Como si se tratara de un tribunal con potestades por encima del bien y el mal, las víctimas de abuso sexual acuden a la Iglesia católica en busca de justicia pero se encuentran con un sistema que protege a los sacerdotes y es usado posteriormente para deslegitimar las denuncias que llegan a sede judicial.
Así lo relatan varias de las víctimas que interpusieron una denuncia canónica contra alguno de los sacerdotes de la Iglesia católica, una institución que enfrenta una de sus crisis de reputación más prolongadas. Actualmente tiene a tres de sus curas bajo la lupa del Ministerio Público por supuestos abusos sexuales (uno de ellos en prisión preventiva) y con su jefe, José Rafael Quirós, investigado en el Vaticano por supuesto encubrimiento de delitos sexuales.
Uno de los casos más conocido es el de Michael Rodríguez, Anthony Venegas y Carlos Roberto Muñoz. Estos tres jóvenes denunciaron al cura Mauricio Víquez por supuesta violación y abuso sexual, mientras el sacerdote era párroco en Tres Ríos y posteriormente en Patarrá.
Los tres relatan una historia idéntica: que el vicario judicial Alejandro Jiménez -figura eclesiástica que recibe las denuncias internas- les tomó nota de sus declaraciones y les leyó la transcripción, que luego les pidió dos firmas, una para el documento que iría al Vaticano y otra para los archivos de la Curia Metropolitana. Pero, para malestar de las víctimas, se negó a entregarles una copia para ellos.
“Me pareció raro, no me agradó, me dijeron que era para algo interno y eso me molestó. Todo lo que yo había conversado se quedó ahí en el limbo, no me quedó ninguna prueba. Lo tomé como una forma de encubrimiento”, dijo Carlos Roberto Muñoz, quien interpuso su denuncia a finales del año anterior.
“Ellos tienen un protocolo, le hacen a uno jurar sobre una Biblia, lo hacen jurar que nada de lo que se va a conversar ahí se va a conversar fuera, que todo va a quedar entre uno y la Iglesia, eso es como un juramento. ¿Se puede manipular eso? Por supuesto, ahí está la firma de uno. Ellos fácilmente pueden hacer un arreglo”, agregó Muñoz, uno de los denunciantes de Mauricio Víquez.
Michael Rodríguez, otra de las víctimas de Víquez, relató que se le negó la copia de su denuncia y que ni siquiera se le convocó para comunicarle la resolución del Vaticano (la expulsión de por vida).
“Siendo el denunciante, no he recibido ni una llamada, estoy esperando que alguien de la Iglesia se comunique conmigo. Hicieron una conferencia de prensa y ahí lo dieron a conocer”, dijo Rodríguez.
“Cuando estaba poniendo la denuncia, me pidieron la copia de la denuncia que interpuse ante el Poder Judicial y a la vez me negaron la copia de mi denuncia canónica”, cuenta el joven que denunció a Mauricio Víquez por la vía penal y canónica. Posterior a esta denuncia, la Iglesia notificó a Víquez de la causa penal en su contra y el cura huyó del país el 7 de enero anterior.
Sobre la negativa para dar la copia, el vicario judicial Alejandro Jiménez dijo a UNIVERSIDAD que “una persona que declara no necesariamente debe recibir la copia”.
“En otros casos, se ha valorado la posibilidad de dar copia porque no hay peligro de
falseamiento de la prueba. Si ahora se dan, y antes no, es porque responde a cada caso y circunstancia vista”, dijo Jiménez.
Filtraciones
Como parte de su réplica a las víctimas, la Iglesia católica brindó una copia a varios periodistas del acta de denuncia canónica de Fabián Arguedas, un joven que denunció hace ocho años al sacerdote Jorge Arturo Morales y dio el paso a nivel judicial el 15 de marzo anterior.
Sobre su versión, dada a conocer por este medio, la Iglesia rechaza dos de sus afirmaciones: que la denuncia se interpuso en 2013 y no en 2011, y que la víctima les dijo que los hechos sucedieron cuando ya era mayor de edad, en contraste a las declaraciones a UNIVERSIDAD y a la denuncia judicial.
“En la denuncia canónica me tomaron el relato y ya, no nos leyeron nada de vuelta. Luego entrevistaron a mis papás y a ellos no les dieron ninguna copia”, dijo Arguedas, quien manifestó incomodidad por el hecho de la distribución de las actas de su denuncia a terceros.
Este medio confirmó con periodistas de otros medios de comunicación que el departamento de prensa de la Curia Metropolitana les facilitó copias del acta de Arguedas, sin autorización del denunciante. La Iglesia toma esta medida cuando considera que el denunciante está mintiendo.
“En mi caso tuve acceso a una con el fin de verificar que el denunciante dijo ante el tribunal eclesiástico una edad distinta a la que dijo ante las autoridades judiciales (…) En los demás casos todas las respuestas de los casos que hemos sacado han sido por medio de correo electrónico sin tener acceso a las denuncias y en muchos casos ni al nombre del sacerdote involucrado”, comentó Kristin Hidalgo, periodista del sitio AmeliaRueda.com.
El periodista Juan Diego Córdoba, del diario La Nación, afirmó que en el caso del cura Morales la Iglesia pasó unos documentos, pero “la denuncia canónica como tal no”. Córdoba mostró la hoja que la Iglesia le facilitó en donde hay detalles sobre salud mental y nombres de supuestos testigos de la denuncia de Arguedas.
La Iglesia aclaró que tiene potestad para hacer públicas las denuncias de las supuestas víctimas.
“Cuando los ofendidos no están interesados en guardar la confidencialidad y dan declaraciones inexactas o erróneas a terceros o a la opinión pública, la autoridadcompetente puede hacer públicas partes del proceso o denuncias para que quede claro la verdad y siempre que no se ponga en peligro la investigación”, dijo Daniel Blanco, obispo auxiliar.
Feligreses contra las víctimas
El caso de una familia en San Isidro de Heredia revela los obstáculos que pone la Iglesia católica a quienes buscan denunciar a nivel judicial.
La familia acusó al expárroco de esa comunidad, Sidar Monge, por un abuso sexual contra un integrante suyo cuando era menor de edad.
Personas vinculadas a esta familia aseguran que primero pidieron a la Iglesia -en 2010- que se removiera al cura de la comunidad; sin embargo, un grupo de feligreses tomó represalias contra la familia de la víctima, al punto de agruparse en decenas para manifestarse a favor del sacerdote y exigir la salida inmediata de la familia.
Esta situación les llevó en 2011 a interponer una denuncia ante el Poder Judicial, lo que obligó a poner en marcha el proceso canónico. Uno de los vecinos contó que la Iglesia intentó conciliar con la familia: se quitaba a Monge de la parroquia a cambio de que no interpusieran la denuncia ante la Fiscalía; sin embargo,este señalamiento no se ha podido contrastar con la versión de la Iglesia católica.
De acuerdo con un vecino de la zona, la familia del afectado pidió a la Iglesia leer la resolución del Vaticano contra Monge durante la misa, pero las autoridades eclesiásticas negaron esta solicitud para “no alejar a los feligreses”.
“Elevé la consulta al Arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, quien después de consultar al párroco del lugar, no concedieron lo pedido pues la comunidad estaba muy dividida por esta situación y eso expondría al ofendido al escarnio de terceros”, dijo el obispo auxiliar Daniel Blanco, tras aclarar que en este proceso fungió únicamente como notificador.
Según el relato de un allegado a la familia, la Curia convocó a los afectados unos cuatro años después para darles lectura de la resolución del Vaticano, la cual tuvo como resultado la expulsión de por vida del cura. La copia de esta resolución tampoco se dio a la familia.
“Canónicamente se tiene por notificado con la mera lectura de la resolución”, comentó Blanco.
El sacerdote Monge recibió una condena de seis años de prisión por abuso sexual en contra de un menor de edad y está a la espera de que la condena adquiera firmeza para iniciar con el cumplimiento de su pena.
En la misma causa se condenó a un corista y a la Curia Metropolitana al pago de una acción civil resarcitoria de ₡60 millones.
