Organizaciones privadas que atienden a más de 13.000 menores vulnerables con financiamiento estatal acudirán este miércoles a protestar ante la Casa Presidencial por el incumplimiento en el giro de los recursos correspondientes al segundo semestre del 2022, lo que las coloca a las puertas de un “cierre técnico” en este mes de agosto.
La convocatoria la hizo la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (Uniprin) después de varios meses de conversaciones con el gobierno y de esperar el cumplimiento del financiamiento prometido por el propio presidente, Rodrigo Chaves.
“A la fecha no se ha dado una solución definitiva, se sigue a la espera que el Ejecutivo presente el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa y mientras tanto, la comunicación con las Organizaciones es poco clara y no les permite un margen para preparar acciones para mantener la atención integral a las personas menores de edad a su cargo”, dice un comunicado de Uniprin, cuyas organizaciones emplean a 2.800 personas.
“Nos vemos en la obligación de advertir una vez más, que, si no se soluciona el tema, el próximo 30 de agosto, muchas de estas organizaciones se estarían enfrentando a un cierre técnico, pausando sus servicios e interrumpiendo contratos por falta de recursos económicos”, añade el documento.
El 29 de julio la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana Álvarez, dijo que “el Gobierno está haciendo todo lo posible para solucionar cuanto antes la situación” y que “el Ministerio de Hacienda está en proceso de búsqueda de todos los fondos”, en alusión a los 16.000 millones de colones que se plantearon desde un principio.
Sin embargo, hasta este momento ni siquiera se ha presentado a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario para el proceso de allegar los recursos a las ONG. “Nos dicen que ya se resolvió, pero para nosotros la solución es que se complete todo el proceso y nos depositen el dinero para que podamos pagar a nuestros proveedores y nuestros trabajadores”, dijo Donald Murillo, presidente de la Asociación Roble Alto, una de las integrantes de Uniprin. “Ya algunos están cerrando”, aseguró Murillo.
Desde mitad de junio Uniprin reveló la urgencia que viven las organizaciones por la imposibilidad de contar con ¢16.000 millones debido a problemas presupuestarios del Gobierno y la aplicación de la regla fiscal, como les dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en una carta del 31 de mayo.
Semanas después, el 22 de junio, el presidente Chaves dijo que arreglaría ese problema y para ello firmó una reforma al reglamento de la regla fiscal, decreto que ya rige pero no ha producido efectos en las cuentas bancarias de las organizaciones.
