“En Costa Rica hay todo tipo de discriminación, es algo que no se ha querido reconocer como sociedad porque es mal visto, entonces no se acepta”.
Con esas palabras la diputada Maureen Clarke -del Partido Liberación Nacional (PLN)- resumió la importancia de que se apruebe el Proyecto de Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia, que se tramita en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, bajo el número de expediente 20.174.
Clarke -quien forma parte del equipo proponente del proyecto y además presidió esa Comisión durante el periodo de sesiones extraordinarias que recién concluye-, enfatizó qué, en Costa Rica, “un país que se precia de ser respetuoso de los derechos humanos”, hay discriminación “todos los días, de todo tipo: racial, de género, contra personas con algún tipo de discapacidad, contra LGBTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o intersexuales), que es peor todavía”.
El texto de la propuesta define la discriminación como “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de uno o más derechos o libertades fundamentales consagradas en el ordenamiento jurídico nacional o en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Según la legisladora, la discriminación puede estar presente en aspectos como la nacionalidad, edad, sexo, origen étnico, orientación sexual, la identidad y expresión del género, o incluso el idioma, religión, identidad cultural, estado civil afiliación gremial u opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, entre otros.
Clarke definió el racismo como el conjunto de ideas que “enuncian un vínculo causal” entre las características fenotípicas -o de apariencia física- o genotípicas -estructura genética- de las personas, y sus “rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial”.
La impulsora del proyecto señala que ese conjunto de ideas es “científicamente falso, moralmente censurable y socialmente injusto, contrario al ordenamiento jurídico y a las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos”.
Por otra parte, la iniciativa de ley crea el Consejo Nacional contra la Discriminación y el Racismo como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.
Esa instancia tendría entre sus funciones la elaboración y evaluación de una política nacional para la “prevención, eliminación y sanción de toda forma de discriminación y el racismo”. También deberá asesorar a organizaciones públicas y privadas al respecto, así como emitir criterio sobre proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que tengan que ver con las causas de la discriminación y el racismo, o con sancionarlos.
Introduce además el derecho a la reparación para quienes sean víctimas de discriminación o racismo, lo cual incluye, entre otras medidas, la adopción de medidas de satisfacción como una declaración oficial “que contribuya a restablecer la dignidad” de las víctimas, o la apertura de los procedimientos disciplinarios o judiciales correspondientes.
De particular importancia es el hecho de que el proyecto introduce una serie de reformas en el Código Penal, tendientes a tipificar los delitos de odio cuando se trata de homicidios o lesiones, así como la pertenencia a organizaciones que los promuevan.
“URGENTE”
La legisladora liberacionista reconoció que en la Comisión que preside “hemos avanzado no con la velocidad que quisiéramos”, lo cual, según dijo, se debe a “momentos en que no ha habido quórum y no pudimos sesionar, tenemos rato de no poder sesionar y yo quería sacar este proyecto antes de terminar este periodo”.
Así, Clarke hizo un llamado a que “estén pendientes de quiénes y cómo reaccionan cuando esto llegue al plenario, ahí se darán cuenta quiénes no son tan transparentes”. Añadió que esta ley “hace falta, es urgente, es una condición que nos ponen los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, porque no tenemos legislación en esta materia tan articulada como esta”.
Más optimista se mostró la legisladora frenteamplista Patricia Mora, quien también es proponente del proyecto e integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Mora en primer lugar recordó que un antecedente de este proyecto había sido presentado en el periodo anterior por el entonces diputado de su partido José María Villalta, el cual “no caminó porque los grupos evangélicos le presentaron cantidad de mociones y entonces se archivó”.
Informó que el proyecto navega por la Comisión de Derechos Humanos “con buen viento”, pues según dijo “lo que siempre funciona como una subcomisión para dar informe sobre un proyecto, en este caso la conformamos todas y todos los diputados miembros de la Comisión, menos Óscar López”.
Esa Comisión es conformada además por la liberacionista Sandra Piszk, el oficialista Marvin Atencio y la socialcristiana Rosibel Ramos, también proponentes de la iniciativa. Mora adelantó que el proyecto recibirá un dictamen favorable, incluso unánime, lo cual según dijo servirá para que quede en “un lugar privilegiado” cuando entre al orden del día del plenario.
“Creo, contará con el beneplácito de la mayoría de diputadas y diputados”, acotó.
“HAY RACISMO…”
La Defensoría de los Habitantes trabajó durante alrededor de un año con las personas integrantes de la Comisión en el proyecto, el cual fue finalmente presentado en noviembre del año pasado.
Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, observó que si bien el país cuenta con una serie de normas que penalizan o castigan la discriminación, hasta ahora no se ha definido en una ley.
Según dijo, ello se ve reflejado en algunas decisiones judiciales limitadas en cuanto a cómo se define la discriminación, por lo cual es preciso no solo contar con un texto que la defina, sino que apunte cuáles son las distintas formas de discriminación, cómo se ataca y cómo se previene.
Solano destacó que el proyecto de ley reconoce los cuatro ámbitos que internacionalmente se ha considerado que “tienen que estar sí o sí libres de toda forma de discriminación: la salud, educación, trabajo y el acceso a bienes y servicios”.
La funcionaria se refirió a la creación del Consejo Nacional contra la Discriminación y el Racismo, y detalló que se crea como una instancia que funcione desde el Poder Ejecutivo porque su trabajo “requiere ser reflejado en política pública; en segundo lugar necesitamos un órgano que tenga la potestad de ver no solo el sector público, sino el privado”.
Destacó el tema de las reparaciones en favor de las víctimas y medidas al respecto como la restitución, atención médica y psicológica, las disculpas públicas por parte de funcionarios públicos y que “busca resolver la base de la discriminación que normalmente puede ser falta de sensibilización o educación”.
También observó la deuda que tiene el país por no tipificar las organizaciones de odio en la legislación nacional a pesar de que desde 1967 se ratificó la Convención contra la Discriminación Racial, la cual ya incluía la obligación de castigar la pertenencia a ese tipo de grupos.
Informó además que el tema de la incitación al odio se redactó tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual “tiene una gran trayectoria en analizar casos en donde la libertad de expresión puede verse relegada por la protección a las personas frente al racismo y a la discriminación”.
Solano indicó que la discriminación en Costa Rica es “un tema que mucha gente alega en el discurso público, pero a la hora de la hora, a la gente le cuesta reconocer que está siendo discriminada”.
Especificó que los grupos que más lo sufren son las personas afrodescendientes, “en este país hay racismo, hay que decirlo, también hay xenofobia, homofobia, transfobia. Son grupos que vemos con afectaciones serias, también hay discriminación a las personas con discapacidad. En unas zonas del país hay una mayor discriminación contra personas indígenas que en otras”.
La Defensora hizo un llamado a terminar con el proceso de aprobación del proyecto “lo más pronto posible; pero ojalá el próximo año tenga dictamen afirmativo y pase al plenario, pero el proyecto ya de por sí lo aprobó prácticamente toda la comisión, viene con el respaldo de diputados y diputadas de distintas fracciones”.
