La propuesta de una mesa de trabajo para atender la crisis de la inversión social, lanzada por el subjefe de la fracción oficialista de Progreso Social Democrático (PSD) Daniel Vargas a las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa, roza la dimensión de una operación de rescate con cada vez menos recursos, mientras la edificación se encuentra en llamas.
Diferentes datos muestran un desplome de prácticamente todas las áreas de la inversión social, que registra sus más bajos niveles en la década, mientras el mayor fondo de asistencia social -FODESAF- pasó de representar un 1,9% del PIB a un 1,18% en el proyecto de presupuesto del 2024.
La inversión social bajó de representar un 50% del presupuesto del Gobierno Central en el 2014, a apenas un 38,2% en el presupuesto del 2024. Apenas levemente superior al 37,7% del 2023, que fue el nivel más bajo de la década. La caída a la fecha es de un 24%.
Como porcentaje del PIB en el presupuesto, pasó de 12% en el 2014, a un 9,7% en el 2024. Es el nivel más bajo de la década, con una caída de un 19%.
En el caso del presupuesto devengado, como porcentaje del PIB, pasó de 11,5% en el 2014, a 9,7% en el 2022. (Dato más reciente). De nuevo, es el nivel más bajo en la década.
No se trata de una caída en picada pareja para las financias públicas: en la década de 2014 al 2024, el crecimiento real del presupuesto del Gobierno Central fue de un 56,8%. En ese contexto, todas las áreas de la inversión social tuvieron un crecimiento menor; es decir, proporcionalmente todos decayeron.
Internacionalmente, tampoco se trata de una situación global. De hecho, Costa Rica está cediendo los niveles que lo distinguieron internacionalmente, mientras que en términos de la OCDE, la inversión social de Costa Rica aparece en el puesto 35 de 38, casi en el sótano. La OCDE consignó que en el 2020 fue un 14,5% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de la OCDE fue de 21,1% (más de seis puntos porcentuales), y el líder, Francia, le sacó más de 17 puntos porcentuales del PIB.
Todas las áreas en emergencia
Un repaso de diferentes áreas muestra la magnitud de esta caída. El año pasado Fodesaf, el mayor fondo de combate a la pobreza, cayó a su punto más bajo de la década (pasó de 1,39% del PIB en 2023, a 1,18% en plan para 2024), y se consolidó una reducción desde el 2014, cuando representaba 1,9% del PIB: se trata de un hundimiento de un 38%.
Entretanto, Educación, que es el pilar para las generaciones futuras, también acusa los efectos de la tijera. En febrero del 2023, la Contraloría alertó que presupuesto para educación del 2023 es el más bajo en nueve años, luego de que se redujera 1,2% con respecto al del 2022.
Adicionalmente, a finales del año pasado, UNIVERSIDAD informó que el desplome de un 40% en los fondos para becas del 2020 al 2024 generó que más de 140 mil personas perdieran el apoyo en tres años, y que esto coincidió con una reducción en la matrícula de primaria y secundaria: del 2021 al 2024, disminuyó en 5,7%.
En este año, el diputado Jonathan Acuña denunció que Avancemos ha reducido sus becas de 410 mil en 2021 a una meta de 274 mil en 2024, un desplome de un 33%. Según indicó, la jerarca del IMAS Yorleni León admitió que los recortes presupuestarios obligaron a reducir las becas, aunque insisten en que las metas del 2023 y 2024 no se han reducido.
Otro de los pilares, vivienda, también sufra severos los efectos de las tijeras de Hacienda. En vivienda, el director de la Junta Directiva del BANHVI, Guillermo Alvarado, denunció en el conversatorio “Situación actual del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SFNV) y perspectivas para la construcción en el 2024” que del 2020 al 2024 sufrieron recortes de 114.971 millones, lo que representó 11.130 viviendas no construidas. Los bonos de vivienda se desplomaron de 12.873 en el 2020, a 8.222 en el 2023 (una reducción de 36% en solo tres años), mientras los recursos pasaron de ₡120.713 millones a ₡95.207 millones en ese período (una baja de un 21%).
Por Ministerios, el Ministerio de Educación pasó de tener recursos que representaban un 6,9% del PIB en el 2014, a un 5,2% en el 2024 (una caída de casi dos puntos del PIB en una década), mientras Salud pasó de un 0,8% a un 0,7% del PIB en esa misma década, Trabajo de un 1,2% a un 0,8%, y Cultura de un 0,16% a un 0,19%.
Un menú amargo
El menú es amargo para la mesa de trabajo planteada por la fracción oficialista en la cual Vargas solo mencionó, de momento, la búsqueda de mecanismos para evitar que el programa de becas Avancemos se quede corto de recursos (tiene un faltante de ₡6.800 millones en la actualidad solo para mantener la meta que ya estaba en rojo).
Ello podría generar un primer elemento complicado: definir los elementos que se deberán discutir en la mesa. En tanto más áreas se incluyan, mayor será el nivel de malabarismo que se requerirá: Vargas enfatizó que se deben buscar fórmulas para elevar la inversión social, pero “sin desatender otros programas, igualmente importantes”.
Por su parte, los diputados de oposición como Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), ha insistido en que se deben buscar recursos, pero que el Gobierno deberá abandonar su visión recortista, lo que de entrada plantea sobre la mesa que se deba aumentar lo presupuestado en varias de las áreas sociales.
Existe un desafío adicional: superar la tendencia de que el ministerio de Hacienda no gire los recursos. Parte de estos recortes se han generado no solo por una menor cantidad de recursos asignada, sino por un menor giro.
FODESAF es un ejemplo: del 2014 al 2019, Hacienda únicamente no giró un 1,58% de las transferencias programadas; del 2020 al 2022, no giraron un 19% de esas transferencias.
De hecho, el propio ministro de Hacienda Nogui Acosta, señalado por los diputados de oposición por su férreo rechazo a girar recursos sociales -por ejemplo, su resistencia a trasladar los fondos que se aprobaron para la CCSS-, manifestó en una comisión legislativa que le preocupa el tema de la inversión social, pero aseguró que, ante la carencia de recursos, solo existían dos caminos: soportar por un tiempo los tiempos de menos recursos, a la espera de una mejora en los números de la deuda pública, o plantear una reforma tributaria, para destinar más recursos a la inversión social.