piña convencional que se hizo pasar por piña orgánica, lo que pone en peligro la marca del país en el mercado internacional y el futuro de los genuinos productores del cultivo orgánico.
En la primera audiencia sobre el tema, el pasado 20 de febrero, estuvo presente el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz; la viceministra Ivannia Quesada; el director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Marco Vinicio Jiménez; el exdirector de esa oficina, Francisco Dall’Anese, y representantes de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro).
En la sesión se dio un choque frontal entre las posiciones de la Cámara y los jerarcas del Ministerio. La primera representa a un sector de los productores de piña orgánica y sostiene que las autoridades del MAG no han atendido denuncias que han puesto desde el 2016, en el sentido de que “se está exportando más piña orgánica de la que hay en el país”; mientras que el Ministerio sostiene que sí se han investigado y que no se han comprobado irregularidades.
Documentos y testimonios
Los representantes de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) dicen tener pruebas suficientes para demostrar que en ciertas exportaciones de piña orgánica se violaron disposiciones de orden público en perjuicio de productores y de los consumidores internacionales de piña costarricense.
Los documentos – aseguran – muestran cómo las compras de insumos orgánicos jamás pudieron justificar un incremento tan desproporcionado de exportaciones, que acabaron derrumbando los precios de los mercados internacionales. Hay testimonios de operadores orgánicos que vendieron a las empresas cuestionadas materia prima en una cantidad, reportada luego con volúmenes mayores (la Cámara difunde videos de entrevistas a algunos de estos productores).
Además, se observan violaciones en las áreas declaradas como siembras orgánicas; así como anomalías en los registros de esas tierras y ventas irregulares a empresas internacionales.
Canagro ha planteado una serie de denuncias en instancias administrativas, penales y contencioso administrativa, dijo el director ejecutivo, Óscar Salas.
En sede administrativa se presentó una denuncia por alteración e identificación ilegítima de áreas que supuestamente estaban en transición y que eran usadas para la producción orgánica, y otra por las exportaciones que la compañía Congelados Valle Verde hizo mientras su acreditación orgánica estaba suspendida.
En la fiscalía de San Carlos se presentó una denuncia por incumplimiento de deberes y por desobediencia, específicamente por el no acatamiento de la suspensión. En San José, hubo otra denuncia penal contra el director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) por prevaricato, dada la forma en que dictó la resolución que posibilitó el levantamiento de la suspensión a Valle Verde, el 23 de diciembre del 2016.
Entre otras acciones, hay además una demanda contencioso administrativa que cuestiona la legalidad del procedimiento administrativo en esa resolución del SFE, según informó Salas.
No obstante, las respuestas de los funcionarios evidenciaron fallas increíbles en la vigilancia que debe hacer el Estado sobre las exportaciones de la producción del producto orgánico y el cuido del mercado.
Ni el ministro, ni la viceministra, ni los funcionarios del SFE – a pesar de sostener que no se han comprobado irregularidades en la exportación de piña orgánica – supieron responder a la pregunta de cuánta es el área cultivada de piña orgánica en el país y cuál es el rendimiento por hectárea. Aunque estos datos son elementales para saber si se está exportando más piña orgánica de la que hay en el país, como denuncian los miembros de Canagro.
(El director del SFE, Marco Vinicio Jiménez, tenía el dato del área cultivada al año 2016 – 1404 hectáreas –, posteriormente el FSE envió nota a la Comisión en la que se informó que para el 2017 el dato era 1800 hectáreas).
Otra novedad fue que Jiménez reconociera que en Costa Rica es posible realizar exportaciones de fruta orgánica sin conocimiento del SFE (pese a que por ley esta dependencia del MAG tiene la responsabilidad de llevar el registro de productores y certificadores orgánicos, y de vigilar el cumplimiento de los requisitos para mantener esa condición).
“Eso significa que la marca país no está tutelada por el Estado costarricense”, anotó el presidente de la Comisión Legislativa, Rolando González (Partido Liberación Nacional).
Por su parte, Alexandra Loría (Restauración Nacional) cuestionó la utilidad de mantener un organismo encargado de un control que no se cumple.
Los representantes de Canagro hablaron de la necesidad de que se investigue el “ruido”, existente desde el 2014, alrededor de la presunta presencia de piña convencional que se está haciendo pasar por piña orgánica en el mercado de Estados Unidos y Europa.
Insistieron en acusar a las autoridades de no haber puesto la debida atención al problema, y que más bien engavetaron una investigación que realizó el ingeniero José Miguel Jiménez, inspector del SFE. En ese estudio se comprobó irregularidades en una empresa exportadora de piña orgánica ubicada en Pital de San Carlos.
La investigación legislativa surgió luego que Canagro se quejó de una supuesta inacción de las autoridades del MAG ante denuncias presentadas contra Valle Verde Corp. L y L, Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos Valle Verde S.A., empresas de un mismo grupo, radicadas en la zona de Pital de San Carlos, que supuestamente estarían involucradas en el fraude con la piña orgánica.
Según los miembros de Canagro, varias exportaciones de piña convencional fueron colocadas en mercados internacionales, lo cual supondría ingentes ganancias, y provocó un derrumbe de precios que tiene en peligro de bancarrota a productores que sí cumplen con las reglas de la producción orgánica, que además es más costosa.
(Mientras en piña convencional el rendimiento es de $7.000 por hectárea, en la orgánica es del doble. Si se agrega el costo orgánico, el retorno de la inversión es triple cuando la piña convencional se vende como orgánica, explicó uno de los comparecientes de Canagro).
Según los productores, la primera alerta les llegó en octubre del 2015, durante un encuentro en Vermont, Estados Unidos, con importadores estadounidenses que les manifestaron preocupación por el presunto fraude con la piña orgánica.
En declaraciones por vía telefónica, José Miguel Jiménez relató que, en marzo del 2016, por decisión de Dall’Anese, entonces director del SFE, ante una queja del sector, se le asignó recopilar información para ver si había base para iniciar una investigación.
Fue así que pidió datos de un año a dos empresas, La Paz y Congelados y Jugos Valle Verde, que operan en la zona de Pital, y se hizo un análisis de masas para determinar el volumen de exportaciones y la trazabilidad hacia los proveedores, con el fin de corroborar si correspondía con proveedores certificados.
En el caso de La Paz, estaba bien, pero en el de Valle Verde se encontraron inconsistencias. Con base en esos informes El SFE le suspendió la certificación a la empresa.
El 23 de mayo, en una reunión con miembros del sector, Dall’Anese le dij
o que les pasara a ellos la información porque iban a manejar el tema con transparencia, prosiguió el funcionario.
Un mes después hubo cambio de director. La nueva dirección, junto con la viceministra, acordó abrir una pesquisa, que empezó con la misma empresa en la que se habían encontrado inconsistencias.
Antes de eso corrigieron la resolución que dictaba la cancelación del certificado orgánico a la empresa, luego que la Sala IV resolvió que no se había seguido el debido proceso.
“Yo la sigo (investigación formal) y en octubre entrego el informe, casi 2000 hojas, y sobre ese informe nunca se dictó nada, simplemente lo cerraron. Ahí se enumeraban una serie de anomalías y el Estado nunca hizo nada. Al día de hoy no me han llamado ni la viceministra, ni el director, ni nadie a decirme ‘explíqueme algo de este informe que usted hizo”, dijo Jiménez.
Añadió que a él le abrieron una investigación y el ministro lo sancionó con ocho días de suspensión sin goce de salario, porque se le acusó de haber compartido con terceros información confidencial durante el proceso. Esto aunque no había sido una decisión suya, sino del director, y que entonces todavía no había comenzado la pesquisa.
Esta versión fue apoyada por Dall’Anese, quien dijo a los diputados que fue él quien ordenó hacer una auditoría a todas las empresas del sector. No era una investigación en ese momento y fue su decisión compatir datos entre las empresas; sin embargo, a la fecha nadie (del MAG) lo ha llamado para preguntarle, ni para darle oportunidad de la debida defensa en este asunto.
INFORME
Por otra parte, el exdirector del SFE criticó que a Jiménez se le hubiera sancionado por haber hecho pública información, ya que esta se dio a conocer antes de iniciarse la investigación y ya era pública. Además, cuestionó que las autoridades del MAG pasaran por alto el informe técnico entregado por el investigador, que en detalle exponía diferencias que no calzaban en los volúmenes y el sistema de acreditación de la empresa analizada.
Dall’Anese denunció, asimismo, que en el expediente administrativo del MAG solo incluyeron partes de ese estudio y que aparecen en desorden, lo que lo hace incomprensible. Además de que se omitió el análisis de masas que hizo Jiménez, en donde se puede ver el fraude.
“No sé si esta es la única empresa que presuntamente comete este tipo de actos, pero sí les puedo asegurar que pasa (el fraude), porque hay más fruta orgánica fuera del país que dentro del país, y se supone que se produce aquí. Hay que darle una trazabilidad real, tres personas en el departamento de agricultura orgánica de este país no pueden darle seguimiento”, manifestó el exdirector, tras acusar a la viceministra de haber bloqueado una restructuración que hubiera permitido tener más personal en vigilancia de campo.
Es un tema técnico en el que intervino la viceministra, como en otros, sin tener conocimiento ni competencia para intervenir en las decisiones técnicas. “No entiendo cómo vienen a decir aquí que son respetuosos de la ley y cómo hablan de que conocen, si luego actúan diferente, tengo los documentos para respaldarlo”, agregó.
Así reaccionó Dall´Anese, molesto, al oir al ministro y la viceministra decir que ellos no interfieren en las decisiones técnicas del SFE (órgano desconcentrado), ya que hay muchos ejemplos de las intromisiones en procesos técnicos, como se lo detalló en un oficio que le había enviado al ministro, quien nunca le respondió.
Consultado sobre su postura respecto de las denuncias en torno al supuesto fraude con la exportación de piña orgánica, el ministro Arauz dijo a UNIVERSIDAD: “el tema lo retomamos a partir de una denuncia de una empresa contra otra empresa en el SFE, que es el órgano competente. Ahí decidieron llevarlo a un proceso administrativo, pero los que pusieron la denuncia no quedaron satisfechos y lo llevaron a un proceso judicial. Entonces, está en los tribunales y no es mucho lo que puedo aportar sobre el tema, por respeto a la institucionalidad yo no puedo hablar de temas que están en los tribunales”.
Aseguró que el SFE investigó y no encontró inconsistencias, ni residuos de plaguicidas en las fincas y que el programa nacional orgánico del MAG también investigó y no encontró irregularidades.
¿Entonces no hay indicios de fraude con exportación de piña orgánica? “No se ha podido comprobar”, fue su respuesta.
Por su parte, la viceministra Quesada dijo, en la Comisión Legislativa, que en diciembre pasado participó en una reunión con una representante del Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quien manifestó que para ellos y para el Departamento de Agricultura de ese país el tema está cerrado y no hay ninguna investigación abierta sobre la piña orgánica de Costa Rica.
Óscar Salas, director ejecutivo de Canagro, aseguró que a la viceministra le dijeron algo que no es cierto, pues el NOP no hizo ninguna investigación. Aseguró que un investigador de NOP le puso un correo diciéndole que la denuncia se había descartado, porque el MAG les informó que habían cerrado los procedimientos administrativos y porque le habían preguntado a la agencia certificadora y esta dijo “aquí no ha pasado nada”.
Añadió que, incluso, de parte de la Cámara ofrecieron al NOP llevarles la documentación que poseen, pero esa oficina nunca realizó ninguna investigación.
Señaló, por ejemplo, que dentro del expediente que levantó la suspensión de la empresa Congelados y Jugos Valle Verde consta documentación de la agencia certificadora Kiwa BCS, la cual dice que en tres ocasiones esa empresa no tenía la documentación para ser auditada y eso mismo había evidenciado Jiménez en sus informes. Sin embargo, el SFE no hizo nada, y la empresa siguió operando; como ese ha habido muchos casos denunciados y el MAG no ha hecho nada.
En una nota enviada a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el sindicato Asociación de Empleados Públicos y Privados (Anep) pidió a los diputados profundizar la investigación en el MAG, donde según afirma, son perseguidos funcionarios que han sido víctimas de las intromisiones técnicas de las jerarquías.
El ministro y la viceministra llegaron a decir que son respetuosos de la ley y no interfieren en los procesos técnicos, pero eso es todo lo contrario de lo actuado en casi cuatro años de gobierno, de lo cual hay múltiples pruebas, dice la Anep, que, además, sugiere que de esa forma los jerarcas buscan lavarse las manos y que las responsabilidades recaigan en otros.
El diputado Francisco Camacho (Frente Amplio), quien mocionó para que la Comisión Legislativa investigara las denuncias de Canagro, comentó que el sector de agricultura orgánica en el país debe ser fortalecido, y que cuando se presenta una situación en que se está generando un fraude “estamos poniendo en riesgo nuestra gallinita de los huevos de oro”. El problema se resuelve señalando y sacando de circulación a quien esté haciendo fraude con una producción tan importante, sentenció.
Tras la primera audiencia, los legisladores manifestaron la necesidad de recabar información sobre el proceso de certificación que garantiza que un producto exportado es realmente orgánico.
Con ese fin, nuevamente están convocados, para el próximo 13 de marzo, los jerarcas del MAG, del Ministerio de Comercio Exterior, las empresas Valle Verde Corp. L y L, Proyectos MMV S.A y Congelados y Jugos Valle Verde S.A.; así como Kiwa BCS y PrimusLab, certificadoras de estas empresas.
Sin evidencias
Humberto González, representante de Kiwa BCS, certificadora de la empresa Valle Verde Corp, sostuvo que “es completamente falso” lo que está diciendo Canagro, que ni siquiera presentó una denuncia formal al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y que nunca presentó una denuncia formal ante la certificadora que él representaba, contrario a lo que afirman los miembros de la cámara.
“A estos señores les gusta hablar mucho y sin evidencias, y cuando hablan de investigación hablan del informe de José Miguel (Jiménez, funcionario del SFE), que es un informe de muy mala calidad y solo habla de criterios subjetivos. Se lo digo yo como representante de una certificadora en la que trabajamos con base en evidencia objetiva, no en supuestos”.
Aseguró que Jiménez nunca fue a hacer una investigación completa al sitio de producción y que su informe fue “bastante malo”, con datos subjetivos. Según el ministro y la auditoría interna del SFE es un informe que se basa en apreciaciones subjetivas. Ni siquiera tiene un fundamento técnico, y hasta las mismas autoridades de Estados Unidos lo rechazaron desde que llegó.
González destacó que es importante señalar que se hicieron diez análisis de la hoja y del suelo y todos salieron sin residuos de plaguicidas, y fue el mismo Jiménez quien los mandó a hacer a un laboratorio de Europa, pero eso nunca lo mencionan.
Consideró que Jiménez fue sancionado por un acto corrupto, ya que durante un proceso investigativo obtuvo información confidencial y la compartió con una empresa privada.
