Leonel Herrera, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y director ejecutivo de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador (ARPA), informó que ese país se encuentra en proceso de actualizar su legislación sobre el uso del espectro radioeléctrico en manos de medios de comunicación.
La iniciativa apunta más allá de la modificación del sistema de otorgamiento y renovación de concesiones, pues implica una reforma profunda en el concepto de la democracia y el papel que los diferentes tipos de medios de comunicación deben cumplir.
Herrera visitó las oficinas de UNIVERSIDAD gracias a la organización Voces Nuestras y, entre otras cosas, detalló que el concepto de “radio participativa” implica por un lado la noción del medio de comunicación como un instrumento de participación de sectores de la comunidad, como mujeres o estudiantes, “todos tienen en la radio un espacio de expresión y construcción de sus narrativas”.
Por otro lado, la radio se asume como un actor que participa “de la dinámica comunitaria, interactúa con otros actores sociales”.
A partir de esas consideraciones, Herrera elaboró el concepto de la radio comunitaria y subrayó que “lo comunitario no se refiere al ámbito geográfico”, sino a la apropiación de la radio por parte de la comunidad, de manera que el medio establece un vínculo con ella.
¿Cómo es el panorama de los medios de comunicación en el El Salvador?
-Al igual que en la mayoría de los países de la región, prevalecen modelos mediáticos concentrados, corporativos y excluyentes que no toman en cuenta a los medios comunitarios ni públicos, que conciben la comunicación únicamente como actividad empresarial comercial y que dejan de lado las otras visiones de la comunicación como servicio público, como derecho de los grupos organizados de la sociedad o que tiene que ver con los medios comunitarios.
La Telecorporación Salvadoreña (TCS) controla la mayoría de canales del espectro de televisión abierta, acapara el 80% de la pauta publicitaria comercial y el mayor porcentaje de audiencia. En radio tenemos cuatro o cinco grupos radiofónicos que controlan la mayoría de frecuencias.
Esto es altamente nocivo para un régimen democrático, lo dice la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Declaración de Principios de la Libertad de Expresión: la concentración mediática conspira contra la democracia porque impide la pluralidad y diversidad de voces, que es fundamental.
Estos modelos de medios concentrados es lo que necesitamos cambiar, de lo que se trata es que haya modelos de medios plurales y diversos, que hay diversidad de medios en el sector privado comercial, públicos y también en el ámbito social no lucrativo, comunitario.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en sus Indicadores de Desarrollo Mediático plantea la diversidad de medios en estos tres sectores de la comunicación, pero en nuestros países aún hay una resistencia muy fuerte.
¿A qué se debe esa resistencia?
-Prevalece esa concepción sesgadamente mercantil de la comunicación. Estos sectores empresariales únicamente ven la comunicación como un negocio, un derecho de ellos para lucrar con el espectro radioeléctrico y dejan de lado las otras visiones de la comunicación.
Nosotros reivindicamos la comunicación como actividad comercial, es legítimo, pero también hay otras dos visiones de la comunicación, como un servicio público que presta el Estado, y la comunicación como derecho de los grupos sociales a crear sus propios medios de comunicación. Esas tres visiones de comunicación deben tener iguales posibilidades de desarrollarse.
Prevalece una actitud antidemocrática de no querer que surjan otros medios. Esta visión marcadamente mercantil y esa actitud antidemocrática nos dicen que las élites mediáticas deben actualizar su ideario democrático.
¿Qué se ha hecho en El Salvador para romper con esas barreras y abrir el espacio a las otras concepciones de la comunicación?
-No hemos roto las barreras todavía. En julio del año pasado logramos abrir un proceso de reforma en la Asamblea Nacional a través de una sentencia de inconstitucionalidad. A raíz de demandas de inconstitucionalidad que impusimos contra la Ley de Telecomunicaciones, la Corte Suprema resolvió que la Asamblea Nacional debe establecer mecanismos alternos a la subasta para otorgar concesiones.
El otro tema en el que se abre la reforma es la renovación automática de esas concesiones, lo cual también fue declarado inconstitucional.
La Asamblea Nacional tiene un plazo fatal al 31 de marzo en el que tiene que aprobar una reforma por lo menos en esos dos temas.
Nosotros planteamos que esto debe ser solo el inicio del proceso de reforma más integral y amplio que necesita el país, al igual que muchos otros de la región; un proceso profundo de modernización, actualización y democratización del marco normativo de las comunicaciones, que ya no se corresponde ni con la realidad tecnológica ni con los nuevos estándares democráticos de libertad de expresión.
Tenemos una ley de telecomunicaciones de los años 90, aprobada en el contexto de implementación de la reforma neoliberal y esa concepción privatizadora se refleja en la ley.
Esas leyes ya no se corresponden con toda la explosión de tecnologías de la información y comunicación ni con el proceso de digitalización del espectro. Tampoco se corresponden con el nuevo debate sobre la democracia: En el tanto en que la democracia tiene un componente deliberativo, todo el mundo tiene derecho a participar en el debate público y que sus intereses y opiniones cuenten en la construcción de la agenda púbica.
¿En ese proceso de las dos resoluciones de Sala Constitucional y de cara al plazo fatal del 31 de marzo, qué tan necesaria ha sido la presión social y qué sectores han colaborado para que se avance en una dirección que al gran capital no le interesa?
-Ha sido importante. En principio fue por la presión social que logramos que la Corte Suprema resolviera las dos demandas, pues la actitud que había tomado la Sala de lo Constitucional fue dilatar, tener las dos demandas sin resolver. Desde medios comunitarios, organizaciones sociales y la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo) presionamos a la Corte hasta que resolvió. La sentencia tenía aspectos positivos, pero lo negativo es que eximía del efecto de la sentencia a los actuales concesionarios. Peor aún, establecía que los concesionarios conserven el mismo ancho de banda sin tomar en cuenta que en el sistema digital se aperturan nuevas formas de transmisión, que deberían aprovecharse para el ingreso de nuevos actores.
Nuevamente ejercimos presión y presentamos un recurso de aclaración, con lo que obligamos a la Sala a emitir una resolución aclaratoria donde corrige algunos errores.
La presión ha sido fundamental. El reto de las organizaciones, la academia y los medios alternativos es presionar a las instancias del Estado para que resuelvan; además de otras estrategias como la interlocución con instancias públicas, cabildeo con diputados, incluso el diálogo con medios privados que no pertenecen necesariamente a las argollas de poder, que son las que quieren impedir el proceso de democratizar la comunicación. El diálogo con los privados es importante para que vean que las propuestas buscan seguridad jurídica para quienes ya están, pero también la posibilidad de ingreso de otros operadores. Diversificar nuestras estrategias de incidencia es una tarea necesaria para tener éxito en estas demandas.
Quizás una nueva ley de medios es lo que pronto deberíamos plantearnos en El Salvador. Es difícil, pero se abren posibilidades en la medida en que diferentes sectores de la sociedad se empoderan con este tema y en la medida en que activamos mecanismos extraparlamentarios, como la demanda de inconstitucionalidad.
Se deben agotar todas las instancias y explorar todas las posibilidades de articulación en el ámbito de actores sociales. Este tiene que ser un tema país.
