Mónica Baltodano ha conocido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde adentro, pues fue comandante durante la revolución a finales de los años 70.
Su desencanto con el FSLN se colmó cuando, siendo diputada en 1998, vio como Daniel Ortega selló su célebre pacto político con el expresidente liberal Arnoldo Alemán. Actualmente forma parte del Polo Democrático de Izquierda. “Hemos mantenido la articulación de un sector del sandinismo que critica al orteguismo”, dijo.
Baltodano vino a fugazmente a Costa Rica gracias a un esfuerzo conjunto de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Movimiento Mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo (Mapca) y tuvo oportunidad de conceder una entrevista a este Semanario.
¿En qué circunstancias se dio la reelección de Daniel Ortega en las últimas elecciones?
–La primera reelección de Daniel Ortega en el 2011 fue inconstitucional, la Constitución prohibía la reelección continua y por más de dos periodos, que él ya los había tenido.
Desde que controla completamente el Consejo Supremo Electoral, todas las elecciones han sido acusadas de fraudulentas. Incluso en la municipal del 2008, se acusó fraude en Managua, León, en unas 15 o 20 municipalidades importantes. La elección del 2011 también; pero la elección de noviembre del 2016, además de las acusaciones de fraude, antes de las elecciones eliminaron al partido de oposición, pues le dieron el control del partido a unos subordinados del orteguismo.
Entonces se convocó a no votar y se demostró que más del 60% de la población no concurrió a las urnas. Esas elecciones no le dieron a él ninguna legitimidad.
Otro elemento clave es que desde que asumió el gobierno en el 2007 hizo un pacto con el gran capital, que permitió que durante estos once años las principales leyes del país fueran aprobadas por consenso.
En el modelo de alianzas con el gran capital, entraban como terceros los sindicatos que eran totalmente subordinados, de manera que todas las reivindicaciones propias de la gente excluida eran aplastadas.
Así, la población fue acumulando tensiones, como una inmensa olla de presión que estalló de manera asombrosa. Toda la sociedad, tanto el gobierno como nosotros, fuimos sorprendidos por ese estallido social que se dio en abril.
El pacto Ortega-Alemán se da siendo usted diputada del FSLN. ¿Cómo asume, incluso a nivel emocional, ver lo que representa hoy en día la bandera sandinista?
–Los sandinistas que luchamos contra la dictadura de Somoza y que fuimos parte activa de la revolución de los años 80, hemos pasado un proceso de varios picos de duelo. En mi caso, el primero fue después de la primera derrota electoral, con algunas cosas que se dieron como la famosa piñata. Después, el duelo del pacto, que para mí fue un parteaguas. Ahí comenzó radicalmente Daniel Ortega a moverse hacia la derecha y hacia una obsesión por el control del poder; primero a través de cuotas que se repartió con Alemán en todos los poderes del Estado, después la búsqueda del control total.
En un segundo periodo como diputada, por el Movimiento de Rescate del Sandinismo (MRS), desde el 2007 al 2011, vi cómo todas las políticas eran neolibrerales, la entrega del país, no solo la concesión del canal, sino concesiones madereras, para explotación de palma africana, minería a cielo abierto, concesiones pesqueras… Todo eso lo denunciamos desde una política de izquierda.
Pero nuestro duelo más radical es el que estamos viviendo al ver que este gobierno y gente que fue sandinista, que se dijo revolucionaria y que incluso fue víctima de represión, ahora son lo peor de lo peor de lo represivo. No solamente han asesinado, han desaparecido gente, han torturado, han violado muchachos y muchachas. Han producido una criminalización de la protesta de tal manera que ya hay más de 250 judicializados violando las normas más elementales de los derechos humanos. De manera que no terminamos de salir de nuestra estupefacción, pero también de nuestra rabia e indignación.
Hoy en día se ve lo que ha llamado el ejército irregular de encapuchados paramilitartes. El Gobierno logró levantar los tranques a fuerza de represión y Ortega niega adelanto de las elecciones. ¿Cómo lee este momento de la lucha?
–Vivimos un momento bien difícil. Efectivamente la sublevación del 18 de abril tuvo un punto culminante en el que el Gobierno estuvo a punto de caer, todo el país estaba trancado, las ciudades con barricadas y la gente no dejaba de movilizarse. Ese fervor de la sublevación fue resuelto por el orteguismo con un derramamiento de sangre que, lejos de resolver políticamente su dilema, ha significado la derrota estratégica de Ortega. El problema es cómo operativizar esa derrota a través de su salida del Gobierno. Hay varios escenarios posibles y van a depender de la capacidad de resistencia del pueblo, pero además de la capacidad de organizar esa fuerza. La gente está clara en que los grupos paramilitares son armados, financiados, sostenidos y orientados por la familia gobernante. La única manera de acabar con la represión es que Daniel Ortega salga del Gobierno. Necesitamos la articulación de movimientos sociales, los jóvenes, estudiantes, para construir una organización que permita encontrar formas de lucha, que ninguna está descartada, salvo la lucha armada, porque la gente ha escogido el camino de la resistencia cívica, pacífica, no violenta. De hecho, hasta el día de hoy, el pueblo no ha dejado de manifestarse.
Esta insurrección cívica tiene una cobertura mucho mayor que la insurrección armada de 1979, es expresión de una incorporación popular de muchas mayores dimensiones que la derrota de Somoza.
La mayoría de la gente está decidida a que Daniel Ortega no debe terminar su periodo presidencial.
El papel del ejército es muy opaco. Formalmente está acuartelado, pero armas militares aparecen vinculadas a actos de represión.
–Nos preocupa muchísimo. No hay manera de explicar cómo puede existir un ejército irregular a la par de una prohibición constitucional a que existan más fuerzas armadas que el ejército, y que la policía que tiene funciones de orden público.
La existencia de ese ejército irregular orteguista es inconstitucional y el ejército está obligado a desmontarlo. Durante todos estos años ha practicado el desarme de toda fuerza que ha surgido en el campo como producto de las molestias políticas ante el orteguismo. El ejército incluso practicó ejecuciones extrajudiciales absolutamente repudiables, como en la Cruz de río Grande que mataron a dos niños.
En el discurso del orteguismo, este movimiento popular es un intento de golpe orquestado desde el imperialismo estadounidense y los opositores son criminales que han matado y quemado gente. Desde Venezuela y Cuba hay un apoyo total a ese discurso. ¿Cómo responde a ello?
–En Nicaragua la gente explotó por condiciones particulares: se han violentado no solo los derechos humanos a través de esas políticas neoliberales, sino de forma directa a través de ejecuciones, crímenes, de la imposibilidad de la libertad de expresión, todo eso ha sido borrado por un Gobierno de corte absolutista.
Es triste que estos Gobiernos que se dicen de izquierda no tengan capacidad de hacer un análisis del nivel de violación de los derechos humanos que ha cometido Ortega, donde ya se pueden documentar más de 400 asesinatos.
La sublevación nicaragüense tiene su raíz en la falta de democracia, en el aplastamiento de todas las libertades y en la represión y el asesinato.
El Gobierno ha diseñado, en conjunto con algunas radios amigas internacionales, un discurso y narrativa absolutamente mentirosa y esquizofrénica.
Mal hacen quienes se llaman de izquierda en ponerse del lado de Daniel Ortega, porque se ponen del lado de un represor, de un violador no solamente de los derechos humanos, sino porque sus esbirros son responsables de violaciones demostradas. Quieren atribuirle al movimiento popular violaciones a los derechos humanos de las dimensiones de ellos. No pongo las manos al fuego porque no hayan excesos en algunos tranques, pero invito a la CIDH y todos los organismos a hacer una investigación absolutamente imparcial.
No existe evidencia que puedan presentar de que, de parte de la gente sublevada, se hayan cometido los crímenes que a ellos sí se les han demostrado. La CIDH ha hablado de asesinatos extrajudiciales, de gente que desapareció en los primeros días, que luego aparecieron tirados en basureros.
