La educación superior enfrenta un dilema entre el principio de gratuidad universal, la sostenibilidad y la equidad para fijar el costo a los alumnos. El debate está abierto y en Cartago van adelante. ¿Es justo que una carrera cueste el 10% de lo que cuesta la secundaria?
Autoridades del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) concluyeron, desde 2017, que el financiamiento estatal para las universidades públicas no crecerá lo necesario en los próximos años y que hay un grupo de sus estudiantes que puede pagar más, y que debe hacerlo.
Se plantearon la pregunta, hicieron cálculos y ahora avanzan en planes que permitirían mejorar la sostenibilidad de la institución y la equidad en el cobro a los estudiantes, según sus posibilidades. Esto implicaría cobrar más a los alumnos con más capacidad económica y alimentar mejor el sistema de becas, justifican. Tiempos críticos exigen medidas críticas y, probablemente, esta lo es.
La discusión va avanzada en la Sede Central del TEC, en Cartago, y podría aplicarse para el 2021 con detalles que aún están pendientes. Pero no se ha quedado ahí; el financiamiento estatal está bajo presión para las cinco universidades públicas del país y, aunque cada una tiene sus particularidades y públicos distintos, hay un problema general para todas: ¿cómo sobrevivir sin perder calidad ni accesibilidad, ante los estrujamientos fiscales del país y ante las posiciones políticas que surgen para enfrentarlos?
Para empezar: ¿por qué las universidades estatales cobran un máximo de 12 créditos aunque los estudiantes matriculen el doble?, ¿cómo nadie sabe el origen de esa cifra límite ni las razones para fijarla? Estas son dos de las preguntas que ahora surgen motivadas por la decisión del TEC de avanzar en la manera en que cobra a sus estudiantes una parte del costo de su formación profesional.
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Tenemos una necesidad y eso nos obliga a ser creativos. Creemos que esto (la holgura del FEES) cambió para siempre y hay márgenes para hacer ajustes. El 23% de nuestros estudiantes provienen de colegios privados, lo que nos dice que un grupo de ellos sí puede asumir pagos mayores en esta etapa”
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El tema no es del todo nuevo, pero el debate fiscal y el aporte estatal para sus universidades lo ha vuelto a elevar. Es válido para el TEC y, por ende, para la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), las cuatro instituciones que se alimentan del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Tampoco escapa la Universidad Técnica Nacional (UTN), que recibe financiamiento por una vía separada.
Por un lado, el Gobierno plantea que las universidades deberían generar más rentas propias y abocarse a resolver “sus ineficiencias”. Por otro, se defienden principios como el de la total gratuidad de la educación superior y la obligación del Estado de financiar el 100%, sin costo de matrícula para las familias. Y, además, plantea inquietudes como las que tuvieron en el TEC, como comenta su rector, Luis Paulino Méndez.
“Diay, uno veía que llegan estudiantes en su carro último modelo a clases en una universidad donde la mensualidad llega, talvez, al 10% de lo que los papás de ese muchacho pagaron en su colegio privado”, comentó Méndez en la oficina que ocupa desde hace tres meses, donde su antecesor comenzó a impulsar la idea de elevar el cobro a los alumnos adinerados mediante un sistema de precios escalonado.
Se refiere a un grupo de la población estudiantil de más recursos, que podía haber pagado hasta ₡500 mil mensuales en la secundaria y que ahora se beneficia de un sistema subsidiado y, a la vez, urgido de nuevas fuentes de ingreso. Alude a montos que, además, se cobran igual a familias de clase media como a las de mayores ingresos del país, mientras los de menos recursos gozan beca (56% de los estudiantes tienen algún tipo de ayuda económica).
“Tenemos una necesidad y eso nos obliga a ser creativos. Creemos que esto (la holgura del FEES) cambió para siempre y hay márgenes para hacer ajustes. El 23% de nuestros estudiantes provienen de colegios privados, lo que nos dice que un grupo de ellos sí puede asumir pagos mayores en esta etapa”, agregó Méndez.
Lo máximo que paga un estudiante por semestre son ₡222 mil, un monto casi igual al que le cuesta al Estado un solo mes de atender a cada alumno, en promedio. Y aún así, la media de pago semestral ronda los ₡83 mil, por la aplicación de las becas.
El análisis lo encargó el TEC al programa Estado de la Educación, que lo publicó en el mes de agosto y ahora la discusión está abierta. “Hoy sabemos que hay voluntad de atenderlo en el TEC, pero en las demás universidades hay que verlo. Tenemos que recoger más y de manera más progresiva, y no debería ser difícil incluirlo en las universidades”, dijo la economista Marcela Román, una de las investigadoras a cargo del estudio contenido en el VII Estado de la Educación.
El rector del TEC asegura que ha mencionado el tema en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), pero que aún no han profundizado. Cada universidad ejerce su autonomía y trata de enfocarse en lo propio, pero la inquietud está activada y las reticencias también.
La tendencia internacional en las últimas dos décadas sobre financiamiento de universidades públicas muestran que varios países se han movido hacia modelos con mayor peso del pago diferido (préstamos) y tarifa uniforme, con un mayor peso de la responsabilidad de las familias. En frente, hay un aumento de la oferta privada, como se ha reflejado con claridad en Costa Rica.
El informe Estado de la Educación también exhibió fallas en el acceso a la educación superior en Costa Rica, pues “es claro que los estudiantes de mayores ingresos relativos tienen mayores probabilidades de acceder a las universidades públicas, una situación inequitativa coincidente con la evidencia internacional”.
parte del Consejo de Rectores, donde se ha cuestionado el tope máximo de 12 créditos sujetos a cobro en
cada universidad. (Foto: Katya Alvarado)
El eco
El rector de la UNA, Alberto Salom, reconoció que hay una discusión activa. “Me congratulo de lo que hace el TEC al dar este paso. Nosotros (en la UNA) no tenemos una educación tan costosa, pero siempre hemos planteado al movimiento estudiantil aumentar el valor del crédito. Estamos tratando de persuadirlos, por justicia social”.
Admite que la educación en universidades públicas de países desarrollados es totalmente gratuita; pero igual hay interrogantes: “¿por qué debe ser gratuita la educación de quienes pueden pagar? Eso no se sostiene. Aquí todo el mundo está subsidiado, aunque claro que es sensible porque el movimiento estudiantil se crispa”, advirtió Salom.
En su universidad hay 19 mil estudiantes y ninguno paga más de ₡130 mil mensuales, aunque para la mayoría cuesta menos porque el 53% tiene beca. En las sedes regionales, este porcentaje sube más, acorde con lo que ocurre con el resto de las universidades estatales, según cada rector.
En la Sede Central en Heredia, la UNA ya abrió los espacios para hablar del tema. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil ya convocó a Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes para explorar las maneras de atender las dificultades de sostenibilidad y hacer un sistema más adecuado a la capacidad de pago de cada hogar.
“La situación es compleja y lo sabemos. Sí creo que se deben implementar medidas para hacer más progresivo el pago y garantizar la sostenibilidad, pero cubriendo lo más estratégico: los estudiantes”, señala Cruz, antes de mencionar la necesidad de ajustar algunas condiciones laborales de los funcionarios de la UNA.
También hay reticencias. Cruz alega que sería un error usar como criterio el historial de educación secundaria del estudiante. Las condiciones del hogar pueden cambiar, hay centros que también dan becas y, además, la gran mayoría de quienes ingresan a las universidades proceden de colegios públicos, lo cual hace que para el sistema sea limitado el impacto de un reajuste en los costos según ingreso.
En la UCR, la universidad más grande del país, con más de 40.000 estudiantes, la discusión suele aparecer de manera esporádica, pero el rector Henning Jensen asegura que no se trata de nada formal, al menos en su administración.
El jerarca, quien acaba su período en mayo, deja clara su posición: “yo no daría ese paso porque creo profundamente en la gratuidad de la educación superior”. “¿Qué un rico debería pagar como rico? En principio, sí, pero hay de fundo un asunto ideológico o filosófico: ¿cómo asume el Estado su deber de financiar un bien público?”, añadió Jensen.
El rector de la UCR ha dicho que el Estado debe financiar el 100% de las becas estudiantiles mediante el FEES, sin límite alguno, razón por la cual estas se presupuestan de primero. “La Contraloría General de la República nos ha dicho lo contrario, pero eso sería violentar nuestro sistema solidario”, contestó en referencia a la manera como se financian las becas en la UCR, de las que se beneficia más de la mitad de los estudiantes.
Del total de recursos que consume la UCR, un 20% los genera mediante la venta de servicios en ciencia o tecnología, aunque no es esta una de sus funciones principales. “Algunos círculos políticos no están enterados de lo que ya está haciendo la Universidad y quizás por eso hacen afirmaciones innecesarias”, expresó el rector en referencia al debate activado en la Asamblea Legislativa y el Gobierno sobre el financiamiento de los centros de educación superior.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, Andrea Chacón, tampoco parece muy proclive a una reforma al esquema de cobro y descarta que tenga relevancia la existencia de un pequeño grupo de estudiantes que proceden de hogares multimillonarios.
“Las personas que tienen limitaciones pueden acceder a un sistema de becas muy eficiente. Para el resto debe haber una igualdad en el modelo. Lo que tenemos que defender es el financiamiento estatal, que es lo que están cuestionando en otros ámbitos”, comentó Chacón. Reconoce, sin embargo, que el tema ha rondado en círculos universitarios, aunque con poca probabilidad de éxito.
Datos de la FEUCR indican que el 68% de los estudiantes en esta universidad proviene de colegios públicos y solo un 12% de centros privados, mientras el resto se graduó de instituciones subvencionadas o de otra naturaleza.
En la UNED, los márgenes de reformas en el modelo de cobro parecen aún menores. “No podemos tomar decisiones con base en pequeños grupos que tenemos de alto ingreso. Nuestro perfil de estudiante es trabajador, con obligaciones familiares y de menores ingresos. Un 70% son mujeres. Es población que no puede asumir aumentos en el costo”, respondió Rodrigo Arias, rector de la casa de estudios de 32.000 personas.
La UTN, que cumple 12 años desde su creación en Alajuela, también recibe fondos del Estado, aunque no dentro del FEES. Son ₡35.000 millones que se suman a unos ₡4.000 millones generados por rentas propias o por el cobro a los estudiantes. Lo máximo que paga cada uno es ₡120.000 por cuatrimestre, independientemente de la cantidad de materias que matricule. Eso cuesta una sola materia en una universidad privada.
El rector, Marcelo Prieto, parece más inclinado a ajustar los cobros de una manera más progresiva, en la línea del TEC. “Sé que hay un principio de gratuidad universal, pero sería muy injusto dar las mismas condiciones a los que más tienen y a los que menos tienen, considerando las asimetrías del modelo tributario injusto”, alegó. Por eso favorece pequeños incrementos año a año, al tiempo que se fortalece el sistema de becas.
El tema no debe convertirse en un tabú, señala Prieto. La presión fiscal del momento se suma a la situación de los hogares costarricenses y a una economía necesitada del motor de los profesionales para poder crecer y realimentar al sistema de universidades públicas.
Las universidades estatales reciben el equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y las autoridades entienden que serán reducidas las posibilidades de crecer más allá del mínimo que establece la Constitución Política, aunque hay propuestas políticas para reducirlo.
El problema es que ese 1,5% tiene como referencia un PIB que no crece como debería y que requiere el impulso de los profesionales. “Por eso decimos que hay que hacer crecer el queque (el PIB), no el tamaño de la tajada, pero tampoco reducirla”, indicó la investigadora Marcela Román.
El promedio de lo que invierte Costa Rica por cada alumno en la educación superior pública no supera los $4.000 anuales, monto que se queda corto para poder competir con otros países de desarrollo medio o alto, lamentó Prieto.
Se debe, al menos, tomar conciencia del costo que tienen las universidades para el Estado, advirtió el informe contenido en el Estado de la Educación. El estudio propuso incluir en la colilla de pago de los estudiantes del TEC cuánto es lo que se invierte en su formación, más allá de que solo pague 12 créditos, de que reciba beca o de que los pagos de los estudiantes equivalgan a menos del 10% de las operaciones.
