El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, salió al paso de las recientes declaraciones del presidente, Rodrigo Chaves, quien achacó a su gobierno los problemas de diseño y gestión de las obras en la ruta 32, al aclarar en un artículo de opinión la sucesión de hechos que ha llevado al estado actual de la ampliación de esa importante vía hacia el Caribe.
Solís, en conjunto con el exministro Carlos Segnini, recordaron que su administración recibió un acuerdo previo para la ampliación de la carretera y afirmaron que durante el tiempo que estuvieron a cargo, plantearon soluciones y defendieron el interés nacional, contrario a lo dicho por Chaves.
“Una vez más es necesario aclarar para seguir rompiendo la devastadora práctica de no decir toda la verdad”, reza el artículo titulado “La ruta 32 y las verdades a medias”, publicado en la sección de Opinión de UNIVERSIDAD.
Los exgobernantes detallaron que el contrato inicial fue pactado y firmado por la administración Chinchilla Miranda y luego, pasó a la Asamblea Legislativa ese mismo año.
En su gestión, dicen, renegociaron “todo lo que fue posible, para conseguir nuevas condiciones que corrigieran aspectos básicos y medulares, teniendo claridad que se debía avanzar dado su importancia para la Vertiente Caribe”.
Luego de una audiencia legislativa del entonces ministro Segnini, recordaron, fue posible con el apoyo de diputaciones ajustar el texto para solventar las fallas que contenía como por ejemplo, que no había anteproyecto de la obra.
“Otros aspectos que lograron ser incluidos en esta Ley fueron los términos del prediseño y del contrato, el lugar del arbitraje, plazo de gracia del crédito, y la garantía de que tanto los nuevos puentes como la reforma de los ya existentes, se hicieran guardando las normas técnicas de construcción de carreteras y de calidad vigentes en ese momento. Se modificaron los plazos de las expropiaciones, la relocalización de servicios y la contratación de empresas y mano de obra costarricense”, detallaron.
Otros aspectos como la inclusión de accesos a poblaciones aledañas o los espaldones más grandes, quedaron para el diseño definitivo o fueron rechazados por la contraparte, pero afirman, el anteproyecto desarrollado por ellos incluyó recomendaciones y cambios propuestos por expertos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Luego, los ministros Carlos Villalta y Germán Valverde continuaron el proyecto en lo que concernía a las negociaciones, licencias ambientales y órdenes de ejecución, dijeron.
En 2014 se dio una reforma a la legislación sobre expropiaciones que se esperaba acelerara los procesos, aunque esto no se dio exactamente así por lo que al finalizar la administración el proyecto quedó pendiente para bajo responsabilidad del siguiente gobierno.
“La evolución de este proyecto siempre estuvo (ha estado) cuesta arriba, dado las trabas y complejidades burocráticas que afectan planificar y ejecutar obra pública en nuestro país” dijeron Solís y Segnini, razón por la que afirman, apostaron por “agilizar procesos, coordinaciones y acciones mediante varias reformas, además cumplimos con un giro radical para transformar el CONAVI en el Instituto Nacional de Infraestructura Vial, propuesta de innovación que no superó el cerco legislativo”.
“La Administración Solís Rivera actuó con responsabilidad y sin mezquindad en lo relativo a la ruta 32 y a otros proyectos recibidos en etapa de ejecución. Todo ello lo hicimos siguiendo tres principios fundamentales: la salvaguarda del interés nacional y el Estado de Derecho; la obligación de respetar los acuerdos suscritos, ejerciendo los márgenes de mejora que estos disponían según la voluntad de las partes; y el deber de transparentar sin detener el avance de las obras, que obliga a dar cuenta de las actuaciones de la administración como se hizo de forma oportuna frente a la ciudadanía, las instancias de control político y administrativo del país”, concluyeron.
En la actualidad el proyecto de ampliación de la Ruta 32 depende de que el presidente Rodrigo Chaves “consiga” financiamiento por $150 millones (₡ 82.500 millones) según han informado los mismo jerarcas pues los $420 millones presupuestados inicialmente, no alcanzaron a causa de los retrasos.
El director ejecutivo de Conavi, Mauricio Batalla, informó en marzo pasado que los atrasos en el proyecto se deben a que el mismo está “mal concebido” desde el inicio y por eso, aunque su construcción se planificó para durar 4 años -y empezó en 2016- en la actualidad el avance es apenas de 76%.
