El Ministerio de Justicia y Paz pidió a la Asamblea Legislativa aumentar en ¢8.577 millones su presupuesto para el 2022, en relación con lo otorgado para el 2021.
La jerarca de la cartera, Fiorella Salazar, compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Hacendarios para defender los montos solicitados en el expediente 22.671 Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el 2022.
Según detalló Salzar, la mayor parte de estos recursos se utilizarían para costear la planilla del ministerio, así como la alimentación y seguros de salud para la población privada de libertad y un leve aumento en la inversión en infraestructura penitenciaria.
La ministra explicó a las y los diputados de la comisión que en total se invertirían durante el 2022 ¢199.821 millones, que aseguró, cubrirían todas las necesidades. Cabe destacar que durante el 2021 la cartera recibió ¢191.243 millones y que al momento el sistema penitenciario tiene un nivel de hacinamiento del 20.4%.
Con estos recursos, dijo Salzar, se atenderán el sistema penitenciario nacional, los programas de prevención de la violencia y promoción de la paz social, el registro e inscripción de bienes y personas jurídicas, se abordará la defens y representación del estado, así como procesos de lucha contra la corrupción desde la procuraduría General de la Repúbica; y se financiarán las tareas de la agencia de protección de datos.
En la actualidad, dijo, la institución financia el funcionamiento de los Centros Cívicos (presenciales y virtuales), atiende a 15.000 personas en el sistema cerrado penitenciario y a 3.000 en el abierto y garantiza intervenciones laborales para 4.400 personas privadas de libertad, números que esperan ver crecer durante el 2022.
Como disparadores del gasto, la jerarca identificó la incorporación de 745 plazas del Centro de Atención Institucional Terrazas – que abrirá sus puertas este noviembre- y 9 plazas más para la Procuradoría, así como el impacto de abrir este nuevo centro y los costos de manutención de la población penitenciaria y los funcionarios que generará.
Salazar destacó además que se incluyen en este presupuesto los ¢5.692 millones del superávit del Registro Nacional que la asamblea autorizó se trasladaran al Ministerio de Justicia y Paz, y que se destinará a infraestructura penitenciaria.
Así, señaló, el presupuesto total de la cartera crecería en un 4.5%, pero representa apenas el 1.7% del presupuesto nacional.
La presidenta de la comisión citada, la liberacionista Ana Lucía Delgado cuestionó a la ministra sobre la la capacidad de ejecución de Justicia en relación con préstamos vinculados a la construcción de obras, al tiempo que señaló una drástica disminución en los rubros de servicios como agua, luz, etc y un aumento en el gasto en equipo.
Salazar explicó que la entidad ha adquirido experiencia en la ejecución de recursos y garantizó el cumplimiento de metas, detalló que el recorte en servicios se debe a la ubicación de personal en teletrabajo y el aumento de equipo a la compra de radios para la policía penitenciaria, equipos de rayos X para centros penitenciarios, casilleros para el personal, chalecos antibalas y sistemas de supresión de incendios, entre otros.
Por su parte Gustavo Viales consultó por problemas previos de pagos a la CCSS por servicios de salud a personas privadas de libertad, que la jerarca aclaró ya se solucionaron, pero cuyos costos, dijo, dependerán de la cantidad de personas que entren y salgan de los centros.
Viales también consultó por el contrato de brazaletes electrónicos y la posibilidad de ahorro en ese rubro. Salazar explicó que en efecto se está presupuestando al costo actual pero que la cartera espera una reducción en los precios, por lo que espera, ese rubro sea menor de lo planteado. Tras la intervención de la ministra, Viales destacó la importancia de esa compra pues permite aumentar la cantidad de personas en el sistema penitenciario abierto, lo que abarata los costos de manutención.
