Las mujeres subsidian, con la ejecución de miles de horas anuales de trabajo no remunerado en los hogares, políticas sociales que podrían costar entre un 15% y un 27% del producto interno bruto de los países, por lo que los estados están en deuda.
Este es uno de los argumentos centrales de quienes hoy piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre el derecho humano al cuidado, sus alcances y su interrelación con otros derechos, y que aspiran a que estas labores de cuidado se asuman como responsabilidades de diversos actores y dejen de estar solamente en los hombros de las mujeres.
Y es que por una solicitud en 2023 de la República Argentina, la Corte IDH emitirá una opinión consultiva sobre el tema y como parte de ese proceso, esta semana está escuchando a los cientos de agencias gubernamentales, organismos internacionales, oenegés y otros actores que se han pronunciado mayormente a favor de la declaratoria de los cuidados como derecho humano. De reconocerse oficialmente este derecho, América Latina sería la primera región del mundo en hacerlo.
UNIVERSIDAD conversó con la abogada y presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Laura Pautassi, sobre este debate, sus posibles alcances y el impacto que podría tener una decisión favorable en la vida de los latinoamericanos, y especialmente, de las mujeres que mayormente hoy cargan con las tareas de cuido de los hogares. A continuación un extracto de la conversación.
¿Qué está exactamente discutiendo la Corte?
—La República Argentina, cuando existía el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (eliminado recientemente por el gobierno de Javier Milei) junto con la Secretaría de Derechos Humanos, presenta a la Corte Interamericana una solicitud de opinión consultiva donde le plantean a la Corte varios núcleos de preguntas.
Primero, le piden que interprete el alcance del derecho al cuidado, es decir, que diga cuáles son las obligaciones para el Estado, pero también otros tres actores: Las familias, y dentro de las familias, las feministas ponemos un especial énfasis en los varones que han tenido una moratoria social porque nunca se han dedicado al cuidado a pesar de estar obligados a hacerlo; las organizaciones sociales y comunitarias; y el mercado, es decir, las empresas o el tercer sector.
Entonces, que analice ese derecho, defina si es un derecho humano autónomo y, como estamos seguras que sí, se pide que lo interprete respecto al principio de igualdad y no discriminación, y respecto a la interdependencia con otros derechos como el derecho a la salud, a la educación, a ciudades seguras, etc.
Para contextualizar, ¿de qué hablamos cuando decimos derecho a los cuidados?
—Bueno, lo entendemos como el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.
Ahí es importante definir qué son cuidados y definimos así aquel trabajo que es un conjunto de actividades que se hacen cotidianamente y que implican la sostenibilidad de la vida, cuidado es nutrir a un niño, claro y también es desarrollar tareas altamente calificadas, como administrar antibióticos, remedios o hacer curaciones caseras.
Además, todas estas actividades se concentran en las mujeres dentro de los hogares y tiene efectos directos, por ejemplo, cuando salen las estadísticas de las encuestas de hogares en los países siempre hay un núcleo, en Argentina los llaman los “ninis” (“ni estudia ni trabaja”), pero cuando desagregan esos datos vemos que esos “ninis” están cuidando, sobre todo las jóvenes, salen del sector del sistema educativo y del trabajo pagado para asumir responsabilidades de cuidados de sus hogares.
Ese trabajo reduce costos para las familias y los estados, y lo asumen mayormente las mujeres en los hogares y las comunidades sin remuneración.
Pero hay ocasiones en que sí se paga ese trabajo…
—Sí, ese trabajo lo puedo yo hacer para los integrantes de mi familia o de manera remunerada también, pero ahí ha sido otro gran ámbito de discriminación.
La lectura colonial histórica racista que hubo en la región es precisamente apropiarse de ese trabajo de las mujeres de servicio doméstico, en algunos casos, remunerado, pero siempre regulado y normado por debajo de la norma de regulación del resto de los sectores ocupacionales y con nulas o mínimas protecciones.
Ahí hay una discriminación fuerte respecto a un tipo de ocupación altamente feminizada, porque el 97% de las trabajadoras son mujeres.
Si la Corte resuelve que sí es un derecho humano en todos los extremos, ¿qué cambios podrían darse?
—Bueno, muchísimos, porque es que es un derecho no solo de las mujeres a cuidar, sino de todas las personas, a cuidar y ser cuidadas, y a poder ejercer el autocuidado.
Si es un derecho, está fortalecido, entonces, yo tengo mi derecho a cuidar y puedo establecer, mi derecho a cuidar y a que cuiden, y a cómo me cuidan, incluyendo los sistemas de cuidados con enfoque de autonomía y de género.
Esos serían cambios radicales, pues a las mujeres no nos reconocen ni siquiera que el trabajo de cuidado es un trabajo, estaríamos reconociendo ese trabajo y los estados estarían obligados también a reconocerlo y a promover esas nociones, por ejemplo, a nivel educativo.
Hablemos de economía, ¿impactan estas labores de cuido en el sistema económico?
—Sí, es que este trabajo tiene valor económico, no solamente ordena el hogar y cría niños y niñas felices.
Según los datos en los países estos trabajos aportan entre 15 y 27 puntos del PIB. Si eso los Estados lo tienen que asumir, fíjate lo que implica. Solo en el caso de Argentina aportan 15% del PIB, supera al sector industria y al sector comercio.
Lo que las economistas feministas hicieron y fue muy importante, fue romper el patrón heterodoxo respecto a la economía y decir: acá hay un cúmulo de generación económica enorme, las cadenas de valores que genera el cuidado, la migración, las cadenas globales de cuidado, todo eso produce valor económico y esto significa que los estados están deuda con las mujeres, porque las mujeres han subsidiado las políticas sociales históricamente y estas son gran parte de las deudas de la democracia en América Latina que todavía no han asumido los Estados y no han dado respuestas.
Una vez que se reconozca ese trabajo, ¿se pretende que se remunere o que se redistribuya?
—No es necesario remunerar, no estamos pensando que hay que remunerar este trabajo de cuidado al interior de los hogares. Lo que hay que hacer es distribuirlo y ni siquiera hablemos de redistribución, porque es que todavía no se distribuye, primero hay que distribuirlo.
Cada una de las personas integrantes de un hogar tiene que tener obligaciones, si estamos hablando de cónyuge todas las convenciones establecen 50% de responsabilidades y, si vemos las encuestas de uso del tiempo los varones, no llegan ni a un 15% de responsabilidades, entonces, necesitamos distribuir y que los Estados lo garanticen también. Cada país deberá tomar su camino y decidir sus formas una vez que decida la Corte.
