Los informes técnicos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme) mostraron ser una verdadera “piedra en el zapato” para las empresas que pretenden engañar a la administración y ganarse varios millones entregando obras con una calidad inferior a la que se les contrató.
Así lo deja claro el expediente del llamado caso “cochinilla” en el que se relata ampliamente cómo gerentes de la Constructora Meco se habrían confabulado con funcionarios de la supervisora Cacisa y la verificadora de calidad ITP para manipular datos y muestras de asfalto, de tal forma que pudiera contradecir los señalamientos del Lanamme.
Según consta en el expediente del llamado caso “cochinilla”, este conjunto de empresas sabiendo que la calidad del asfalto colocado no era la requerida en el contrato con el Consejo Nacional de Vialidad, corrieron a ofrecer dádivas a técnicos de laboratorio de las empresas mencionadas y crear un informe que salvara a Meco y a ITP de recibir sanciones contractuales.
“Invertir en el Lanamme es un ahorro para el país, porque es una forma de controlar la ejecución de estos proyectos, de fiscalizarlos y de que tanto la administración como los contratistas se preocupen por entregar una mejor calidad y cumplir con todos los procesos como se debe”, Alejandro Navas.
El informe del Lanamme que puso a correr a las empresas que el expediente judicial identifica como “grupo delictivo” es el LM-INF-IC-D-0010-2020, donde se señala que el asfalto colocado no cumple con los parámetros requeridos.
La coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica del Lanamme, Wendy Sequeira, comentó a UNIVERSIDAD que el asfalto que se había contratado a Meco en el cartel de licitación del paso por Garantías Sociales en Circunvalación era de una calidad superior, pero a la hora de hacer las mediciones, el material colocado no correspondía a esa calidad.
“Hay pruebas específicas que se le hacen a ese tipo de asfalto que cartelariamente tenían que cumplir y resulta que nosotros empezamos a hacer esas pruebas en el laboratorio y resulta que no hay cumplimiento, se le informa a la administración y realmente no hacen mucho. De hecho ni se habían dado cuenta porque no habían hecho ellos pruebas propias de parte del Conavi para ver si eso se estaba cumpliendo o no”, recordó Sequeira.
La experta explicó que el incumplimiento podía deberse a que no se utilizaron los polímeros necesarios para alcanzar la calidad requerida, o que en otras palabras significa que el asfalto colocado era más “barato” y tampoco cumplía con los índices de regularidad de la superficie de ruedo, que es la que garantiza a los usuarios el “confort” de manejar sobre una superficie sin sobresaltos.
De acuerdo con el expediente judicial Marco Salamanca FIores (Ingeniero de Meco a cargo del proyecto) y Saúl Zamora Zamora (Gerente de calidad de Meco), colocaron la mezcla asfáltica enviada por Luis Fernando Gutiérrez Vargas (Gerente Industrial de la planta de Asfalto de Meco), a sabiendas de que no cumplía con la calidad requerida.
El expediente narra que el encargado del laboratorio de calidad de ITP, Óscar Martínez Martínez, junto a Salamanca y Zamora, “entregarán dádivas y realizaron promesas de retribución en favor de los técnicos del laboratorio de calidad de Cacisa (aún no identificados), a cambio de que éstos manipularan las muestras y ensayos e insertaran información falsa y favorable para Meco en los informes de supervisión, que además coincidieran con los resultados de verificación de calidad de lTP”.
Aquí es donde los técnicos de Cacisa, que por su rol de supervisión asumen la calidad de “funcionarios públicos de hecho” habrían manipulado las muestras e insertado datos falsos en los informes, a cambio de dádivas.
Los investigados además le cobraron al Conavi un monto de $4.700 por el costo de la medición que hicieron para sus nuevos informes, por medio de una empresa llamada Gypsa, que luego sería cobrada por Meco.
El informe añade que para “desvirtuar de forma contundente el informe del Lanamme” contrataron al entonces funcionario suspendido de esa entidad, Luis Guillermo Loria Salazar, por un monto de $2.500.
“De esta manera, la organización criminal logró el objetivo de inducir a error a la Administración, obteniendo-o con ello un pago inicial en favor de Meco e ITP de $17.6 millones de dólares, sin tomar en cuenta los incrementos derivados de los reajustes de precio y modificaciones contractuales. En consecuencia, un perjuicio para la Hacienda Pública y el interés público, éste último producto la recepción de una obra defectuosa con repercusiones en la seguridad y confiabilidad de tránsito por la vía y durabilidad del proyecto”, concluye el informe policial.
El informe policial destaca el papel del gerente de Meco, Abel González Carballo, en la contratación de Loría Salazar para que ayudara a Óscar Martínez (presidente de ITP) a elaborar el informe que desacreditaría al Lanamme.
“(…) como incluso le dijo que había que pagarle por medio de la empresa TAMS “del amigo”, siendo que Abel autorizó que pasara la factura para pagarle, contemplando dentro de la maraña que Luis Guillermo Loría no figure en nada en complicidad con este bajo esos términos (…)”, dice el expediente.
Las empresas involucradas y sus gerentes se habrían abocado a buscar a personas que tuvieran algo contra el Lanamme, pues incluso mencionan que se buscaría al exministro del MOPT y ahora consultor de UNOPS, Pedro Castro.
“En el transcurso de la conversación Óscar (Martínez) le refirió a Marco (Salamanca), que Pedro Castro era un anti Lanamme y que por ahí entraban ganando. Luego comentaron de la fecha en que se había realizado dicha medición y mencionaron que había el 18 de noviembre de 2019 y que las pruebas que hizo Lanamme estaban extemporáneas por lo que le iba a meter carbón a Pedro Castro para que se sacara el clavo con Lanamme por todas las varas que le hicieron y así dejarlos en ridículo”, dice el documento judicial.
Más trabajo, menos presupuesto.
El director del Lanamme, Alejandro Navas, destacó que el contenido del expediente en el caso “cochinilla” habla bien del trabajo que hace el laboratorio como entidad independiente.
“Nosotros siempre hemos trabajado de una forma muy rigurosa, muy responsable, de forma transparente, eso también es una gran ventaja de estar en una institución como la UCR, que goza de total confiabilidad y nuestros informes siempre van con los respaldos necesarios y son totalmente objetivos, señalando las deficiencias técnicas de los proyectos”, dijo Navas.
Incluso el propio informe policial destaca la importancia de que los informes del Lanamme sean vinculantes para la administración, pues los propios investigados en este caso mencionaron esa situación como una ruta para escapar de los señalamientos del laboratorio.
Navas recordó que siempre han estado anuentes a que sus informes sean vinculantes y que en 2013 un proyecto de ley del diputado Walter Céspedes intentó concretar esto, pero hubo fuertes presiones incluso del propio MOPT para evitarlo, pues consideraba que “invadía sus competencias”.
El director del Lanamme mencionó que actualmente hay una gran cantidad de proyectos en ejecución, pero al mismo tiempo el actual gobierno aplicó un recorte que dejó a la entidad con casi la mitad de su presupuesto original y esto limita las supervisiones que se pueden hacer, además de poner en riesgo rubros como el mantenimiento de los equipos que usa en sus mediciones.
“Invertir en el Lanamme es un ahorro para el país, porque es una forma de controlar la ejecución de estos proyectos, de fiscalizarlos y de que tanto la administración como los contratistas se preocupen por entregar una mejor calidad y cumplir con todos los procesos como se debe”, concluyó.
