Quienes dirigen las industrias del país calificaron con una nota de 6.7 y un porcentaje de aprobación del 65.6% las “medidas sanitarias para controlar la pandemia” y con un 4.2 y sólo un 15.8% de aprobación las “medidas para reactivar la economía y disminuir el desempleo”.
Esta es solo una muestra de la baja aprobación que recibe la administración de Carlos Alvarado, según la “Encuesta de Perspectivas Económicas y Valoración de Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, 2021”, realizada entre la última semana de marzo y la primera semana de mayo por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CIRC).
La nota promedio general para la Administración Alvarado es de un 4.7, inferior al 5.3 que recibió el año anterior. Esa reducción de la calificación se complementa con la disminución de empresarios industriales que aprueban la gestión general del Gobierno, calificándola con notas de 7 o más, pues mientras hace un año el 30.1% dio una nota 7 o más, en esta nueva oportunidad el porcentaje de aprobación bajó a un 21.8%, indica el comunicado de este gremio, emitido esta mañana.
En resumen la valoración del tercer año de gobierno cayó en 17 de las 18 áreas de política y gestión gubernamental evaluadas en encuesta 2021.
A pesar del superávit fiscal -sin contar los intereses de la deuda- alcanzado por la administración, según el último reporte de Hacienda, por segundo año consecutivo, el área peor calificada fue el “control del gasto público” con un 3.3, lo que implica 0.5 puntos menos con respecto al 2020 cuando fue de 3.8 y de 2.5 con respecto al 2019, cuando la calificación alcanzó 5.8.
A propósito, Enrique Egloff, presidente de la CICR, atribuyó la baja calificación dada al gobierno a tres aspectos: que el déficit fiscal fuera alto en el 2019, que todavía no se haya aprobado la Ley de Empleo Público y que la primera propuesta para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuviera un “énfasis en impuestos”.
“Si bien la aprobación de la Ley 9635 había generado una mejor percepción del manejo de las finanzas públicas por parte de la Administración Alvarado, el alto déficit en el 2019, la falta de claridad o congruencia por parte del Gobierno para impulsar, previo a la pandemia, medidas adicionales para lograr controlar y reducir el crecimiento del gasto público, como la Ley de Empleo Público, así como la presentación de una primera propuesta para un Acuerdo con el FMI con énfasis en impuestos, generó dudas sobre el compromiso real de esta Administración para controlar el gasto; con ello cayó la confianza y la valoración de los industriales sobre la gestión del Gobierno en esta materia”, dijo, según el comunicado.
Otras áreas de gestión con menor calificación son “empleo” (3.6), “combate a la pobreza” (3.7), y “simplificación de trámites” (3.9), las cuales, junto a “control del gasto público”, son las que presentan los menores porcentajes de aprobación: 11.0%, 7.7%, 11.7% y 10.6% respectivamente.
Más abajo de estas, con baja calificación, se ubica el tema de “electricidad”, la cual recibió una calificación de 4.3 y un porcentaje de aprobación de 17.4%.
El área en la que más cayó el apoyo de las industrias fue “Relaciones Internacionales”, que perdió b 0.9 puntos en la calificación y 9.6 puntos en el porcentaje de aprobación (nota de 4.6 de calificación y un 24.1% de aprobación).
Lo anterior, explica la CIRC, se debe a ·una pérdida de liderazgo y de claridad en el manejo de las relaciones internaciones de nuestro país, los cuestionamientos sobre nombramientos y denuncias que se han dado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero particularmente a que el sector industrial reclama al Gobierno el impulso e insistencia en la aprobación legislativa del denominado “Acuerdo de Escazú””.
“Dicho acuerdo presenta inconstitucionalidades, genera inseguridad jurídica y da una pésima señal para la inversión y el sector productivo, que es el principal actor para la reactivación económica y la generación de empleo que tanto necesita el país. Por ello seguiremos insistiendo con el Poder Legislativo que dicho acuerdo, negociado a espaldas del sector empresarial, debe de ser archivado”, afirmó Egloff, según el comunicado.
Por otra parte y por primera vez desde que se hace la valoración de las 18 áreas de políticas y acciones del Gobierno, el primer lugar mejor evaluado no lo ocupan las políticas y acciones para el “control de la inflación” o la “política cambiaria” sino la “ejecución de obra de infraestructura pública”.
Este es el único rubro que mejoró tanto su calificación como el porcentaje de aprobación, pues pasó de un 6,4 en el 2020 a un 6.9 en el 2021, con un porcentaje de aprobación del 67% de las personas entrevistadas, lo que representa un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto al obtenido en el 2020.
“Se reconoce el esfuerzo realizado en cuanto el desarrollo de proyectos y ejecución de obras de infraestructura pública, sin embargo, los industriales reclaman a la Administración Alvarado medidas más efectivas y estructurales en la reducción del gasto público; así como la ausencia o poca efectividad de acciones tendientes a simplificar y reducir el costo de la tramitología y en general medidas claras e integrales de reactivación económica y generación de empleo. Esto último, particularmente, es un reclamo de la mayoría de las empresas manufactureras ubicadas en el Régimen Definitivo” comentó Egloff, según el documento.
Los siguientes mejores lugares los ocupan el “control de la inflación” y “las políticas y medidas aplicadas en el mercado cambiario” por el Banco Central de Costa Rica, con notas de un 6.2 y 5.9 respectivamente, pero pierden 0.5 y 0.6 puntos en relación con las calificaciones obtenidas en el 2020.
En los cuadros anexos se presenta el detalle, tanto de las calificaciones como de los porcentajes de aprobación para las 18 áreas valoradas, el promedio de ellas y el promedio de la calificación general que le dan los industriales a la Administración Alvarado Quesada en su tercer año, así como los cambios en relación con el segundo año.
En cuanto al manejo de la pandemia de Covid-19, con una nota de 6.7 y un porcentaje de aprobación del 65.6% las acciones mejor valoradas por las personas industriales son las relativas a las medidas sanitarias para controlar la propagación de la pandemia, que incluye, entre otras, la restricción vehicular, limitación de aforos o funcionamiento de actividades de muy alto riesgo de contagio, emisión de protocoles y vacunación.
En un segundo lugar, casi con la mitad de aprobación y una nota de 5.7, se ubican las medidas para mitigar los efectos económicos para las empresas, como la moratoria en el pago de impuestos, la reducción en la jornada laboral y los arreglos de pago con Caja Costarricense del Seguro Social, entre otras.
Medidas para para mitigar los efectos económicos de la pandemia en la población, como el Bono Proteger, recibieron una calificación de un 5.1 y una aprobación de 3 de cada 10 de las personas entrevistadas.
Finalmente, las medidas y las acciones para reducir el impacto de la pandemia en las finanzas públicas y aquellas dirigidas a reactivar la economía y reducir el desempleo, fueron calificadas con notas de 4.4 y 4.2 y porcentajes de aprobación de 25.5% y 15.8% respectivamente.
“Estos resultados respaldan lo que desde hace meses venimos diciendo e insistiendo, el Gobierno no tiene un ruta clara y efectiva, para la reactivación económica y para mejorar la competitividad que propicie un mayor crecimiento económico y reducción del desempleo. Por un lado, casi que naufraga en importantes propuestas como el Fondo Nacional de Avales, cuando no ha tenido aún la capacidad de presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta técnica y políticamente viable y, por otro lado, estanca la discusión y aprobación de importantes iniciativas de mejora de la competitividad, como el proyecto de jornadas excepcionales”, concluyó Egloff, según el comunicado.
La encuesta de la CIRC tiene un 95% de nivel de confianza, con un 3.2% de error promedio de muestreo por estrato. Se aplicó en 103 empresas del sector industrial manufacturero formal con tres o más colaboradores.
Según el tamaño de las empresas que respondieron la encuesta, el 38.8% son grandes (de más de 100 personas trabajadoras), el 21.4%, medianas (31 a 100 trabajadores) y el 39.8% pequeñas (3 a 30 trabajadores) y representan el 16.3% del empleo privado reportado al Seguro de Salud de la CCSS al 31 de diciembre 2020.
La encuesta fue respondida por teléfono o por correo electrónico entre el 22 marzo y el 7 de mayo 2021.
