Personeros de la agencia publicitaria Madison Revolution S.A., explicaron a la comisión legislativa que investiga las presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de partidos políticos, que todos los productos que se realizaron para la campaña del Partido Progreso Social Democrático fueron facturados al banquero Jack Loeb o al cuestionado fideicomiso ATA Trust.
La agencia de comunicación, explicaron, construyó la estrategia de campaña del partido y ejecutó una serie de productos comunicacionales (como fotos, videos y hasta pago de pauta en medios digitales y televisivos) que se usaron a lo largo de toda la campaña -incluso en segunda ronda- pero que no fueron enteramente pagados, por lo que actualmente sostiene una demanda civil contra el partido y puntualmente, contra Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y otras figuras del partido.
El trabajo de la agencia, eso sí, fue solo al principio de la campaña pues por razones de no pago y por la forma en que los señalamientos de acoso sexual contra el entonces candidato impactaron a sus colaboradoras y clientes, decidieron no continuar colaborando con el PPSD, dijeron.
Según indicaron Javier Mora, Adriana Barrantes y José Pablo Chávez- representantes de la empresa de comunicación – fue por instrucción del jefe de campaña José Coto y de Sofía Agüero (asistente del ahora presidente) que no se le facturó, ni se realizó contrato con el partido político.
Agüero, detalló Chávez leyendo un correo electrónico enviado por la funcionaria del partido, le indicó a la agencia que los pagos debían realizarse al fideicomiso pues “el partido no está inscrito en Hacienda”.
Sin embargo, explicaron, en todo el proceso creativo estuvieron involucrados tanto el actual presidente de la República como la diputada Pilar Cisneros Gallo, e incluso detallaron que un pago de $20.000 realizado directamente por Loeb fue ordenado por Chaves y todos los productos fueron supervisados en lo creativo por Cisneros.
Los representantes de la empresa comparecieron ante la comisión y explicaron que su relación con Coto, Agüero y otras figuras como Calixto Chaves y Mayuli Ortega, fue en el entendido de que se estaba desarrollando la campaña de Rodrigo Chaves como candidato presidencial del PPSD.
Diputados oficialistas intentaron desprestigiar el señalamiento diciendo que por haberse realizado los productos antes de la oficialización de la candidatura de Chaves, todos los movimientos eran válidos, aunque ese argumento fue demeritado por el frenteamplista Ariel Robles y el liberacionista Francisco Nicolás.
Nicolás dijo que lo que se estaba evidenciando “es el esfuerzo permanente de la diputada Cisneros que miente y no solamente miente sino que enreda, intentando estirar la realidad jurídica de este país”. “No tapemos el sol con un dedo”, dijo el diputado y recordó que los productos se usaron a lo largo de la campaña hasta el fin de las elecciones.
De seguido los oficialistas cuestionaron si el “cliente” (en este caso, los personeros del PPSD que contrataron) podían libremente usar los productos, a lo que el empresario respondió que en efecto el cliente es dueño de los productos que paga, pero que en estos casos, los productos no se pagaron pero sí se usaron hasta el final de la campaña.
¿Porqué lo usaron si no pagaron?, preguntó Alexander Barrantes. “No sé si es que usted no quiere entender”, dijo Mora, a lo que Chávez agregó: “por carebarro, por eso lo usó”.
Cisneros, quien estuvo visiblemente molesta toda la sesión, insistió en que su nombre estaba limpio y que en su caso, las fotos que le tomó la agencia no se usaron porque “estaban espantosas”.
Robles, Nicolás y su compañera de bancada Dinorah Barquero, agradecieron la valentía de los comparecientes por denunciar las anomalías y concluyeron que eran evidentes varias anomalías en el proceso.
“Espero que hagan lo que corresponde, que es lo correcto”, dijo Chávez al despedirse de los diputados.
