Es una práctica conocida y reconocida en esquemas de corrupción la llamada “puerta giratoria”, mediante la cual personas que fungieron en la función pública pasan a la empresa privada donde, más allá de limitaciones éticas o legales, se valen de contactos y conocimiento de procedimientos institucionales internos para beneficiar a su nuevo empleador.
“La existencia de relaciones precedentes entre personal de la empresa privada y su desempeño posterior en cargos públicos en los que, por sus funciones, mantienen identidad de perfiles, provocando así afinidades permanentes que comprometen el deber de probidad”, señala puntualmente el expediente judicial del caso “cochinilla” sobre esta dinámica que alimentó la red de corrupción y de influencias.
Se trata de una práctica que llevó a Constructora Meco S.A. y a Constructora Hernán Solís SRL a prácticamente controlar la actividad de las grandes obras de infraestructura pública en el país.
La acusación especifica los nombres de 16 personas que forman parte de este entramado que alcanza ambas empresas.
Es necesario notar que el esquema empresarial de Meco involucra a otras empresas subsidiarias, entre ellas Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), dedicada al control y verificación de calidad que fue creada por su presidente Oscar Martínez, por Carlos Cerdas, dueño de Meco, y Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de Meco, “con la única intención de convertirse en una empresa que ayudará a cumplir los fines de esa constructora en cuanto a todos los proyectos que le eran adjudicados”.
Por su parte, es preciso recordar que en 2016 UNIVERSIDAD denunció cómo la empresa H Solís creó una serie de pequeñas empresas presididas por familiares de los dueños de la megaconstructora, en aras de lograr la adjudicación de contratos para limpieza de vías por ¢12.500 millones.
Entre esas empresas figuró Also Frutales S.A., entre cuyos dueños figuran Alejandro Acosta Mora y Sonia Solís Vargas, quienes respectivamente son hermanos de Roberto Acosta Mora y Mélida Solís Vargas, propietarios de Constructora Hernán Solís SRL.
| Meco | H Solís | |
| Edgar May Cantillano
Funge como gerente de la Unidad Ejecutora del MOPT, en la coordinación del programa MOPT-BID, también trabajó en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Al momento de los hechos investigados fungía como gerente de Conservación de vías y puentes del Conavi. Durante 2007 trabajó para Meco y durante 2015 para la empresa constructora Dinaju. El texto de la acusación señala que “la actual condición de funcionario público del señor May Cantillano iba más allá en lo que respecta al trato con los empresarios de la constructora Meco”, pues ha tenido “una clara intención” de favorecer a esa empresa “por medio de ayudas que se gestaban con reuniones constantes que tenía” con los gerentes Alejandro Bolaños Salazar y Abel González Carballo. |
Harold Mora Obando
Analista de contrataciones de Conavi. Entre 2006 y 2009 laboró para el laboratorio LGC. La investigación lo vincula con Juan Carlos Abarca de la empresa Also Frutales S.A. con “claras intenciones” de favorecerla en un proceso de licitación. Also Frutales forma parte del entramado de H Solís. |
Jeffrey Ramírez Chaves Trabaja para LGC Ingeniería de Pavimentos, pero laboró en cuatro periodos distintos para el MOPT y para FCC Construcción Costa Rica S.A.
Las intervenciones telefónicas lo vincularon con la célebre fiesta de fin de año de 2019 del Conavi. Ramírez fue “uno de estos sujetos pertenecientes a las empresas privadas que estuvieron de acuerdo en ayudar a cambio de que les agilizaran los pagos de algunas facturas”. |
| Hugo Zúñiga Fallas
Laboró para Meco a finales de los años 90 y entró a trabajar en Conavi en 2010. Su relación con personal de Meco “se mantiene estrecha”, a partir de constantes almuerzos y otras “promesas remuneratorias” que acuerda por ejemplo con Abel González, gerente general de la empresa. |
Jose Manuel Rojas Monge y Marlon Zamora Ulloa: Rojas Monge funge como director financiero de Conavi, pero trabajó con anterioridad en el Ministerio de Hacienda, donde usó como contacto a Zamora Ulloa para favorecer a la empresa H Solís “a buscar fondos por medio del Ministerio de Hacienda” para cancelar un monto de $2,7 millones, que iba a ser presentado en el departamento financiero de Conavi. | |
| Eduardo Chavarría Obando Analista de la tesorería de Conavi y exfuncionario del Ministerio de Hacienda. La investigación dio con comunicaciones que “lo ligan con el grupo criminal”, como una llamada que le hizo Tobías Arce, colaborador e intermediario de Meco, en diciembre de 2019 y en la que le preguntó por unas facturas pendientes para la empresa de verificación de calidad LGC. En esa conversación, Arce preguntó a Chavarría si estaba en la oficina “para darle algo ahora”. | Priscilla Naranjo Vargas Trabajó en Conavi entre 2010 y 2011, para luego pasar a H Solís y llegar a ser una “empleada de confianza” de Mélida Solís, dueña de esa empresa.
A través de intervenciones telefónicas se demostró “el aprovechamiento” de Naranjo “con respecto a su pasado como funcionaria pública” del Conavi, pues “logró forjar esa relación de cercanía” con Elsie Carmona Rivas, del Departamento de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, de quien “claramente recibían ayuda a cambio de recibir dádivas”. La acusación también apunta que durante el tiempo en que Naranjo trabajó para el Conavi “llegó a conocer todo lo referente a la tramitología” para modificar contratos y que ahora esa información es “explotada por la empresa Hernán Solís a su favor”. |
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| Alister Fernández Morales Exempleado de Meco y del Conavi. Actualmente labora en Constructora Diccoc.
Regaló a varios funcionarios públicos del Conavi hospedaje en un hotel de Puerto Viejo, específicamente, Carlos Solís, gerente de Adquisiciones y Finanzas -a quién se refirió como “patrón”-, a su secretaria y a Carmen Madrigal, gerente de Proveeduría, Para ello se valió de la ayuda de Tobías Arce, colaborador de MECO. “Todos los involucrados laboran en lugares en los que en un pasado el señor Alister Fernández también tuvo como su lugar de trabajo y muy posiblemente conociera a los mismos desde esos antiguos periodos laborales”. |
Juan Carlos Abarca Quesada
Trabajó para H Solís hasta 2014 y en 2016 pasó a Also Frutales S.A. La investigación detectó comunicaciones entre Mélida Solís, dueña de H Solís, y Abarca y en las que la empresaria le solicitó ayuda para convencer a Carlos Solís Murillo (gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi), “para que les ayudara a adecuar uno de los presupuestos extraordinarios que presentaría el Conavi con el propósito de beneficiar a la empresa Hernán Solís en unos proyectos específicos”, concretamente, buscaba lograr unos ¢2.800 millones. |
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| María Gabriela Alvarado Ibañez
Trabajó para la empresa de control de calidad de materiales Castro y De La Torre, luego pasó al Conavi, al MOPT, de nuevo a Conavi y entre 2015 y 2020 laboró para Meco. Trabajó en el paso elevado de las Garantías Sociales, en el que se colocó una mezcla asfáltica deficiente, “teniendo contacto directo” con funcionarios del Conavi y con personeros de distintas empresas de verificación y control de calidad. El día de entrega del proyecto, el gerente de operaciones de Meco, Abel González, la llamó para informarle de los movimientos que había hecho para que no hubiera problemas. |
Alejandro Acosta Mora Trabajó en H Solís, también para Acosol S.A. (siempre del sector construcción) y actualmente es presidente de Also Frutales. Además los principales dueños de H Solís, Roberto Acosta Mora y Mélida Solís, son hermano y cuñada de Alejandro. Las intervenciones telefónicas revelaron un caso en que Alejandro Acosta ordenó a Juan Carlos Abarca que le dijera a Edgar May, del MOPT, “qué era lo que tenía que quitar y que tenía que poner”, en cinco carteles de licitación por $1 millón cada uno. | |
| Jheiner Campos Carranza: Preside la empresa Vialab S.A,, que hace inspección de carreteras, pero anteriormente trabajó en Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), donde cultivó amistad con el presidente de esa empresa, Oscar Martínez. En el marco de las obras de Meco en el paso a desnivel de las Garantías Sociales, Martínez lo contactó por unas pruebas en el asfalto “que estaban dando problemas en ese proyecto”, y la intención era realizarlas en puntos específicos donde sabían que los resultados serían favorables. La información puntualiza que la experiencia laboral de Campos Carranza con ITP “aún le permitía mantener una relación íntima y de confianza” con Martínez, “que lo contactaba como intermediario para realizar labores completamente anómalas y que su único fin era beneficiar a la empresa Constructora Meco S.A. mediante el engaño a las autoridades estatales”. | Juan Andrés Loría Jara: Laboró para el MOPT, para H Solís, para Also Frutales y para Castro y De la Torre. La intervención de comunicaciones evidenció “la relación de cooperación sostenida por este con los personeros de la empresa Constructora Also Frutales S.A.” | |
| Alberto Román Jara Murillo Laboró para Meco en los años 90 y posteriormente regresó entre 2011 y 2019, para luego integrarse a ITP, donde se mantiene como gerente general regional. En las grabaciones de conversaciones entre él y Oscar Martínez, presidente de ITP, este último le informa de “las decisiones que estaba tomando en torno a la contratación de Jheiner Campos Carranza para solventar de manera fraudulenta una serie de irregularidades y deficiencias en los materiales” en el proyecto del paso a desnivel de Garantías Sociales. | Cristina Rivera Rodríguez Es identificada como colaboradora de H Solís, aunque formalmente no aparece en la planilla de esa empresa. Rivera Rodríguez –a quien el documento también identifica como Laura- laboró en el MOPT en los años 90.
La investigación la relaciona con “los altos jerarcas” de H Solís en “el fraude de ley”, mediante el cual se hizo creer al Conavi, a la Contraloría y a otros entes gubernamentales que la empresa española Visever S.L. se establecería en el país como subcontratista para realizar trabajos de demarcación en proyectos adjudicados a H Solís. Sin embargo, tal subcontratación nunca se dio y actualmente es la propia constructora la que realiza esos trabajos, “bajo una estructura de costos diferente a la ofertada y sin el subcontratista ofertado, y que solamente utilizó como engaño para ganar la licitación”. Rivera Rodríguez en su momento fue presentada como abogada de la empresa española. |
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| Oscar Julio Méndez Soto trabajó para el MOPT y luego para OJM Consultores de Calidad y Laboratorio. Fue contactado por Abel González, de Meco, para que les ayudara a resolver el problema de unas deficiencias en el asfalto colocado en la ruta 35 de San Carlos, a lo que Méndez Soto “incluso demostró estar de acuerdo en ayudar”. |
