Dos años lleva peleando con autoridades locales y nacionales Katya Benavides Grütter, dos años de consultar expedientes en la Municipalidad de Puntarenas, de rebuscar criterios de la Procuraduría sobre la aplicación de la Ley de Aguas, de documentar con fotos la destrucción de un apacible espejo de agua del estero de Puntarenas —que incluso llegaba hasta los pilotes de su casa— y de recibir hostigamiento y agresiones de parte de personas no identificadas.
Lo que pelea es la integridad de una esquina de estero donde la naturaleza encontraba un rincón necio para sobrevivir ante el crecimiento de la ciudad de Puntarenas y los vaivenes de la industria pesquera.
Se trata de un terreno que, de manera que no queda clara, en algún momento quedó registrado como propiedad privada y en el que la empresa Marina Piccola Capri SRL ha rellenado más de 2.000 metros cuadrados (m²), con el fin de construir cámaras de enfriamiento y congelación de pescado, como parte de un proyecto denominado “Planta de proceso de pescado Pesquera Yuri”, al que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) concedió la viabilidad ambiental en agosto de 2021, según la información desplegada en el propio sitio.
“Yo empecé esta lucha por los derechos de Costa Rica, por los bienes demaniales de Costa Rica; ahora sí estoy luchando por los míos además”. (Katya Benavides Grütter)
El caso implica, además, a la llamada Casa Echandi, inmueble patrimonial histórico que ya fue objeto de un reportaje en UNIVERSIDAD, cuya realización se saldó incluso con una agresión al periodista José Eduardo Mora el pasado 3 de febrero.
La casa de Benavides en el sitio data de 1919, según detalló y su lucha es por defender uno de los últimos vestigios de manglar en la ciudad de Puntarenas.
Tala, agresiones y relleno
“La tala de los mangles inició el 11 de abril de 2022”, narró Benavides, de 73 años, y lo recuerda bien, pues en ese momento decidió registrar la acción con su teléfono cuando “llegaron por debajo de mi casa”, construida sobre pilotes, “llegó un tipo por detrás y me golpea la mano para que se me caiga el teléfono”.
Ese incidente fue denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). “Me han roto los vidrios, me han atacado con rifles de copitas”, informó.
Benavides, respecto al tema, se mostró muy cuidadosa y reiteró que “no tengo pruebas” para responsabilizar a nadie en específico, aunque informó que tiene testigos de al menos un ataque con rifle de copas.
Según relató, fue en diciembre pasado que “empiezan a tirar otra vez lastre”, luego de haber llevado a cabo construcciones en un terreno aledaño.
Un momento clave fue el 13 de enero, a las 4 p.m. según recordó. Tal como consta en una denuncia que la propia Benavides planteó ante la Setena, ese día la empresa eliminó el último árbol de mangle en el sitio y metió maquinaria, vagonetas con material de relleno sobre el estero.
“No había nadie a quién llamar, llamé a la Fiscalía y me dijeron ‘solo asesinatos atendemos’; llamé a la Fuerza Pública y el abogado de la Fuerza Pública dijo que eso es propiedad privada y no podemos entrar”, lamentó.
Al día siguiente el camión placas C151995, que luce el logotipo de Pesquera Yuri, fue parqueado frente a las ventanas de su casa, con lo cual, se obstaculizó su perspectiva del proyecto constructivo, pero además bloqueó la brisa de aire que refrescaba su casa. Por si no fuera suficiente, también se colocó un enorme sarán negro. “No me deja entrar ni la luz, ni el aire”, subrayó.
Benavides informó entonces que el lunes siguiente (16 de enero) presentó una denuncia verbal en la Municipalidad, la cual reiteró por escrito al día siguiente, pero “no los pararon hasta el jueves, cuando ya terminaron de rellenar todo”.
Ese rellenar todo incluye el registro logrado por la propia Benavides de un tractor el día martes 17 moviendo material agresivamente en la zona inmediatamente aledaña a la Casa Echandi.
Para contar con la posición de la empresa Marina Piccola Capri SRL se buscó a Víctor Hugo Cruz, quien figura como su representante legal en el expediente del proyecto en Setena.
Se le enviaron dos correos electrónicos a la dirección que allí aparece y a la que incluso esa institución le escribió para que se refiriese a las denuncias de Benavides por el relleno del estero y tala de mangle. También, se le intentó contactar a un número de teléfono que se consigna en el documento de evaluación ambiental, pero resultó pertenecer a otra persona que dijo no tener relación con él ni con la empresa.
En los correos enviados se le preguntó si la presencia de un espejo de agua y de manglares en la propiedad fue debidamente consignada por la empresa ante la Setena al tramitar el proyecto. También se cuestionó si podía garantizar que personal contratado por Marina Piccola Capri, o que labore para la Planta de proceso de pescado Pesquera Yuri no tuvo que ver con las agresiones tanto a Benavides como al periodista Mora.
Desorden legal
Una de las dudas principales que surgen en este caso es cómo un área que a todas luces es un espejo de agua del estero de Puntarenas termina siendo tramitada como propiedad privada para desarrollar un proyecto industrial de pescadería.
Desde el punto de vista registral, se trata de la propiedad número 8869, que en planos en posesión de Benavides —que datan de 1984— simplemente no aparece, sino que se consigna la presencia del estero.
Por otra parte, la información registral contenida en el expediente de la Setena consigna que esa propiedad quedó inscrita a nombre de Marina Piccola Capri SRL el 5 de diciembre de 2007.
También se especifica que sobre la propiedad pesa una hipoteca por $100 mil cuyo acreedor es Alessandro Pittana Ambrogi. Una certificación notarial que data de 2015 y que Benavides encontró en el expediente municipal que le identifica como dueño del 40% de la empresa.
Mauricio Gutiérrez Villafuerte, director de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Puntarenas, en presencia de UNIVERSIDAD recibió a Benavides el 20 de febrero y le explicó que “eso que usted pelea que es agua, que es estero, tiene plano y tiene escritura, que esté bien dado o que esté mal dada ya esos son otros 100 pesos”.
Ante pregunta de este Semanario confirmó que, a ojos de la Municipalidad, el terreno en cuestión es una finca, propiedad privada inscrita “no como espejo de agua, sino como plataforma continental, por así decirlo, porque es una finca, para la Municipalidad no era demanial”.
El funcionario en varias oportunidades reiteró que cualquier anomalía respecto al registro de propiedad de ese terreno deberá resolverse en sede judicial, no administrativa.
Gutiérrez, además, explicó que la empresa no requiere tramitar una concesión ante la Municipalidad para realizar trabajos en ese terreno, precisamente, porque está registrado como propiedad privada a su nombre, “pero sí permiso para poder rellenar esa parte y dependiendo de la magnitud del relleno, probablemente, también necesiten viabilidad ambiental”.
Tras lo cual destacó que el gobierno local de hecho detuvo los trabajos, “ya están paralizados”, ante lo cual Benavides cuestionó “paralizados, ¿para qué? ya hicieron el relleno”, y preguntó “¿qué va a hacer la Municipalidad?” a lo que el funcionario replicó que “la Municipalidad tendría que sumarse en la denuncia contra ellos para actuar sobre las obras sin permiso”, pero insistió en que “solamente en sede judicial”.
Gutiérrez además detalló que una segunda concesión solicitada por la empresa —la primera recae sobre zonas aledañas al terreno cuestionado— incluye 300 m² colindantes con la Casa Echandi. Esa segunda concesión aún está pendiente de ser aprobada por el Concejo Municipal.
Bien del Estado
Benavides aportó a este reportaje un criterio de la Procuraduría Ambiental ofrecido a la Municipalidad de Puntarenas desde el año 2000, en el que se destaca, entre otros, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente, que prohíbe “las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de dique que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”.
También se cita el decreto No. 23247, que establece una prohibición en términos muy similares y añade: “Aquellas áreas que hayan sido desprovistas de manglar mantendrán su condición de tal”.
Benavides también destacó disposiciones de la Ley de Aguas, que en su artículo 1 establece que son aguas de dominio público “las de las lagunas y esteros de las playas que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar”.
Además, el artículo 2 añade que el dominio público sobre esas aguas “no se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de aprovechamientos anteriores se alteren o hayan alterado las características naturales”, excepto las que se aprovechen “en virtud de contratos otorgados por el Estado, las cuales se sujetarán a las condiciones autorizadas en la respectiva concesión”.
Cabe reiterar que el terreno rellenado por Marina Piccola Capri S.A., denunciado por Benavides, está contradictoriamente registrado como propiedad privada, por lo que en este caso no media concesión alguna.
Mientras tanto, las obras de Marina Piccola Capri se mantienen paralizadas, aunque Pesquera Yuri mantiene su operación. Como se dijo, en el expediente de Setena consta el oficio mediante el que se solicitó al representante legal de la empresa responder las acusaciones de relleno de estero y tala de manglares, para lo cual cuenta con diez días hábiles que se vencen precisamente este 1 de marzo.
Mientras tanto, Katya Benavides se mantiene a la espera de ver qué suerte corre la denuncia que presentó ante la Fiscalía tan pronto se percató de los movimientos de tierra, o las que presentó también ante la Setena y la Alcaldía de Puntarenas.
Mientras tanto, ella no flaquea: “yo empecé esta lucha por los derechos de Costa Rica, por los bienes demaniales de Costa Rica; ahora sí estoy luchando por los míos además”.
