Tras 48 horas de su captura, la tarde del miércoles 17 de noviembre los seis alcaldes imputados por el llamado caso Diamante quedaron en libertad, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), no pidiera prisión preventiva para ninguno de ellos.
Mario Redondo, de Cartago, Humberto Soto, de Alajuela, Arnoldo Barahona, de Escazú, y Johnny Araya, de San José no ofrecieron declaraciones a la prensa a su salida del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José , aunque el abogado de Araya, Alfonso Ruiz, dijo que mas tarde lo hará
Por su parte Alberto Cole, de Osa dijo que “nunca recibí dinero” de la poderosa empresa Constructora MECO, “Le pido a la prensa que le diga a la fiscalía que me demuestre dónde está la plata”. Ante la pregunta de un periodista de si pidió algún favor, replicó “no, eso lo veremos”
Sobre la investigación, dijo que “estamos expuestos a esto, somos personas públicas que obviamente estamos expuestos a que se nos investigue, de la investigación a la comprobación hay un trecho largo al cual nos estamos sometiendo y lo vamos a hacer con las seguridad de que se demostrará nuestra inocencia”.
Luego admitió haber tenido conversaciones con personeros de MECO, pues “ha sido una de las empresas que más obra pública ha hecho en este país” y que “en un cantón como el de Osa alejado de la meseta central, las empresas constructoras son muy pocas”.
Cole recordó que hace tres años se quejó ante el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, porque esa institución “no le había dado a las municipalidades la emulsión asfáltica para hacer obras, el gobierno nos dejo en total abandono y no teniendo la emulsión asfáltica para hacer obra en cantones en que se requiere la inversión para sacar adelante el desarrollo, nos quitaron esa posibilidad, y obviamente tenemos que contratar al que ofrece el servicio más barato y más cercano”.
El funcionario también negó haber solicitado algún beneficio a cambio de contratos, y adujo que lo único que hizo fue solicitar a personeros de MECO que aportaran asfalto que les sobra al construir obras para llevar a cabo una pista atlética para una comunidad.
Añadió que en las contrataciones a esa empresa, “Alberto Cole nunca tomó una decisión, simplemente comunicaba la decisión financiera legal y técnica de cuáles eran los argumentos suficientemente claros para que se adjudicara una obra”.
Por su parte el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, dijo sí había mantenido reuniones con MECO: ‘Mi labor es reunirme con los empresarios, eso no significa que yo se aun corrupto’. Sin embargo, aseguró nunca recibió dinero de MECO y por eso está tranquilo.
“Yo quiero ser honesto con mi pueblo y quiero no esconderme porque eso no es digno de un funcionario” dijo Córdoba a la prensa.
Para los seis alcaldes la FAPTA solicitó la suspensión del cargo por ocho meses como medida cautelar.
Por otra parte, el mismo Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó unos recursos de apelación contra la aplicación de procedimiento especial de crimen organizado ne este caso, planteados por la defensa de algunos de los imputados.
